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Eixample Web Pol�tica  Hist�ria  Textos
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   Tiempos dif�ciles para el patriotismo constitucional espa�ol

Jos� Ignacio Lacasta-Zabalza
catedr�tico de Filosof�a del Derecho de la Universidad de Zaragoza

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"La tierra y la raza son abstracciones imposibles de asir;
la historia se hace realidad dentro de lo que acontece a la gente,
de lo que le pasa y de lo que, en vista de ello, se puede seguir
haciendo".
Am�rico Castro
Espa�a en su historia. Cristianos, moros y jud�os, 1948.

"En nuestra sociedad de nuevos ricos, nuevos l�deres y nuevos
europeos,
el mero recordatorio de un pasado distinto del de los dem�s
miembros del Club de Los Cresos resulta desestabilizador y molesto".
Juan Goytisolo
El cincuentenario de `Jud�os, moros y cristianos�, 14 de mayo de 1998.



   Gui�n :
1) El "patriotismo constitucional" y su incompatibilidad con la
fundamentaci�n "prepol�tica" de Espa�a y su Estado:
    1a) No toda historia espa�ola es constitucional
    1b) El nacionalismo espa�ol y sus "prepoliticismos"

2) Un peligro para el "pluralismo pol�tico" del art�culo 1.1 de la
Constituci�n espa�ola: la mentalidad antiseparatista como aglutinante
antidemocr�tico y uniformizador

3) Las dificultades reales y actuales del nacionalismo espa�ol:
    3a) Breve recapitulaci�n y cautelas met�dicas
    3b) El olvido en el patriotismo espa�ol y la consistente memoria
de las nacionalidades

4) Final posible (con el permiso de Manuel Aza�a y Benito P�rez
Gald�s): la voluntad democr�tica y geom�trica -que no aritm�tica- de
las partes y su encaje con el todo. Entre Europa y Marruecos o el
verdadero lugar de Espa�a en este mundo.


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1.- El "patriotismo constitucional" y su incompatibilidad con la
fundamentaci�n "prepol�tica" de Espa�a y su Estado.


1a) No toda historia espa�ola es constitucional.

El patriotismo constitucional es una definici�n usada por J�rgen
Habermas que aqu� se utiliza en un sentido delimitador m�s bien
cultural. Si adem�s le a�adimos el adjetivo espa�ol, los objetivos
indagadores de esta intervenci�n adoptan unos contornos algo m�s
precisos. Tampoco se trata de El patriotismo espa�ol, sino de uno de
dichos patriotismos; eso s� -e ineludiblemente- el de car�cter
constitucional.

Esto no quiere decir que aqu� se incorporen todas y cada una de las
tesis de Habermas y a beneficio de inventario. Sus observaciones sobre
el patriotismo constitucional ofrecen a las personas estudiosas del
�mbito espa�ol una doble ventaja; por un lado, tienen una necesaria
proyecci�n normativa, la de los derechos fundamentales, y , por otro,
sit�an el problema en un lugar muy parecido de las sociedades alemana
y espa�ola: el de la memoria y el olvido de nuestro m�s reciente
pasado hist�rico. Por lo dem�s, estas p�ginas hacen suyas las mismas
precauciones cr�ticas adoptadas con la filosof�a jur�dica habermasiana
que ya expusiera en clara s�ntesis Juan Antonio Garc�a Amado en su
comentario a Faktizit�t und Geltung..., libro hoy tambi�n traducido al
castellano (J.A. Garc�a Amado, Dox�, n� 13 de 1993, pp. 235-258).

Nicol�s L�pez Calera ha comentado, a prop�sito de este concreto
concepto de Habermas, que estamos ante "una identidad nacional fundada
en la lealtad com�n con los procedimientos democr�ticos y con los
derechos fundamentales" (N. L�pez Calera, 1995, p�g. 74). Es el propio
Habermas quien ha dicho qu� es lo queda fuera de esa identidad; al
negar ese trabajado rango constitucional a las ideas ajenas a la libre
voluntad pol�tica de la ciudadan�a (J. Habermas, 1997/1998, p�gs. 178
y 179). Carece de legitimidad "la fuerza integradora de la naci�n" que
"se hace derivar de algo dado prepol�ticamente, de un hecho
independiente de la voluntad pol�tica". Porque (y esto se suscribe
aqu� plenamente):

"Una naci�n naturalizada de esa suerte, tiende a neutralizar y
eliminar por v�a de homogeneizaci�n las contingencias hist�ricas en la
composici�n de la comunidad, consolidando y dotando as� del aura de lo
de siempre y de lo cuasi-natural a los l�mites que a esa comunidad le
acontece contingentemente tener".
En lo que a nuestra experiencia toca, y desde esta democr�tica
proposici�n, carecen de legitimidad las fundamentaciones que invocan
una Espa�a, a lo Juli�n Mar�as, de "quinientos a�os de navegaci�n en
com�n", la idea joseantoniana -tomada en empr�stito de Ortega y
Gasset- de la "unidad de destino en lo universal", la m�s directamente
orteguiana de la "empresa en com�n" (a no ser que sus componentes
hayan dicho libremente que quieren su pertenencia a dicha empresa) y
todas las llamadas a una Historia de Espa�a no compartida en libertad.
Por supuesto, la Navarra medieval como hipot�tico antecedente
institucional del ideal inalcanzado de Euskadi, la Marca Hisp�nica y
la era carolingia supuestamente precursoras de Catalunya, las
diferentes "independencias" perdidas en la periferia con los Reyes
Cat�licos, as� como la so�ada "unidad nacional" del "tanto monta,
monta tanto", no son sino datos tambi�n -en el lenguaje habermasiano-
prepol�ticos.

Lo que se precisa para delimitar este patriotismo es otra historia,
otra historiograf�a constructiva. Que no confunda la historia
institucional con la dimensi�n constitucional. No todo lo acontecido
institucionalmente, por mucha relevancia que tenga como la tuvieron
los dieciochescos y borb�nicos Decretos de Nueva Planta, es
constitucional. El patriotismo constitucional espa�ol tiene su punto
de arranque hist�rico junto al reconocimiento jur�dico -mejor o peor-
de las libertades individuales y colectivas. Lo que sucede despu�s del
momento europeo de la Revoluci�n francesa y sus consecuencias. "A
partir de entonces y no desde antes", escribe convincentemente
Bartolom� Clavero de las Cortes de C�diz y la Constituci�n de 1812, es
de donde hay que arrancar para nuestros objetivos de deslinde y
amojonamiento del problema (1998, pp. 261-286). Es preciso indicar que
el intento de C�diz en pos de "una Constituci�n, �nica y uniforme para
todos los dominios que comprende la Monarqu�a espa�ola", as� como la
supresi�n de los "fueros particulares de Provincias y Reynos", se
salda con un fracaso. Y no se logra, ya entonces, la "unidad
nacional"; que no es sino un desorbitado proyecto -sintetiza Clavero
de la experiencia gaditana- de "refundir m�s de un centenar de
naciones".

En esta perspectiva, los Fueros vasco-navarros y los derechos
hist�ricos, desde su incumplida abolici�n por las Cortes de C�diz
hasta su espaldarazo normativo por la Constituci�n de 1978 (y sus
Disposiciones Adicionales y Transitorias correspondientes) forman
parte del Derecho constitucional espa�ol y, sincr�nicamente, del -en
la expresi�n de Bartolom� Clavero- Derecho hist�rico (vasco y
navarro). Derecho hist�rico que no se refiere a su marca de
antig�edad, pues de ser as� habr�a que resucitar el Fuero de Sobrarbe,
ni a privilegio alguno contrario a la igualdad del art�culo 14 de la
Constituci�n, sino a la Disposici�n Derogatoria 2 de la Constituci�n
de 1978 sobre el Real Decreto de 25 de octubre de 1839 y la ley de 21
de julio de 1876. Y a la constitucional convalidaci�n de la situaci�n
jur�dica y tributaria de Navarra, siempre acogida ininterrumpidamente
a la Ley Paccionada de 1841. Y ello pese al -escribe Clavero- "repudio
generalizado de la historia por el constitucionalismo imperante".
Constitucionalismo de la Naci�n Espa�a que no quiere hacerse cargo de
su "historia solapada" y producida "por la inculturaci�n de un par de
siglos"; constitucionalismo oficial mayoritario que solamente
contempla "historias" (siempre en sentido negativo) "de las
particularidades conflictivas de unos nacionalismos" que considera "ya
at�vicos" (B. Clavero, 1998, pp. 261-286).

No es que no haya continuidad entre el antes y el despu�s del
movimiento constitucional. No hace falta recurrir a Alexis de
Tocqueville; la hay y tambi�n su contraria discontinuidad. Pero, a
partir de la Revoluci�n francesa, se introdujeron en nuestro �mbito
jur�dico espa�ol -escribe Bartolom� Clavero- "unos poderes antes como
tales inexistentes, el poder constituyente y el poder legislativo",
que son "los que hacen posible la supeditaci�n vista del sujeto al
ordenamiento". De esos poderes y del proceso identificador de Estado
con Naci�n -siempre dificultoso en Espa�a- nace la "pertenencia y
dependencia de la persona individual y sus derechos respecto a la
instituci�n pol�tica y su ordenamiento" (B. Clavero, 1997, pp. 31-33).
De ese mismo proceso emerge tambi�n el reconocimiento jur�dico de los
derechos individuales.

Por esas razones y otras, no es que aqu� se desprecie la
preconstitucional Historia espa�ola del todo o de las partes, ni se
pretenda que nuestro ayer -isl�mico, jud�o y cristiano- sea una filfa
sin enormes repercusiones culturales; sino que se ha escogido,
sencilla y deliberadamente, la raz�n contempor�nea de las
justificaciones democr�ticas. Que, entre nosotros, tiene muy ilustres
precursores republicanos de la talla intelectual de Manuel Aza�a y del
galleguista Castelao.

Pese a estas elementales precauciones, en el panorama actual del
intelecto espa�ol, no ha desaparecido, ni mucho menos, la adscripci�n
a -ni el regusto por- la deliberaci�n nacional de corte prepol�tico.


1b) El nacionalismo espa�ol y sus "prepoliticismos".


Andr�s de Blas, en su oposici�n al empleo plebiscitario del derecho de
autodeterminaci�n por parte de los nacionalismos sin Estado propio,
asienta sus personales e intelectuales criterios de
preconstitucionalidad sobre el problema (A. de Blas, 1994, pp. 60-80).
Al decir que:

"Un Estado con personalidad hist�rica definida, cuya mera existencia a
lo largo de d�cadas y hasta de siglos constituye una nada desde�able
fuente de legitimidad, no puede desaparecer de la noche a la ma�ana
por la decisi�n de un refer�ndum ocasional que seguramente introduce
un punto de no retorno en la vida de millones de ciudadanos".
Por el momento, dejemos de lado a la Monarqu�a absoluta espa�ola y su
secular desenvolvimiento protagonizado por las dinast�as de los
Austrias y Borbones. Manuel Aza�a insist�a mucho en esto: la "unidad
de la Monarqu�a" no es hist�rica ni cabalmente "la unidad nacional".
Mucho m�s cerca en el tiempo, el Estado sin atributos democr�ticos y
constitucionales tampoco justifica nada. Pues si es verificable, que
lo es, que el Estado franquista ha durado varias "d�cadas", al autor
de la presente exposici�n le resulta imposible atribuir un m�nimo de
"legitimidad" a la "mera existencia" (en opini�n textual de de Blas)
del franquismo y de su militarizado soporte estatal.

Y de paso: �qu� "legitimidad" tiene el golpe militar del 18 de julio
de 1936, y la guerra civil desencadenada por esa acci�n facciosa,
contra la Constituci�n republicana de 1931, sus derechos y libertades?
Porque, a juicio de la tesis constitucional que aqu� se propugna, tal
acci�n golpista carece de cualquier raz�n que tenga como eje el
patrocinio de la libertad y los "derechos fundamentales" del conjunto
de la ciudadan�a.

Pues hemos tenido que asistir a una pol�mica sin precedentes. La
desatada en Italia por Indro Montanelli y otros en defensa del papel
de Franco. Para esos publicistas -como Montanelli- el general�simo
ten�a raz�n; puesto que nos "salv�" a los espa�oles del comunismo.
Conviene, ante algo tan tremendo, no perder de vista los problemas de
legitimidad, que son tan propios de la filosof�a jur�dica, y as� no
olvidar que lo de Franco y los suyos fue desde el principio un golpe
dirigido contra la Constituci�n republicana y los Estatutos de
Autonom�a. Derechos ciudadanos, participaci�n pol�tica, garant�as
jur�dicas y normas auton�micas, que no reaparecieron hasta la
Constituci�n de 1978 y su desarrollo.

Las diversas defensas de Pinochet, legales y propagand�sticas, han
esgrimido igualmente una y otra vez que "salv� a Chile del marxismo".
Sin embargo, resuena como un rotundo ment�s y un convincente llamado a
la responsabilidad la argumentaci�n jur�dica de la radiada Alocuci�n
final de Salvador Allende a su pueblo (Hika, n� 92 de 1998):

"Os di mi palabra de que respetar�a la Constituci�n y la ley y as� lo
he hecho. En este momento final, antes de que mi voz sea silenciada,
quiero que aprenda�s esta lecci�n".
En Espa�a hay un cierto extrav�o de tan importante cuesti�n. En un
libro de Paloma Aguilar, que es fundamental para comprendernos a
nosotros mismos, se nos asegura de gran parte de la conciencia
sociol�gica espa�ola actual sobre su propia historia que (P. Aguilar,
1996, p�g. 360):

"Para muchos, el fracaso de la II Rep�blica, que hab�a desembocado en
la Guerra Civil, se hab�a debido, en buena medida, a los errores de
los republicanos y a un dise�o institucional que, adem�s, los
potenciaba".
Es preciso fijarse bien en los t�rminos empleados. La Rep�blica
fracasada "desemboca" en la Guerra Civil. Como los r�os dan en la mar.
Hay una relaci�n causal (la met�fora naturalista no puede serlo m�s)
entre Rep�blica y guerra civil. Los errores republicanos (que nadie ha
de negar) se convierten de este modo en algo cualitativamente
diferente: en el, parafraseando a Ortega y Gasset, "Error Rep�blica".
Consiguientemente, se evapora en una proporci�n amplia de la
conciencia social espa�ola cualquier idea de responsabilidad de
cuantos prepararon el golpe militar del 18 de julio de 1936. Quienes
as� piensan, no pocos ciudadanos y ciudadanas, no conocieron la
Segunda Rep�blica, ni siquiera hab�an nacido en los a�os treinta ni,
por supuesto, estuvieron en la guerra civil.

Esta versi�n de la "desembocadura" es particularmente ileg�tima. Y
puede entenderse sin dificultad con el ejemplo que a continuaci�n se
aduce. Supongamos que Mil�ns del Bosch y Tejero triunfan el 23 de
febrero de 1981 (supuesto que, sabemos, fue posible). Y que se le hace
responsable a Adolfo Su�rez, por su desgobierno, de la "desembocadura"
del r�gimen constitucional en otro de corte faccioso. �No ser�a �sta
una interpretaci�n absolutamente ileg�tima -am�n de injusta- para una
persona que no hizo sino expresar su lealtad constitucional, incluso
con un valor que es forzoso admirar? Pero lo peor de la
culpabilizaci�n de Su�rez (nada imaginada, pues el "desgobierno" fue
el preferido argumento de la defensa jur�dica de los golpistas ante el
Consejo de Guerra) ser�a la exculpaci�n de quienes prepararon
militarmente tan ruin atentado contra la democracia.

En la actitud de la conciencia social espa�ola ante la Rep�blica y la
guerra civil hay un sobrevuelo del esp�ritu de vencedores y
derrotados. Una conciencia oficiosa, que es la que da una acumulaci�n
de variados miedos y desmemorias voluntarias de diverso signo. Pero la
filosof�a jur�dica no tiene por qu� otorgar una mayor aquiesciencia al
m�s poderoso ni carta de favor al olvido ni al miedo ; ha de buscar a
Blaise Pascal para proponer siempre que la fuerza de la raz�n es
superior a la raz�n de la fuerza y la Constituci�n al golpe de Estado.

Por lo dem�s, ya El�as D�az hab�a criticado ese uso indebido de los
cursos finales de los r�os en tanto que metodolog�a hist�rica. En
concreto, que se dijera que "la avanzada democracia republicana
desemboc� en dictadura militar y eclesi�stica tradicional". Porque a
esa tesis fluvial le segu�a otra no menos causalista y perturbadora;
que "la dictadura desemboc� en democracia" como explicaci�n de la
transici�n espa�ola de la que, como quien no quiere la cosa, se hace
desaparecer toda la historia y avatares de la resistencia
antifranquista, sus decenas de miles de fusilados -y no en la guerra-
y encarcelados hasta la amnist�a de 1977 (E. D�az, 1994, p�gs. 90 y
91).

No se debe enmascarar en Espa�a la inestabilidad gubernamental
republicana, los fallos y sectarismos de su izquierda, su mala
comprensi�n de la relaci�n entre mayor�as y minor�as, sus
militarizadas, nada liberales ni democr�ticas Leyes para la Defensa de
la Rep�blica y de Orden P�blico, ni cuantos defectos republicanos
puedan criticarse. Pero hay que concluir con Francisco Tom�s y
Valiente, como uno de los presupuestos esenciales para la
reconstrucci�n de un patriotismo constitucional del "todo y de las
partes" (F. Tom�s y Valiente, 1993, p�gs. 195 y 196), que:

"Es evidente sin embargo que la Rep�blica era el r�gimen leg�timo, que
sus graves problemas hubieran podido y debido resolverse desde la
legalidad y la legitimidad y que el recurso al golpe militar, la
rebeli�n generalizada y la guerra gener� mayores y m�s profundos males
que aquellos que se quiso `manu militari� zanjar".
Lo que vino despu�s, sobre lo que se ha cernido la inculta espesura
del cobarde manto de la desmemoria, fue un r�gimen que -concluye Tom�s
y Valiente- "administr� su victoria y gobern� Espa�a sin libertades y
sin �nimo reconciliador".

Todo esto tiene sus repercusiones. Porque las fuentes de la actual
legitimidad constitucional de las libertades hay que buscarlas en la
Constituci�n de 1931 y en los valores democr�ticos del antifranquismo.
Y, como m�s tarde se estudiar�, si bien pudiera parecer algo obvio
pero desdichadamente no lo es, la guerra civil y sus miedos, el
r�gimen de Franco y la Dictadura de Primo de Rivera (junto a Alfonso
XIII que los apoy� y sostuvo respectivamente) no pueden considerarse
momentos fundadores ni presupuestos v�lidos -de ninguna manera- para
el Estado social y democr�tico de Derecho del texto de 1978.

No hay que perder la br�jula hist�rica de la constitucionalidad, pues
nos ayuda a encontrar el norte de la legitimidad y la legalidad
democr�tica. En cuanto a los nacionalismos de la periferia, todo ser�a
m�s f�cil si parecidas condiciones jur�dicas que se exigen a las
nacionalidades se requirieran a la misma idea constitucional de
Espa�a. Nicol�s L�pez Calera, en su ex�gesis de lo sustentado por
Andr�s de Blas, opina que, entre otras situaciones extremosas, podr�a
reconocerse el ejercicio plebiscitario de la autodeterminaci�n de una
comunidad "bas�ndose en la protecci�n de los derechos y libertades
fundamentales" (N. L�pez Calera, 1995, p�g. 61). Si se ahonda un poco
m�s, y tras la senda de Habermas, no habr�a que admitir tampoco otro
aval legitimador de Espa�a y su Estado que el del acatamiento y puesta
en pr�ctica de esos "derechos y libertades fundamentales".

Todo esto no son frusler�as. Una de las consecuencias de este punto de
partida puede ser que los Estatutos de Autonom�a de la Segunda
Rep�blica espa�ola (su elaboraci�n y desarrollo) pertenecen al
dep�sito com�n del patriotismo constitucional espa�ol; en tanto que
Espa�a como Imperio de "universales destinos", su simple existencia
como Estado en el anterior r�gimen, es tan ileg�tima y tan
contrapuesta a la libertad como la propia dictadura militar del
general Franco.

Andr�s de Blas nada tiene que ver ideol�gicamente con Antonio Garc�a
Trevijano (y de cierto que a uno y otro les molestar�a el evento de
tal proximidad). Pero no es menos cierto que Garc�a Trevijano tambi�n
se ha adherido a una concepci�n "existencial" de Espa�a. "Las naciones
-escribe Garc�a Trevijano- son meros hechos de existencia colectiva
que cada generaci�n impone, sin preguntar a las siguientes, con la
familia, la religi�n y el paisaje donde nace" (A Garc�a Trevijano,
1994, pp. 23-25). De esos presupuestos existenciales, Garc�a Trevijano
deduce que:

"Espa�a, como las dem�s naciones, no ha sido el fruto de una decisi�n
voluntaria de sus pobladores, renovada cada d�a en una especie de
`plebiscito de veinticuatro horas�, como dec�a Renan".
Andr�s de Blas y Garc�a Trevijano deber�an de ser m�s cuidadosos;
porque, independientemente del aspecto poli�drico y nada un�voco de la
filosof�a pol�tica de Renan, ese "plebiscito" y esa voluntad
democr�tica como respaldo de la acci�n nacional (elementos
conceptuales constitutivos del derecho de autodeterminaci�n), tambi�n
les sacaban de quicio a los intelectuales franquistas de mayor vuelo.
As�, Rodrigo Fern�ndez Carvajal arremeti� de concentrado modo
selectivo, seg�n lo estudia Javier Villanueva, contra ese "
voluntarismo" renaniano (J. Villanueva, 1991, pp. 219-234). En nuestra
filosof�a jur�dica, Luis Legaz Lacambra sosten�a en 1972 su
adscripci�n al concepto de Espa�a de Jos� Antonio Primo de Rivera, y a
un tiempo manifestaba su desacuerdo profundo con esas propuestas
democr�ticas provenientes de Renan (L. Legaz, 1972, pp. 800-803).
Dec�a Legaz Lacambra que:

"una naci�n no es, seg�n la frase de Renan, un plebiscit de tous les
jours, pues todo plebiscito implica la posibilidad de decir no en el
momento que a uno le place".
Y eso es precisamente lo que aqu� nos ocupa. Si Espa�a no es producto
-como piensa Garc�a Trevijano- "de una decisi�n voluntaria de sus
pobladores", el "patriotismo" que de esa guisa la defienda ser�
cualquier cosa menos constitucional. Pues un patriotismo que no se
atenga a las libertades democr�ticas y, una vez m�s, al cat�logo de
los derechos fundamentales, s� que es, como J�rgen Habermas lo
denunciaba, un material verdaderamente inflamable; como lo es toda
aquella cultura nacional que pretenda dotarse hegem�nicamente del
"aura de lo de siempre" (en la exacta reflexi�n del fil�sofo alem�n);
o, en nuestro ambiente, que intente pensar Espa�a al estilo de Legaz
Lacambra, en tanto que portadora de -dec�a este iusfil�sofo- "v�nculos
de la comunidad nacional" que "se sumergen en el pasado y se prolongan
hasta el futuro" (L. Legaz, 1972, pp. 800-803).

Claro que Legaz se apoyaba en ese pasaje, expresamente y sin rubor, en
el ideario falangista joseantoniano y en el de Ramiro Ledesma Ramos.
Pero, igualmente, es imposible ensartar con razonamientos
constitucionales, en la direcci�n habermasiana expuesta, una teor�a
-como la del fil�sofo Gustavo Bueno- en pro de la explicaci�n de una
suerte de formaci�n objetiva de las naciones y de los Estados. As�, su
"Espa�a objetiva" viene de la mano del predominio impuesto por su
"cultura nacional-can�nica" (G. Bueno, 1996, p�g. 114). La Espa�a
refundida de Gustavo Bueno es el resultado objetivado, casi
cosificado, de una serie de previas "fundiciones" culturales de las
naciones de menos fuste que la poderosa y "can�nica" que domina al
final. Para Bueno, la "cultura nacional-can�nica" est� "ligada al
Estado moderno", y es el desenlace de un proceso anterior y necesario;
de una "refundici�n de las nacionalidades �tnicas (prepol�ticas)". En
la repetida "refundici�n" hay una "mezcla" de elementos, pero tambi�n
una "hegemon�a de unos componentes sobre otros". En lo que respecta a
Espa�a:

"la naci�n espa�ola, como la naci�n francesa o la naci�n inglesa
fueron el resultado hist�rico de esta refundici�n -un resultado muy
anterior, por cierto, a los proyectos del nacionalismo pol�tico de la
naci�n eusk�rica o de la naci�n catalana".
Todo lo cual es, con todos los respetos, un desatino completo. Salvo
lo que dice Bueno de la "naci�n eusk�rica" y la "naci�n catalana", a
las que se les puede agregar constitucionalmente la gallega, por
enlazar lo sucedido en la Segunda Rep�blica espa�ola. Tampoco esto
ser� del agrado de Gustavo Bueno; pero en algo coincide con uno de los
ideol�gos m�s importantes y mejor formados jur�dicamente del
nacionalismo vasco. El navarro Arturo Campi�n, de imposible
clasificaci�n por su variada militancia pol�tica, que se educ� en el
liberalismo jur�dico del sexenio revolucionario y en unas primeras
convicciones republicanas. Pues bien, Arturo Campi�n, como lo
transcrib�a el acad�mico y cronista foral -tambi�n surgido del
liberalismo- Hermilio de Ol�riz, cre�a as� mismo que fue la guerra
contra Napole�n la que introdujo la conciencia espa�ola en el �rea
vasco-navarra; que fue mientras se produjo -afirmaba en 1894- "la
guerra de la Independencia en que la comunidad de intereses, riesgos y
aspiraciones provoc� el predominio de la tendencia nacional sobre la
regional " (H. de Ol�riz, 1994, pp. 123-125). Pero Campi�n estaba a su
vez convencido de una inversi�n de las conciencias en 1894, debida a
la miope y triple acci�n de la Restauraci�n canovista contra la lengua
vasca, el concierto econ�mico y los Fueros.

Inteligente interpretaci�n la de Campi�n que hoy es desarrollada, con
otros matices y proyecciones, por el historiador Jos� Alvarez-Junco
(J. Alvarez-Junco, El Pa�s de 20 de julio de 1997). Emoci�n compartida
le llama certeramente este excelente historiador a la gestaci�n de la
conciencia espa�ola . Ya que "los lazos de las uniones pol�ticas, como
los de las amorosas, no pueden darse por supuesto". Hasta las guerras
contra el invasor franc�s es hist�ricamente -concluye Alvarez Junco-
"dudoso que existiese una naci�n, un conjunto de sentimientos
compartidos colectivamente". Esos sentimientos no son eternos y "han
de ser renovados con alguna efusi�n de cuando en cuando". Y una
advertencia que debieran tener m�s presente nuestros numerosos
debeladores intelectuales de los nacionalismos perif�ricos:

En "Espa�a no ha vuelto a haber emociones semejantes a la de 1808-1814
en los casi 200 a�os transcurridos desde entonces".
La emoci�n descrita por el vasco-navarro Arturo Campi�n en las Cortes
de Espa�a de 1894 se va a transformar, por la tradicional falta de
palabra de C�novas y la cerraz�n de la pol�tica uniformizadora de esa
Monarqu�a, en una conciencia antiestatista y luego, a los inicios del
siglo XX, antiespa�ola. La guerra civil de 1936 fue un ejemplo de
completa falta de conciencia com�n, donde la aniquilaci�n de los
"separatismos" instituy� el punto n�mero uno del programa del bando
anticonstitucional. Y, hoy d�a, sigue latente la misma carencia
emocional ante la b�squeda de posibles objetivos comunes o
compartidos.

De la conflagraci�n antinapole�nica dec�a Manuel Aza�a que "falt� un
Estado bastante inteligente siquiera, para recoger la conmoci�n
provocada por la guerra" y "tambi�n faltaron estadistas, pasada la
guerra, para recoger pol�ticamente el fruto de aquella conmoci�n
nacional". Y sobr�, lo recuerda Aza�a, el rey fel�n; pues quien
"ocupaba el trono de Espa�a m�s se atuvo a su despotismo, a su tiran�a
y a su poder personal que a los intereses de la naci�n" (M. Aza�a,
1977, pp. 36-39).

Estas reflexiones de Aza�a, pronunciadas el 27 de mayo de 1932 ante
las Cortes Constituyentes de la Rep�blica espa�ola, pertenecen a lo
m�s intelectualmente despierto de nuestra historiograf�a
constitucional. E indican, mediante un testimonio valioso, que el
inicio del proyecto de Naci�n espa�ola -de rango as� mismo
constitucional- emerge al calor de esas "emociones compartidas" que
produjo la Guerra contra los franceses de 1808.

Pero Aza�a, en ese mismo discurso constituyente y en favor del
Estatuto republicano de Catalu�a, da por sentado que ni el liberalismo
precedente ni la Corona, ni los dos de consuno, han engendrado la
unidad nacional ni un Estado que democr�tica y cabalmente la
represente; sino que han generado una "monarqu�a absorbente y
unitaria" que no ha sido sino "una argolla para esclavizar pueblos".
Aza�a nada objeta a los ejemplos preconstitucionales, que tienen tal
categor�a ilustradora y no historicista -como su sugerente an�lisis
del descentralizado poder de los Austrias- en su razonamiento
parlamentario, sino que critica a la dinast�a borb�nica de los siglos
XIX y XX, los de las Constituciones, por su particular "patriotismo".
Concebido como "la oposici�n al sentimiento local de las regiones".
Que identificaba "la fidelidad a la Corona, con la unidad absoluta y
centralista de Espa�a" y con una "oposici�n irreductible a transigir
con el sentimiento autonomista, particularista o regionalista".

De ah� que Aza�a quisiera, precisamente, desconstitucionalizar el
centralismo y constitucionalizar los Estatutos de Autonom�a. Es muy
curioso pero, hoy y dentro de las propuestas "prepol�ticas", hay
quienes, al margen de estudios hist�rico-constitucionales como el de
Aza�a, descargan toda la responsabilidad de las crisis desintegradoras
de la identidad de Espa�a sobre los hombros de los nacionalismos
perif�ricos. Y hasta relativizan la acci�n nefasta del centralizador
franquismo en la remoci�n de los esp�ritus antiespa�oles. Una vez m�s,
es Andr�s de Blas quien cree que "guerra civil, represi�n franquista y
transici�n pol�tica son los pilares en que se asienta una crisis
nacional espa�ola caracterizada por la significativa expansi�n de los
nacionalismos perif�ricos" (A. de Blas, 1989, pp. 13-21). Es decir,
que la crisis la crean o caracterizan "activamente" los "nacionalismos
perif�ricos"; y una guerra civil contra los Estatutos de Autonom�a
republicanos o un r�gimen como el de Franco que prohibe las lenguas
vern�culas se convierten, pues la met�fora es de una pasividad
incre�ble, en meros "pilares" o asientos de las expansiones
nacionalistas (que siempre son de las nacionalidades y no de la Naci�n
impuesta por las armas). Es m�s, los nacionalismos para Andr�s de Blas
no crecen por su irracional persecuci�n, no se disparan por la
contenci�n policial y militar del franquismo:

"no porque, como alguna vez se ha planteado, �sta sea la coyuntura -el
franquismo- en que se afianza el Estado y la naci�n espa�oles en clave
autoritaria".
Como Andr�s de Blas no establece una m�nima relaci�n entre el
nacionalismo espa�ol a la fuerza, con el protagonismo del Estado en
esta funci�n, y los nacionalismos de la periferia, su historia
nacional se convierte en una rara serie de parcelas aut�nomas y
desconexas. El nacionalismo vasco se crea a s� mismo (tesis no muy
distante del err�tico y famoso bucle de Jon Juaristi) y ese ideario
-finaliza Andr�s de Blas- "no alcanza significaci�n pol�tica relevante
hasta la llegada de la II Rep�blica".

Por el contrario, en 1880, ya terminada la segunda guerra carlista, el
liberal y foralista navarro Juan Iturralde y Suit avisaba de las
negativas derivaciones que "en el pa�s e�skaro" (textualmente) pod�a
tener el r�gimen uniformador, en lo jur�dico y en lo
cultural-ling��stico, que C�novas promov�a (J. Iturralde y Suit,
Revista Euskara , tomo III de 1880, pp. 314-318). Escrib�a Iturralde y
Suit en la hermosa y biling�e Revista Euskara que:

"La insensata persecuci�n de que es v�ctima este noble pa�s; la
antipat�a y el desprecio con que se mira allende el Ebro cuanto de
aqu� procede, prueba evidente de la ignorancia que existe en ciertas
regiones y comarcas respecto de nuestra manera de ser; la guerra, en
fin, que se ha hecho a nuestras instituciones, a nuestras costumbres,
a nuestra prehist�rica lengua, a todo cuanto constituye nuestra
especial fisonom�a y es signo caracter�stico de nuestra nacionalidad,
ha producido un efecto diametralmente opuesto al que muchos esp�ritus
fr�volos esperaban, y ha servido tan solo para acentuar un poderoso
renacimiento en esta altiva tierra".
La "ley del movimiento y la resistencia" era para Iturralde la que se
desplegaba peligrosa y progresivamente entre el autoritario
uniformismo espa�ol y el mundo vasco-navarro. No era sino la diagnosis
de lo que se ve�a venir. Porque, a finales del siglo XIX, se afianz�
en todo el �rea vasco-navarra una fuerte conciencia antiestatista, que
solamente en una parte es -as� se autodenominaba- "e�skara". Toda esa
conciencia se reconoce en el fuerismo (compartido por federalistas,
e�skaros, liberales y carlistas). Pero el cuerpo filos�fico y jur�dico
de ese foralismo es de inspiraci�n liberal. Quien quiera seguir
pensando que la foralidad de fines del siglo XIX era la negaci�n de la
libertad individual o cosa de carlistas e integristas sin remedio,
como lo piensa y simplifica Jon Juaristi, que lo siga haciendo pues es
m�s c�modo y no requiere tan siquiera el conocimiento del Derecho (J.
Juaristi, 1997, p�gs. 91 y 92). C�modo, pero de una irrealidad
pluscuamperfecta y de una ignorancia de nuestra historia jur�dica y
constitucional que llama la atenci�n; dado que los republicanos
espa�oles m�s inteligentes, como Manuel Aza�a, ten�an estructurada
hace mucho otra manera m�s pr�xima de analizar jur�dicamente este
asunto, tras la opini�n anticentralista ya anteriormente esbozada por
Pi i Margall y el federalismo espa�ol (M. Aza�a, 1977, p�g. 36):

"...y, siendo las regiones adheridas a la causa desp�tica de D. Carlos
absolutamente indiferentes al problema din�stico porque lo que les
importaba a los vascos no era D. Carlos, sino sus fueros, y lo mismo
se podr�a decir de Catalu�a, el liberalismo parlamentario, aliado en
Madrid con la Corona, tuvo que combatir, al mismo tiempo que al
pretendiente a la Corona, el movimiento fuerista..."
"Y esta desgraciada -finaliza Aza�a- situaci�n del liberalismo, aliado
a la Corona reinante en Madrid, le impidi� ser liberal con las
regiones espa�olas". Lo que vino a continuaci�n fue el "asimilismo" y
el "militarismo" como procedimientos nada liberales de uniformar las
zonas vasca y catalana.

No es lo mismo el fuerismo de inicios del siglo XIX combatido por
Godoy, ni los intereses estamentales que representa, que el fuerismo
parad�jicamente mimado (al decir de Alejandro Nieto) por los
centralistas moderados y combatido por los descentralizadores
progresistas en la primera andadura del Estado constitucional, que el
de los finales de ese mismo siglo y su tr�nsito hacia el XX. De este
�ltimo dice en una entrevista el profesor de Derecho Administrativo -y
experto en la historia de la foralidad- Juan Cruz Alli que: "en
realidad el carlismo nunca vi� el foralismo como una f�rmula propia ya
que era m�s bien liberal". Lo que ocurri� es que "luego se fue
acomodando -el carlismo finisecular y del siglo XX- y adoptando un
punto de vista de fondo m�s bien federal en el que Navarra ser�a parte
de la federaci�n espa�ola" (J. Fagoaga, Hika, n� 90 de 1998, p�gs. 16
y 17). Punto de vista posteriormente bastante dominante en el sector
antifranquista (pues con un poco de memoria y decencia es preciso
reconocer la presencia hist�rica de carlistas de ese signo) del
carlismo liderado por Carlos Hugo.

El detonante de la conversi�n de la primera conciencia espa�ola de las
guerras napole�nicas en su contraria, en el �rea vasco-navarra, hay
que buscarlo no el movimiento de 1894, de fort�simas dimensiones
sociales hasta entonces desconocidas y repercusi�n internacional,
llamado la gamazada; sino que la ra�z est� en Gamazo, el Ministro de
Hacienda protagonista de este grav�simo y cateto embrollo canovista
que, adem�s, no logra acabar con el fundamento de la Ley Paccionada de
Navarra de 1841 y la hace pervivir hasta hoy mismo. De todas formas,
hay un antes y un despu�s de la gamazada que, al decir de los
historiadores especializados, provoc� "manifestaciones
multitudinarias" y, desde luego, pese a los intentos de "homologar el
sistema impositivo navarro con el com�n" por medio de la Ley de
Presupuestos de Gamazo de 1894, lo que caus� fue exactamente lo
contrario: "la legitimaci�n social de la Ley de 1841" (G. Monreal,
1998, pp. 191-208). La legitimaci�n social de un sustancioso elemento
componedor de lo que gen�ricamente, y sobre todo desde entonces, se
comprende con la denominaci�n jur�dica de "los Fueros". Que con ese
nombre, a partir de esos sucesos y hasta nuestros d�as, nacieron esos
a�os las calles y monumentos navarros con ese r�tulo foral.

Bajo el jur�dicamente indeterminado nombre de Fueros se un�an
aspiraciones sociales y jur�dicas muy diversas: la defensa de los
comunales y de la propiedad municipal de la tierra, capital para los
sectores sociales m�s pobres y retomada por los sindicatos de
izquierda antes de la guerra de 1936; la conservaci�n de un Derecho
privado pirenaico que tiene como objeto hereditario la integridad de
la casa; las consecuencias para la mujer (la viudedad navarra) y su
muy reconocida capacidad para disponer de los bienes en usufructo (lo
que explica tambi�n el diferente papel de las mujeres en esas
sociedades con y sin mitos del "matriarcado"); la consideraci�n de la
herencia como un bloque econ�mico no sometido al r�gimen de
"leg�timas" del Derecho com�n o castellano (como se dec�a),
etc...Ensamblado todo ello por la necesidad de mantener el
autogobierno institucional y econ�mico (el r�gimen de conciertos) y
por la protecci�n de una lengua amenazada de extinci�n. Todo eso, y
m�s reivindicaciones, quer�an decir los Fueros al t�rmino del siglo
XIX para un testimonio tan acreditado como el del acad�mico Hermilio
de Hol�riz y su hermosa cr�nica de 1894 La cuesti�n foral (H. de
Ol�riz, 1994).

La ahora reeditada y realista novela Blancos y Negros de Arturo
Campi�n, muy del gusto de Miguel de Unamuno, que retrata a lo vivo y
sin prejuicios todo ese mundo vasco-navarro de tr�nsito entre los dos
siglos, lleva un subt�tulo que da -y mucho- qu� pensar; se subtitula
unamunescamente Guerra en la Paz (A. Campi�n, 1998). Porque, ya sin
guerras carlistas, las violencias f�sicas y morales est�n a la orden
del d�a. No siendo las menores las destinadas a la erradicaci�n
coercitiva de la lengua vasca, a cargo de los Maestros y otras
autoridades.

Como en la reciente historia de Espa�a hay muy poco punto y aparte y
demasiado punto y seguido, seg�n suger�a Tierno Galv�n de la �poca de
La Gloriosa, no ve quien no quiere ver la continuidad, y hasta la
misma filosof�a, manifestada en los Decretos contra el uso del euskera
de la Monarqu�a de Alfonso XIII (Real Decreto de 18-9-1923, prolongado
por lo publicado al respecto en la Gaceta n� 161 de 10-6-1930) y la
franquista Orden de 16-5-1940 (B.O.E. de 17-5-1940). Se camina
legalmente de la prohibici�n oficial del uso del euskera a considerar,
en 1940, la "vida privada parcialmente incoercible" a los efectos de:
"Desarraigar esos vicios del lenguaje". El hoy elevado a los altares
televisivos de nuestro sistema pol�tico, Jos� Mar�a Pem�n, fue uno de
lo primeros promotores y responsables estatales del aplastamiento
franquista de las lenguas minoritarias. Los "dialectos" (un
displicente concepto de esas lenguas que hizo furor bajo el
franquismo), habr�a que reservarlos para "la intimidad del hogar" y
para "los sabios, los cultos...los vacunados, los inmunes". Pem�n
propugnaba sin eufemismos "una pol�tica dura y represiva". Entre las
medidas pemanianas figuraban: "despegar carteles y borrar letreros".
Todo con un "estilo juvenil, expeditivo, un poco iconoclasta, de
balilla y cadete". Y aseveraba Pem�n "�qu� buen estilo para la
pol�tica del lenguaje!" (J. Tusell y G. Alvarez Chillida, 1998, p�g.
65).

Las consecuencias de ese funesto "estilo" todav�a las estamos
reparando en 1999. Pero hay algo que es de sumo inter�s para el
presente discurso en t�rminos de constitucionalidad y legitimidad.
Pem�n cre�a que se deb�a hacer toda esa pol�tica de tintes fascistas,
o primorriveristas, o las dos cosas a un tiempo, porque la Rep�blica
hab�a sido democr�tica con las lenguas y con los deseos autonomistas
de las naciones de la periferia; porque el r�gimen republicano hab�a
permitido "esas vueltas rousseaunianas a todo lo primario y
selv�tico".

Con un poco de investigaci�n y teor�a documentada que nunca sobra,
como la de Antonio Tovar en su Mitolog�a e ideolog�a sobre la lengua
vasca, podemos concluir que hay una muy estrecha relaci�n, contra lo
que afirma de Blas, entre la agresi�n del Estado contra la lengua y
cultura vasca (canovista, de Primo de Rivera y Franco) y el
surgimiento del nacionalismo de Euskadi (A. Tovar, 1980, p�gs. 200 y
201).

En la cuesti�n catalana, Manuel Aza�a pod�a decir de la necedad de la
Dictadura de Primo de Rivera que se trataba de "un r�gimen capaz de
creer que ocho se�ores, cuchicheando en torno a la mesa de una
habitaci�n oficial, pod�an, por propia inspiraci�n, sanear, en noventa
d�as, el Estado espa�ol". Dadas esas bobaliconas premisas, se
preguntaba Aza�a por boca de ese r�gimen: "�c�mo no iba a creer que un
sentimiento nacionalista como el catal�n pod�a ser sacrificado por la
violencia y el silencio?" (M. Aza�a, 1977, p�g. 21). Y el r�gimen
franquista no hizo sino prolongar esa suma de violencias y
acallamientos contra el catalanismo, que ya hab�a agudizado lo suyo la
dictadura primorriverista.

As� pues, estos nacionalismos perif�ricos nacen como decimon�nico
"proyecto pol�tico" en el fermento de la discusi�n democr�tica sobre
la formaci�n del Estado espa�ol. Es m�s, el nacionalismo vasco, m�s
all� de las mixtificaciones literarias, de las sobadas, t�picas y
ventajistas diatribas de nuestra desinformada intelectualidad contra
Sabino Arana, no puede comprenderse sin la ya expuesta y
antidemocr�tica pol�tica ling��stica de la Restauraci�n (de programado
exterminio del euskera en la docencia p�blica y en el �mbito privado)
y sin los ataques del sistema canovista al autogobierno vasco-navarro
(el mencionado Ministerio Gamazo y su frustrada propuesta de supresi�n
del concierto econ�mico en 1894). Como en la cuesti�n catalana, este
intento de extirpaci�n forzosa de las culturas nacionales minoritarias
se exacerba hasta el rid�culo con la Dictadura de Primo de Rivera, se
detiene brevemente por la inteligente soluci�n constituyente propuesta
por Manuel Aza�a en el per�odo republicano, para luego alcanzar el
paroxismo de las irracionalidades en el r�gimen de Franco y durante
varias, efectivamente, "d�cadas". Cort�ndose la sinraz�n de nuevo,
constitucionalmente, a partir del vigente y m�ximo texto legal de 1978
y los Estatutos de Autonom�a que lo desarrollan.

Este ciclo hist�rico, y que sigamos hablando de �l a finales del siglo
XX, demuestra varias cosas. La primera de todas, que la "refundici�n"
no se logr� en Espa�a. Que los Altos Hornos estatal-can�nicos de
Gustavo Bueno funcionaban a lo chapucero y no lograron que se
derritieran los metales nacionales catal�n, vasco y gallego. Es m�s,
que las pol�ticas de fuerza y violencias varias, como las de Primo de
Rivera y Franco, produjeron el efecto contrario y la reagrupaci�n y el
poderoso resurgir de los nacionalismos perif�ricos. Pero, sobre todo,
hay una moraleja que no se ha de echar en saco roto. La
racionalizaci�n pac�fica de los conflictos nacionales de las diversas
nacionalidades ha sido siempre, en Espa�a y en los t�rminos
habermasianos reiterados, de inequ�voco signo constitucional. Con
todas sus dificultades, la v�a estatutaria de la Segunda Rep�blica fue
un gran paso; y, con todas sus insatisfacciones, los Estatutos
surgidos de la Constituci�n de 1978, as� como su controvertido
art�culo 2, dan una salida democr�tica y voluntaria (de un
insuficiente pero aut�ntico concierto de voluntades) a este trance
hist�rico.

Complementariamente, el porvenir de las nacionalidades y el de las
libertades individuales ha estado siempre estrechamente unido en esa
historia democr�tica que debiera de ser com�n. Se despliega con fuerza
el asunto de la organizaci�n estatal durante el sexenio
revolucionario, momento en el que se da el primer impulso potente a
las garant�as judiciales y a los derechos individuales de la
ciudadan�a. Se "pervierten consecutivamente" (la expresi�n es de
Bartolom� Clavero) las garant�as procesales y derechos durante la
Restauraci�n (B. Clavero, 1997, pp. 99-103). En cuanto a la libertad
individual, Pi i Margall denuncia los efectos del Estado confesional
de C�novas y los suyos; con sus consecuencias negativas para la
libertad de las mujeres, pues �stas se someten en el C�digo Civil al
"v�nculo de autoridad y servidumbre" de los maridos. En un sistema
jur�dico en el que la mujer -en palabras de Pi- "carece de
personalidad". Una situaci�n nada laica que distingue en su r�gimen
familiar entre "hijos leg�timos" e "ileg�timos", tal y como lo
volver�a a hacer el franquismo en su reencuentro con este pasado nada
republicano ni liberal (J.I. Lacasta-Zabalza, 1984, pp. 246-259 y
329-332). La misma Restauraci�n suscita la "cuesti�n regional" y la
Dictadura de Primo de Rivera agrede a las libertades colectivas e
individuales. Unas y otras que vuelven a respetarse, sincr�nica y
constitucionalmente, en la Segunda Rep�blica. Luego, viene la
suspensi�n y aniquilaci�n de todos los derechos colectivos e
individuales por el r�gimen de Franco, junto al retorno -en tono
mayor- del Estado confesional o "sem�tico", como le llam� en 1968
Am�rico Castro por esa mezcla de religi�n y pol�tica solamente
parangonable con Marruecos o Israel. Y la nueva normativizaci�n de las
libertades, tambi�n en sincronizaci�n con los derechos fundamentales y
el "derecho a la autonom�a", tiene su g�nesis actual a trav�s de la
Constituci�n de 1978.

Por lo dem�s, comparar el proceso del Estado espa�ol, como lo hace
Gustavo Bueno, no ya con el del ingl�s sino con el ejemplo franc�s,
que nos es m�s pr�ximo, es un hist�rico desprop�sito. La Revoluci�n
francesa, adem�s de los m�todos tir�nicos y represivos contra las
culturas minoritarias (bretona, corsa, vasca, etc...), goz� del apoyo
popular en cantidades enormes. Apoyos humanos y emociones sin cuento
que comprendieron los de no pocas personas provenientes de esas
variadas etnias; que vieron en la ense�anza p�blica un modelo
igualitario de integraci�n social, en la separaci�n de Iglesia y
Estado una necesidad imperiosa, en La Marsellesa un c�ntico a su
libertad y en el republicano Estado de Derecho un instrumento
democr�tico a su servicio y al servicio de ese formidable "inter�s
general" que en Francia tiene su nacional e hist�rica cuna. De las
medidas de ese movimiento social da cuenta "un decreto de la
Convenci�n regulando la participaci�n patri�tica de toda la poblaci�n
en el apoyo a la guerra, incluidas mujeres y ni�os" (J. Villanueva,
1991, p�g. 245).

Esto no tiene nada que ver con Espa�a, como lo escrib�a el magistral
Am�rico Castro en 1968, ni con Rusia, a pesar de toda su revoluci�n
bolchevique (lo que era una muy sabia premonici�n de nuestro fenomenal
historiador). Y esto no ata�e solamente a las no integradas
nacionalidades, sino a las mism�simas libertades individuales.
Escrib�a Am�rico Castro en 1968 que "la revoluci�n paulatina (siglos
XVII-XVIII) inglesa, o la Terreur francesa fueron m�s innovadoras y
fecundas para los valores que yo llamo `historiables� en el hombre,
que la revoluci�n rusa" (A. Castro, 1997, p�g. 62). Lo que se
manifestaba para Am�rico Castro en 1968 era que, en el r�gimen
franquista y en el de la URSS, no se hab�an realizado esas libertades
humanas consistentes en atreverse a "pensar por su cuenta, o novelar,
o salirse del redil". Logros que s� hab�a desenvuelto la Revoluci�n
francesa y que explican esa "fundici�n", en el lenguaje de Gustavo
Bueno, de la ciudadan�a con un Estado que les garantizaba pensar y
expresarse libremente.

Ciertamente, el informe de Gregoire a la Convenci�n Nacional para
"aniquilar los patois " y "universalizar el uso de la lengua
francesa"; o el discurso de Barr�re en 1794 contra el bret�n, el
alem�n, el italiano y su convicci�n sobre que "el fanatismo habla
vasco", nos revelan a lo crudo los m�todos jacobinos para implantar
"el uso �nico e indivisible de la lengua de la libertad" que es tan
francesa como la "rep�blica, una e indivisible" (J. Villanueva, 1987,
p�g. 15). Como dir�a V�zquez Montalb�n, el "imaginario popular"
vasco-franc�s ha retenido en su memoria la atrocidad de la imposici�n
ling��stica. En las pastoralas de Xuberoa, que son unas
representaciones teatrales y musicales interpretadas por toda una
localidad, no es raro que aparezcan los jacobinos de uniforme militar,
y las jacobinas con sus entallados vestidos Directorio, enarbolando
amenazadora y ostentosamente un palo mientras increpan al p�blico.
Pero tambi�n el hablar franc�s fue una fuente de prestigio social y
las nuevas ideas igualitarias (su cr�tica a los privilegios y a la
Iglesia cat�lica) calaron hondo entre no pocos vascos, que nutrieron
las filas militares y pol�ticas de la Convenci�n republicana. Como
esos seguidores de Robespierre y Danton que P�o Baroja retrata en su
famos�sima novela El aprendiz de conspirador (P. Baroja, 1976, p�gs.
204 y ss). Gentes posiblemente no muy cultas, como el sargento
Etchepare, que se refer�an de id�ntico modo a Saint-Just que a "Cat�n
y Bruto, como si hubieran vivido todos en la misma �poca".

Los diputados vasco-franceses llevaron a la Asamblea revolucionaria,
tras la convocatoria de los Estados Generales, dos posiciones
diferentes y contradictorias. "Los Labortanos se embarcaban a toda
vela en el torrente revolucionario", dice un relator tan especialmente
autorizado como el navarro franc�s Jean D�Olavi�arre. Los navarros de
la sexta merindad, de ultrapuertos o "�a-ports", manifestaron la
cl�sica idea "de no consentir jam�s que el Fuero se apeorase sino que
se amejorase siempre". Los navarros del otro costado de los Pirineos
prefer�an la soberan�a a la libertad individual, como lo anota
riguroso D�Olavignarre. En cambio los de Labourd, que llevaron su
preciosa intervenci�n escrita en euskera, "quemaban sus t�tulos
hist�ricos sobre el altar de la igualdad". Los representantes de
Navarra se hab�an percatado de los peligros cuando "vieron brotar del
seno de aquella Asamblea, la monstruosa concepci�n del Estado moderno
absorbente, infalible, centralizador, omnipotente, con sus ej�rcitos
permanentes, sus contribuciones y reglamentos". D�Olavi�arre es muy
ecu�nime sobre qui�n ten�a la raz�n, si los vascos jacobinos o los
defensores del Fuero navarro. Los dos o ninguno de los dos, pues
escrib�a de los diputados jacobinos de Labourd: "De todas maneras no
puede negarse que en sus aspiraciones hab�a muchas ideas generosas y
que han triunfado". Desde luego, es sencillamente genial y "generosa"
su defensa en vasco de la libertad de imprenta, para que "cada
ciudadano tenga la libertad de derramar, por la v�a de la impresi�n,
todas las ideas que crea �tiles, bien a la cosa p�blica, bien al solaz
y entretenimiento de su naci�n" (Revista Euskara, 1878, tomo I, pp.
273-280).

A fines del siglo XIX, el fuerismo vasco-navarro en Espa�a ofrec�a,
como sistema jur�dico doctrinal, esa visi�n liberal del fuero como una
combinaci�n de libertad individual y soberan�a. Esa es la idea de
Arturo Campi�n, Sagaseta de Il�rdoz, Hermilio de Ol�riz o Iturralde y
Suit. Y no es raro que la Revista Euskara, donde escrib�an todos estos
intelectuales, prestase especial atenci�n a lo que hab�a sucedido en
Francia. Junto con la prevenci�n m�s completa contra el "Estado
centralizador, absorbente" que hab�a puesto en marcha C�novas del
Castillo.

Manuel Aza�a pensaba que Espa�a se hab�a quedado con lo peor de la
Revoluci�n francesa, que era el "militarismo centralizador,
absorbente, jacobino" de "la organizaci�n interna del Estado". Y el
Estado espa�ol no hab�a aprendido nada de lo mejor del jacobinismo;
que "destruy�, como bien sab�is, un r�gimen secular, desp�tico,
cat�lico, consagrado por una tradici�n de siglos". Y "lo destruy� en
las personas que lo representaban y en el sistema legislativo", al
tiempo que "vari� la familia, la forma de propiedad". Para Aza�a, el
Estado espa�ol del siglo XIX adopt� el modelo centralista franc�s,
pero sin libertad ni democracia y sin haber conseguido la unidad de
las regiones (1977, pp. 27-29).

Luego es bastante poco veros�mil, a no ser que aceptemos la tesis
prepol�tica y "existencial", lo que sostiene el profesor Ram�rez: "en
este lugar, llamado Espa�a, que, junto con Italia, fueron pioneros en
realizar eso ahora al parecer tan mal visto y que llamamos la unidad
nacional" (El Pa�s, 15 de enero de 1998).

No hay tal y Espa�a no es Italia ni Francia. Y se da entre nosotros, y
no �nicamente en Gustavo Bueno, una Filosof�a de la Historia de
car�cter "prepol�tico" como sustrato de una buena porci�n del
nacionalismo espa�ol. Muy acusada en autores de la relevancia de
Juli�n Mar�as y La�n Entralgo, debido al peso de las tesis sobre
Espa�a de Ortega y Gasset entre no pocos intelectuales (tesis que
tambi�n recoge, expl�cita e impl�citamente, el citado libro de Gustavo
Bueno). Es m�s, Gustavo Bueno adopta una actitud deliberadamente
preconstitucional, pues critica la "Constituci�n espa�ola de 1978"
porque en esta norma su defecto "se manifiesta, ante todo, en su
armonismo, en tanto tiende a olvidar la incompatibilidad irreductible
entre una cultura espa�ola com�n y las pretensiones de las ideolog�as
que postulan que la cultura de su nacionalidad debe ponerse en pie de
igualdad a la cultura castellana (no espa�ola)" (G. Bueno, 1996, p�g.
114). Un pensador tan valioso en tantos otros aspectos como Gustavo
Bueno, desde su patriotismo espa�ol nada constitucional que le ciega,
no quiere darse cuenta de la experiencia hist�rica realmente
acontecida; de los prop�sitos inalcanzados por el r�gimen de Franco
para tratar de imponer una cultura espa�ola (no castellana) com�n que
fuera incompatible con las culturas de las nacionalidades. Y sus
desastrosos efectos, que pagamos todos, nacionalidades e individuos,
hasta hoy mismo.

Pero la espa�olidad sin democracia de Gustavo Bueno no es un ejercicio
de solipsismo. Pedro La�n Entralgo ve la "universalidad" de la
Historia de Espa�a en las orteguianas "empresas" imperiales originadas
por la "inmensa, casi infinita sed de horizontes nuevos y de
realidades plenarias" que dieron lugar a la "conquista y colonizaci�n
del Nuevo Mundo" (P. La�n Entralgo, 1990, pp. 298-301). Ideal de
Espa�a antes teorizado por Ortega y Gasset (J. Ortega y Gasset, 1984,
p�g. 51); ya que:

"la incorporaci�n nacional, la convivencia de pueblos y grupos
sociales exige alguna alta empresa de colaboraci�n y un proyecto
sugestivo de vida en com�n. La historia de Espa�a confirma esta
opini�n, que hab�amos formado contemplando la historia de Roma. Los
espa�oles nos juntamos hace cinco siglos para emprender una
Weltpolitik y para ensayar otras muchas faenas de gran velamen".
La fuerza de estas propuestas orteguianas es tal que la Corona
espa�ola, el mism�simo rey Juan Carlos I, es quien las ha incorporado
a su visi�n de Espa�a. Y lo hace nada menos que en su p�blico balance
La herencia de la Transici�n de 1995 (Juan Carlos I, 1995, pp. 6-10).
Espa�a es para Juan Carlos I "un proyecto de vida en com�n" y "un
precipitado de la Historia". Espa�a surge para el rey "de la
Historia", de esa Historia "que es arriesgado desconocer o violentar".
Y hay algo mucho m�s inquietante, pues en el discurso de la Corona:

"Nuestra unidad no nace de un artificio legal".
Es digno de estudio este discurso regio. Tiene ingredientes
democr�ticos, pues acoge la libertad, la soberan�a popular y los
"derechos fundamentales"; pero posee demasiada prestancia el costado
orteguiano y "existencial" de la Historia en detrimento de lo
constitucional. Dado que la "unidad" de la naci�n y las
nacionalidades, o es querida -y as� ha de reflejarse en la
Constituci�n- o no tiene nada que ver con el patriotismo
constitucional espa�ol del que aqu� se trata. En todo caso, este
patriotismo y esa unidad del todo y las partes tienen un origen legal
(del m�ximo rango) al que es bastante impropio degradar con el
calificativo de "artificio".

La Corona no recurre en este art�culo, ni en otros -y no pocos-
representativos discursos, al constitucional concepto de las
"nacionalidades"; palabra que no es usada ni una sola vez en La
herencia de la Transici�n que aqu� se cita. Como Ortega y Gasset y
Juli�n Mar�as, la Corona prefiere el t�rmino de "regiones". El rey
habla de la "solidaridad interregional", de la "unidad en la
diversidad" (idea central de este art�culo), as� como de la teor�a
general armonizadora de la "unidad y diversidad de Espa�a".

Es bien sabido que Juli�n Mar�as reprob�, durante el proceso
constituyente y a trav�s de varios sonados art�culos, la introducci�n
del t�rmino "nacionalidades" (X. Bastida, 1998, p�g. 25). Posici�n que
ha mantenido y no en la exclusividad ideol�gica. Pues para un
nacionalista espa�ol de cu�o "prepol�tico" (al decir del m�todo de
Habermas), admitir lo de "naci�n gallega" o vasca parece que le supone
un aut�ntico sacrificio. Como al profesor de Derecho Pol�tico, y
estudioso de la Segunda Rep�blica, Manuel Ram�rez, quien confiesa que
"cuando tengo que explicar la Constituci�n a mis alumnos": "no
entiendo lo de naci�n de naciones, plurinacionalidad ni dem�s
inventos". Ram�rez solamente entiende una Espa�a de "la patria com�n"
(El Pa�s, 15 de enero de 1998).

Los problemas de esa idea �nica de naci�n no son pocos, m�xime, si
sabemos -y no metemos la cabeza debajo del ala electoral mayoritaria-
que los 384.776 votos, obtenidos por el Bloque Nacionalista Galego en
1997, no comparten de ning�n modo esa versi�n de la "�nica" naci�n
porque s�.

Gran parte de la sociedad espa�ola, a tenor de las encuestas y de los
votos emitidos, piensa como el profesor Ram�rez. Pero es un
pensamiento de escaso sentido democr�tico el que pretenda una sola
naci�n para los cientos de miles de votantes del BNG o de Jordi Pujol;
quienes cavilan regularmente, aun con todas sus diferencias y
variedades, por medio de comunes resortes culturales de emociones
siempre plurinacionales.

Dentro de este prepoliticismo espa�ol y excluyente, ha surgido en
varias ocasiones el Estado como ente legitimador (y hasta forjador en
el libro de Gustavo Bueno) de la naci�n. Pero es un Estado al que
tambi�n habr� que someter a la prueba de la democracia y de las
emociones voluntarias de su diversa ciudadan�a.

Por de pronto, a este Estado contempor�neo habr� que despojarle de
cuanto tenga idealmente de magia y de qu�mica. Pues est� demasiado
presente entre nosotros la justificaci�n de la esencia nacional de
Espa�a a trav�s de su Estado objetivamente perceptible; o, si se
quiere, la indebida -si no va acompa�ada de las libertades-
identificaci�n entre "naci�n �nica" y Estado realmente existente. Lo
que tiene su muy elevada fuente intelectual y m�gica en Jos� Ortega y
Gasset (J. Ortega y Gasset, 1955, p�g. 167). Pues, en efecto y para
este fil�sofo:

"El Estado ha sido siempre el gran truchim�n".
El truchim�n, el int�rprete, es una palabra �rabe que designa un
oficio muy estimado de los jud�os espa�oles. Que hablaban y traduc�an
con soltura el �rabe y muy diversas lenguas romances. Pero la imagen
no es afortunada, porque el Estado espa�ol contempor�neo no ha pose�do
lo que se dice ese "don de lenguas" de nuestros jud�os. Y puede
privilegiar el idioma de los deberes antes que el de los derechos.
Como el art�culo 3.1 de la Constituci�n espa�ola: "El castellano es la
lengua espa�ola oficial del Estado. Todos los espa�oles tienen el
deber de conocerla y el derecho de usarla".

En su uso m�s com�n y familiar, tal y como lo expone el Diccionario de
la Lengua de la Real Academia Espa�ola, el truchim�n es: "Persona
sagaz y astuta, poco escrupulosa en su proceder".

Con alguna probabilidad, dado que los �rabes y jud�os est�n
pr�cticamente ausentes de la explicaci�n "romano-can�nica" de Espa�a
por Ortega (salvo alguna enriquecida y er�tica excepci�n de su �ltima
�poca), es en esta segunda acepci�n del Diccionario en la que ha de
entenderse al afamado "truchim�n".

Y, coherentemente, un patriotismo constitucional no puede incorporar a
su patrimonio una teor�a que admita la formaci�n del Estado mediante
astucias, magia y falta de escr�pulos. Tampoco es constitucional la
orteguiana filosof�aqu�mica que concibe la naci�n espa�ola como un
precipitado del Estado, la Historia o de ambos. El precipitado, en
esta versi�n qu�mica recogida en el Diccionario de la Lengua, es:
"Materia que por resultado de reacciones qu�micas se separa del
l�quido en que estaba disuelta". Ya que, para Ortega:

"toda unidad ling��stica que abarca un territorio de alguna extensi�n
es casi seguramente precipitado de alguna unificaci�n pol�tica
precedente".
Pero no es lo mismo la unidad idiom�tica y pol�tica francesa, logradas
ambas por el terror aunque tambi�n con grandes dosis de pasiones
democr�ticas ciudadanas, que las uniformaciones realizadas solamente a
la fuerza y sin libertad ni consentimiento voluntario de sus
destinatarios.

Se queja Thomas Mermall del reproche consistente en afirmar "que Jos�
Antonio se inspir� en ideas orteguianas". Justamente sostiene que es
lo mismo que responsabilizar a "Marx del Gulag" o a "Nietzsche de la
propaganda racista de su hermana" (T. Mermall en J. Ortega y Gasset,
1998, p�g.17) En efecto, Hegel y Nietzsche no son los fautores
intelectuales del nazismo como quer�a la cr�tica estaliniana; y como
de Nietzsche lo pretend�a hasta alg�n autor de alto coturno marxista
-pero en servidumbre a quien mandaba- como Georg Luk�cs. Aunque, las
fundamentaciones antidemocr�ticas, sin voluntades individuales
libremente expresadas, sin pasiones colectivas, del Estado y la Naci�n
de Ortega, as� como los presupuestos "raciales" y los "caracteres de
los pueblos" que los sustentan, son elementos que no necesitan ser
manipulados por los ultraderechistas. Porque son concepciones que les
vienen que ni pintiparadas para esa clase de inclinaciones pol�ticas.
Ortega dec�a en 1951 que "los espa�oles tenemos la ventaja de ser el
primer pueblo que mand� en Occidente" y que, perplejidad de las
perplejidades para quien lo lee, encima se nos nota. Pues "quien es
perspicaz descubre siempre en un hombre individual que ante �l se
presenta si pertenece a alg�n pueblo que alguna vez mand�". "Este es
el caso del espa�ol", sentencia Ortega (J. Ortega y Gasset, 1998, p�g.
364).

Opiniones as� llenaron gozosas p�ginas imperiales del franquismo y
hasta la cursiler�a est�tica de pel�culas como Jerom�n. Y estas ideas
prepol�ticas para respaldar el "Estado objetivo" y hasta el Estado
natural de Espa�a, estaban muy presentes en la filosof�a jur�dica
franquista. As�, Legaz Lacambra prescind�a llanamente de la democracia
al considerar este ideario estatal. "El Estado -pensaba Legaz- es una
realidad existencial connatural al hombre". Algo perfectamente extra�o
a la libertad de los seres humanos, hombres y mujeres, pues no "puede
-prosigue Legaz- identificarse la libertad con las libertades
fragmentarias, a menudo puramente formales y muchas veces
incompatibles con un orden de vida, propias del liberalismo, como ha
visto muy bien Ortega y Gasset". Y la cita de Legaz no es fortuita,
pues se remite al estudio Historia como sistema de Jos� Ortega y
Gasset (L. Legaz, 1972, pp. 804-808).

La cegadora luz de Hegel hab�a encontrado su pantalla espa�ola en
1928, por su "abstracci�n" y "raz�n" de la Historia, merced a la pluma
de Jos� Ortega y Gasset (J.I. Lacasta-Zabalza, 1984, pp. 53-59). Un
Hegel de variados efectos jur�dico-pol�ticos, y motor de actitudes
contrapuestas, tuvo su notoria presencia entre nosotros en los a�os
veinte y treinta, v�a seres tan dispares como Felipe Gonz�lez Vic�n y
Xavier Zubiri. Eso, pese a que Luis Recas�ns Siches percibiera el tono
de contra corriente que tiene un estudio de Hegel en 1929, cuando en
toda Europa "el monismo hist�rico hab�a ca�do en descr�dito". Pero
Hegel interesaba aqu� porque, en significativas reflexiones de Zubiri
en 1931: "En cierto sentido, Europa es Estado, y tal vez s�lo en Hegel
se ha producido una ontolog�a del Estado" (J.I. Lacasta-Zabalza, 1984,
p�g. 59). Ese aspecto tambi�n le atrae a Ortega, pero m�s que nada son
visibles las ra�ces hegelianas en su concepto de Naci�n. Ideas de
Ortega que reaparecen en el proceso constituyente de 1978 para
respaldar los deseos de "soberan�a �nica de la naci�n espa�ola e
interdicci�n del federalismo", tal y como ha sabido entresacarlo con
brillantez -y buena b�squeda de las fuentes- Xacobe Bastida (X.
Bastida, 1998, p�g. 127).

No obstante, la "culpa" tampoco es de Hegel, ni de Ortega, sino de la
presente falta de imaginaci�n del mayoritario patriotismo espa�ol; de
su extempor�neo, autosatisfecho y desmesurado orteguismo nacional.
Pero est�bamos con el Estado espa�ol, y ahora es de nuevo Andr�s de
Blas quien lo teoriza, sum�ndose al general esparcimiento de incienso
sobre la figura de Antonio C�novas del Castillo. C�novas, que es
alabado sin tasa por Andr�s de Blas; lo que se debe a que el pol�tico
restaurador contempla "la historia de Espa�a mediante el intento de
buscar unas bases s�lidas para la comunidad nacional" (A. de Blas, El
Pa�s de 24 de Agosto de 1997). Y Andr�s de Blas emite el siguiente
juicio sobre C�novas del Castillo:

"Su cr�tica a los planteamientos de E. Renan a este respecto, su
desinter�s por concepciones nacionales de signo �tnico y su matizada
identificaci�n con una idea de naci�n pol�tica entendida como
precipitado de la acci�n de la historia y del Estado constituyeron un
interesante e informado intento, lo ha recordado C. Dard�, de
reafirmar la idea moderna de naci�n espa�ola surgida en el siglo
XVIII".
El arsenal de "prepoliticismos" es impresionante. La consabida cr�tica
a Renan, de quien lo que molestaba y molesta no es su "etnicismo" ni
su conservadurismo, sino su cotidiano "voluntarismo plebiscitario"
como criterio configurador de las naciones. Como colof�n, ya ha salido
el "precipitado" en el raciocinio de Andr�s de Blas; Ortega, como
fuerza an�mica motriz que explica el Estado espa�ol o la "naci�n
pol�tica", al margen de la democracia ciudadana y de cualquier mirada
constitucional.

Consideraciones cr�ticas e hist�ricas que aqu� son totalmente
procedentes, pues es a fines del siglo XVIII cuando nacen en Francia
los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el precioso lema de
Libertad, igualdad, fraternidad. Por eso -observa ahora L�pez Calera-
la "historia demuestra que durante miles de a�os no hubo naciones y
que las naciones funcionalmente desde el punto de vista pol�tico no
tienen m�s de dos siglos" (N. L�pez Calera, 1995, p�g. 49). Lecci�n
generalmente aceptada, tanto m�s si se sabe que el Diccionario de la
Lengua espa�ola no identifica hasta 1884 la naci�n con el Estado, pues
anteriormente una naci�n era en castellano una "colecci�n de los
habitantes en alguna provincia, pa�s o reino" (J.I. Lacasta-Zabalza y
J.M. Mart�nez de Pis�n, 1998, pp. 73-97).

Por estas causas, el antes criticado paralelismo de Ortega y C�novas
no es algo tra�do con artificiosidad, ya que ambos creen en "la naci�n
por encima de la historia y de los hombres" (X. Bastida, 1998, p�g.
128). Una historia sin seres humanos es la de este Estado que fabrica
supuestamente "la naci�n pol�tica". Proceso que para Andr�s de Blas es
la "prolongaci�n del estatal en hecho nacional" (A. de Blas, 1989, pp.
19-23). Un expreso -y as� lo cita de Blas- "truchim�n", aunque luego
matice de Blas a Ortega que "no toda realidad nacional obedece a su
impulso". No toda para de Blas, pero casi toda; pues sustenta este
profesor una "idea de naci�n pol�tica -y de Espa�a- cuyo surgimiento
es en buena medida consecuencia de una organizaci�n pol�tica anterior
a la realidad nacional". "Espa�a -mantiene de Blas- constituye un
claro y acabado ejemplo de naci�n de signo pol�tico o territorial, con
independencia de la existencia dentro de ella de otras posibles
realidades nacionales de signo cultural".

Bien a la contra, un patriotismo constitucional espa�ol, aunque
discuta o ponga leg�timamente en cuesti�n (lo que aqu� no significa
que le asista la raz�n) la soberan�a de las nacionalidades, no puede
recluir a �stas en un �mbito apol�tico; sencillamente porque ni la
Constituci�n de 1978 ni la de 1931 lo hacen. Y las Comunidades
Aut�nomas tienen tratamiento jur�dico, derechos y competencias (que
vaya si las tienen). La discusi�n sobre la "ausencia de sujeto" (que
los "derechos colectivos" no existen, etc...) parece, desde la
experiencia y constitucionalizaci�n espa�ola, un perfecto sinsentido
(G. Ja�regui, 1997, p�gs. 89 y 90). Los "derechos colectivos", como la
negociaci�n laboral de ese car�cter, pertenecen a los sujetos
individuales que los ejercen. De otro modo, y por ejemplo, habr�a que
suprimir la Disposici�n Transitoria Cuarta de la Constituci�n de 1978,
pues se refiere al ente no individual llamado "Navarra" y al
procedimiento jur�dico y plebiscitario "a efectos de su incorporaci�n
al Consejo General Vasco o al r�gimen auton�mico vasco que le
sustituya".

"Habitan un universo empobrecido -observa Bartolom� Clavero- quienes
se empe�an en enfrentar derecho individual a derecho colectivo,
individuo a naci�n, entendiendo que de tal forma, cancelando naciones
y solapando la propia, es como se asegura lo primero"; que es lo
principal sin duda: "el individuo y sus derechos" (B. Clavero, 1988,
261-286). Pero, al menos en el plano jur�dico (lo que aqu� se acepta
expresamente):

"Sin aparato constitucional de sujeto colectivo no hay libertad
individual".
Con todo, la historia la hacen los hombres y mujeres, que tejen o
destejen las naciones y los Estados. Como lo escrib�a, con esa prosa
que justamente ha elogiado Rafael S�nchez Ferlosio, Francisco Tom�s y
Valiente:

"La historia es libertad, no destino, y los sujetos colectivos que la
hacen no son definidos desde la eternidad o desde unas inmutables
bases naturales, sino flexibles y relativas construcciones pol�ticas,
ling��sticas y culturales".
Aseveraci�n de Tom�s y Valiente que huye, como de la peste, de
cualquier prepoliticismo (F. Tom�s y Valiente, 1993, p�g. 194). De
esta actitud aqu� se toma buena nota para distinguir que una cosa es
la Historia de Espa�a en libertad y otra sin libertad.

Que Espa�a exist�a antes de las Constituciones no tiene ninguna duda.
Pero ese complejo y puro hecho no fundamenta ni legitima al actual
Estado (ni a la Naci�n) y s� lo hacen sus procederes democr�ticos y la
observancia de los derechos fundamentales. Es m�s, se hace dif�cil
entender la desmesurada aversi�n en el seno de los nacionalismos
perif�ricos al mero nombre de Espa�a, siquiera sea en su dimensi�n
cultural. Porque, valga la iron�a, hay una Historia de los heterodoxos
espa�oles y no de la heterodoxia en el Estado espa�ol. Pero es m�s
irracional todav�a la iracundia que suscita entre los nacionalistas
espa�oles el recurso constante de las culturas de la periferia a la
idea de "Estado espa�ol". Porque, entre no pocas de esas personas de
la periferia -y desde luego entre los dirigentes pol�ticos de las
nacionalidades- se mueve una idea cabalmente jur�dica y democr�tica.
Que no es otra que la de Hans Kelsen, cuando dec�a que en un mismo
Estado hay quienes pueden "amarlo, inclusive idolatrarlo, y estar
dispuestos a morir por �l"; pero que tambi�n vivan en �l gentes que
posiblemente "lo odien, inclusive lo traicionen o permanezcan en su
respecto completamente indiferentes". Pero nadie es ajeno,
independientemente de su talante ante el Estado, a que "un mismo orden
jur�dico vale para esos hombres", pues es algo incontrovertible que
"su conducta se halla regulada por un mismo orden jur�dico" (H.
Kelsen, 1979, p�gs 292 y 293).

Adem�s, esa concepci�n jur�dica del Estado espa�ol hace entrar en
convergencia esa posici�n del nacionalismo de las nacionalidades con
el patriotismo constitucional espa�ol m�s elaborado (F. Rubio
Llorente, El Pa�s, 10 de septiembre de 1998). As�, es Rubio Llorente
quien sostiene que:

A) "Desde el punto de vista sociol�gico, o hist�rico, o pol�tico,
puede decirse que Espa�a no ha logrado nunca su unidad nacional, o que
la perdi� si alguna vez la tuvo".

B) "Desde el punto de vista jur�dico, guste o no, todo nuestro sistema
constitucional est� construido sobre la hip�tesis de esa unidad; m�s
precisamente, sobre la transformaci�n de esa hip�tesis en realidad
jur�dica".
En esa "unidad jur�dica" rematada por el Estado coinciden, "guste o
no" como dice Rubio Llorente, los idearios de la naci�n espa�ola y de
las nacionalidades. Pese a esto, hay intelectuales, que son
inteligentes y escriben bien como Antonio Mu�oz Molina, que, al llegar
a lo del Estado espa�ol en boca de los dirigentes de la pol�tica de
las nacionalidades, pierden los estribos y elaboran tesis propias de
un nacionalismo espa�ol absolutamente prepol�tico (El Pa�s, 9 de
noviembre de 1997). Desde ese sitio tan inc�modo, Mu�oz Molina dice
que:

"Exist�a, a�n parece que existe, una cosa llamada Estado espa�ol,
t�rmino que los nacionalistas copiaron de Franco".
Y, seg�n la l�gica absurda de Mu�oz Molina, habr�a que cambiar la
Constituci�n de 1978 para que el rey fuera el Jefe de Espa�a y no el
Jefe del Estado espa�ol (art. 56.1). Y los que padecimos el r�gimen
franquista, est�bamos equivocados y no escuch�bamos gritar a su
general�simo �Arriba Espa�a!, sino �Arriba el Estado espa�ol!

Bromas aparte, no hay que ver en el uso del concepto estatal lo que no
se ve; y es preciso buscarle, si es que queremos integrar y no
desintegrar, su lado kelseniano y positivo. Sin que eso suponga dejar
de criticar que �nicamente se hable de Espa�a en un sentido negativo;
sin saber distinguir -con la elegancia de Manuel Aza�a- entre espa�ol
y espa�olista.

Ya que hay una cultura espa�ola, escrib�a de su modernidad
problem�tica Am�rico Castro, entendida como "porci�n de Europa" al par
que "en continuo trueque de influjos" (A. Castro, 1983, pp. 19-23).
Aunque "lo indiscutible del pasado espa�ol muchas veces no lo es".

En realidad no hay nada indiscutible de nuestro pasado. De modo que,
sin renunciar a lo historiable, es mejor apoyarse en nuestro presente
constitucional. A la ret�rica de los Descubrimientos (de tan larga
duraci�n) -y de la Historia grandilocuente- hay que oponerle que ya en
el siglo XVII hab�a quienes, como el fabuloso Baltasar Graci�n, cre�an
que nuestras empresas en el Nuevo Mundo eran una ruina econ�mica. No
es casualidad que en El Critic�n diga la Fortuna a los franceses que
"los espa�oles son vuestros indios" que "os traen a vuestras casas la
plata ya acendrada" para, al final, quedarse los ib�ricos "con el
vell�n cuando m�s trasquilados" (B. Graci�n, 1967, p�gs. 40, 41 y
696). Tampoco se le escapaban a Graci�n, en su libro El Pol�tico Don
Fernando el Cat�lico, los enormes obst�culos para la unidad de Espa�a,
pues "en la monarqu�a de Espa�a, donde las provincias son muchas, las
naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas,
los climas encontrados, as� como es menester gran capacidad para
conservar, as� mucha para unir". Nada que ver, pensaba Graci�n, con
Francia, cuya geograf�a facilita la construcci�n de un reino
"homog�neo dentro de una provincia"; y cuya cultura se nutre de "la
uniformidad de leyes, semejanza de costumbres, una lengua y un clima".
Factores que al reino de Francia "al paso que lo unen entre s�, lo
separan de los extra�os".

Unos doscientos a�os m�s tarde, en 1877 y en la segunda edici�n de su
cl�sico libro Las nacionalidades, ya en la Restauraci�n y a la vista
del cariz que tomaban los acontecimientos, Francesc Pi i Margall
advert�a que la "unidad pol�tica" a la fuerza hab�a llevado a Espa�a
"a la imposibilidad de constituir nada como no haya sido el
despotismo"; uniformizaci�n siempre pensada "contra las tendencias y
las tradiciones de nuestro pueblo" (F. Pi i Margall, 1877, p�g. 284).

La "unidad religiosa" a la fuerza, promovida desde el Estado,
pretendi� durante largos per�odos ser el suced�neo de la uni�n de los
espa�oles (desde Fernando VII a Franco, pasando por C�novas del
Castillo). En 1814, una de nuestras mejores cabezas, Jos� Mar�a Blanco
White, profetizaba con pesimismo y lucidez lo que iba a ser nuestro
tr�gico e irracional destino. Una de las llaves para abrir las puertas
del cerrado edificio constitucional espa�ol era, para Blanco White, la
libertad religiosa. Quiz� por convertirse al protestantismo, Blanco
pose�a esta reflexi�n tan penetrante acerca del necesario pluralismo
que es digna de todo encomio. La imposici�n de la religi�n cat�lica a
los liberales es peligros�sima. No puede uno evitar acordarse de
nuestra guerra civil y del r�gimen franquista cuando Blanco vaticinaba
que "cada genuflexi�n forzada es un voto al cielo por la destrucci�n
de los que la exigen con las armas en la mano". "Lo que quisiera
hacerles entender -rogaba Blanco a los espa�oles- es que la opresi�n
en estas materias es el medio m�s cierto de propagar la incredulidad
que los atemoriza, y con ella el encono m�s cruel contra todos los
fautores de la opresi�n y la religi�n, que es su pretexto". La palabra
odio es la que Blanco repite para explicar el sentimiento creciente
entre liberales y serviles. Y Blanco ten�a un remedio constitucional
muy consistente: "libertad de profesar la religi�n que a cada cual
dicte su propia conciencia". Era necesario un gobierno de la naci�n
espa�ola "fundado en la libertad religiosa y civil". Este es el
remedio aut�ntico "para poner a la naci�n al nivel que le pertenece
entre las dem�s de Europa".

Blanco White no se hac�a ilusiones. En lugar de aprovechar el tremendo
movimiento patri�tico de oposici�n a los ej�rcitos napole�nicos, el
balance en 1814 es "la grande desuni�n civil y pol�tica en que ha
quedado -Espa�a- de resultas de la invasi�n francesa" (J. M. Blanco
White, 1971, pp. 259-269).

La "unidad de Espa�a", que no hay que confundir con la existencia de
la Corona y la permanencia institucional en varios continentes,
siempre ha sido fr�gil y dif�cil. No hay esa Weltpolitik por la que
"nos juntamos hace cinco siglos" como vimos que quer�a Ortega. No es
nada exagerado decir que esa pol�tica desintegr� m�s que integr� a los
espa�oles. As� lo deduc�an, desde el siglo XVII, sus hijos m�s agudos
como el aragon�s Baltasar Graci�n. Y si la pol�tica no es exactamente
comparable con el arte, algo de verdad hay en que, al decir de Am�rico
Castro, los "fen�menos m�ximos de la civilizaci�n espa�ola no son
calculables racionalmente sino estimables afectivamente, y as� casi
nada aparece indiscutido y bien afirmado" (1983, pp. 19-23).







2.- Un peligro para el "pluralismo pol�tico" del art�culo 1.1 de la
Constituci�n espa�ola: la mentalidad antiseparatista como aglutinante
antidemocr�tico y uniformizador.

La unidad consentida y querida, como en el amor, es una gran cosa.
Pero el divorcio, contra lo que se nos explicaba jur�dicamente en el
r�gimen franquista, no es una instituci�n luciferina. Cuando la
convivencia se hace insoportable, puede ser hasta necesario. En
cualquier caso, casi nadie negar�a hoy a mujeres y hombres ese derecho
elemental a irse de lo que puede perfectamente ser un infierno.

El s�mil viene al caso, porque gran parte del nacionalismo espa�ol
(intelectual, social y -perd�n por la palabreja- "medi�tico") se
asienta sobre una especie de negaci�n del derecho al divorcio de las
nacionalidades. Aunque los nacionalistas de las nacionalidades no lo
hayan pedido en la pr�ctica, sino que simplemente han indicado la
conveniencia moderna de introducir tal instituci�n. Es como si dijeran
los antiseparatistas que "el matrimonio es m�o y de nadie m�s". Lo
cual es un perfecto absurdo, un riesgo para la coexistencia pac�fica y
ciudadana; y va en contra hasta de las capitulaciones matrimoniales
del actual Estado auton�mico.

Nos detendremos en este aspecto. Pero vaya la tesis por delante: un
patriotismo constitucional espa�ol, del todo y de las partes, no puede
aglutinarse sobre algo tan primario y de, en expresi�n de Miguel de
Cervantes, tan "poca sal en la mollera" como el antiseparatismo.
Porque este nacionalismo espa�ol, en casi todas sus variedades
actuales, parece que no sabe decir m�s que No. No al nacionalismo
vasco en todas sus modalidades, no a Pujol, no al Bloque galleguista,
no a todos juntos, a Esquerra Republicana y a Eusko Alkartasuna, no a
los derechos hist�ricos, no al derecho de autodeterminaci�n. Y as�
sucesivamente, sin ni siquiera formular lo que las gentes
bienintencionadas y de orden espetaban a los manifestantes
universitarios contra Franco: �pero qu� quieren!

De momento, digamos que convencer�a m�s un S�, como en -ya vuelve la
met�fora- los enlaces nupciales o cualquier uni�n afectiva. Un
proyecto que convenciera y que no se limitase a negar sin aducir
razones bien expuestas y atractivas.

Esta mentalidad antiseparatista se expande por diferentes lugares
sociales de Espa�a y termina en un peligroso magma ideol�gico que, sin
embargo, no incluye -y por esa desintegraci�n cultural es peligroso- a
las partes interesadas de la periferia.

Lo primero, no es raro que parta de presupuestos absolutamente falsos
o popperiana y f�cilmente falsables. Escribe Antonio Mu�oz Molina (El
Pa�s, 9 de noviembre de 1997):

"Si nadie se reconoce como espa�ol, salvo unos cuantos ancianos que
a�n escriben cartas al director en ABC , �qui�nes son entonces esos
espa�oles tan opresores, tan culpables de todo?
Por lo visto, la Corona no se reconoce como espa�ola y sus invernales
discursos de la Pascua militar hablan a�o tras a�o de los derechos de
las nacionalidades; tampoco Garc�a Trevijano es un nacionalista
espa�ol (ni su citado libro tiene varias ediciones); Lo que queda de
Espa�a no es una exitosa obra de Federico Jim�nez Losantos cuyo t�tulo
se corresponde con su contenido; Aleix Vidal Quadras defiende en
realidad al nacionalismo catal�n, en tanto que Gustavo Bueno no plasm�
su patriotismo antiseparatista en su difundida obra El mito de la
cultura y Andr�s de Blas no es el del "precipitado" ni el del
"truchim�n". Juli�n Mar�as no existe y publicistas como Manuel Ram�rez
no llenan tenazmente los peri�dicos de su preconstitucional
nacionalismo espa�ol. Alfonso Uss�a simpatiza en realidad con los
obispos vascos y, en particular, con Seti�n. Las tertulias
radiof�nicas de gran audiencia se han convertido en entusiastas de
Xavier Arzallus y, en fin, no leemos lo que leemos ni llega a nuestro
pabell�n auditivo lo que se dice un d�a s� y otro tambi�n.

M�s all� de la iron�a que suscita la distancia de Mu�oz Molina de lo
que realmente pasa, lo que ocurre es que el nacionalismo espa�ol es
culturalmente d�bil, democr�ticamente inconsistente; porque resulta a
ojos vista insuficientemente constructivo y no se presenta m�s que
como algo que impide, que destruye, que niega.

As� que -y no es el ABC quien lo dice- una encuesta del Centro de
Investigaciones Sociol�gicas nos revela que "Dos de cada tres
espa�oles rechazan la autodeterminaci�n del Pa�s Vasco" (El Mundo del
Pa�s Vasco, 6 de agosto de 1998). La noticia confunde la
autodeterminaci�n con la independencia, ya que nos comenta "que el 54%
de los catalanes se muestra contrario a la independencia". Nada nuevo
bajo el sol, porque la encuesta del mismo CIS de marzo de 1997 sobre
lo mismo (que se ve que les preocupa) arrojaba id�ntico saldo de
aturdimientos, pues, fuera de Cataluya y el Pa�s Vasco, el 49,8% de la
gente entrevistada "entiende por derecho de autodeterminaci�n la
independencia" (El Mundo, 30 de marzo de 1997).

Esto es, el gran p�blico antiseparatista no tiene ni idea de lo que es
el derecho de autodeterminaci�n. Ni siquiera escucha con atenci�n los
telediarios que nos informan que Puerto Rico quiere autodeterminarse
con tres opciones: a) ser Estado libre asociado b) ser independiente
(alternativa, como en Catalunya, minoritaria) y c) incorporarse con
plenitud a los EE.UU de Am�rica. Todo eso si el Congreso
norteamericano da el visto bueno al plebiscito portorrique�o.

Nos asegura el Centro de Investigaciones Sociol�gicas de su �ltima
encuesta que (El Mundo, 6 de agosto de 1998):

"para una ampl�sima proporci�n de la opini�n p�blica espa�ola los
conceptos de autodeterminaci�n e independencia son intercambiables".
Puestos a intercambiar, tambi�n podr�an hacerlo por el federalismo o
la confederaci�n, por el Estado libre asociado o por cualquier otro
concepto, dada la ignorancia existente sobre la materia. Ignorancia
fomentada y querida, porque hasta TVE nos ense�a alguna vez que otra
la ubicaci�n de Puerto Rico, Quebec, Chekia o Eslovakia. Esa
conciencia espa�ola mayoritaria no sabe qu� es la autodeterminaci�n,
pero en trat�ndose de Catalunya y Euskadi, el CIS deduce que a la
misma opini�n p�blica ese derecho le "provoca reacciones fuertemente
contrarias" e "irritaci�n". Y lo que m�s molesta de eso que se
desconoce, para que se vea lo poco democr�tica que es esta mentalidad,
resulta ser:

"el hecho s�lo de que se hable de la posibilidad de la
autodeterminaci�n del Pa�s Vasco y Catalunya".
O sea que lo que quiere esa "opini�n p�blica mayoritaria" no puede ser
menos democr�tico ni m�s revelador: "que no se hable" de esas cosas. Y
que no lo hagan, sobre todo, las gentes vascas y catalanas; aunque a
las gallegas parece que tambi�n les ha llegado el turno del chit�n.

�As� que no existe el nacionalismo espa�ol? �y c�mo llamar a "una
opini�n p�blica mayoritaria" que no desea ni que se hable de los
derechos nacionales vascos y catalanes? �cosmopolita? No procede
enga�arse, pues esa mentalidad dominante (no en el �rea vasco-navarra,
Catalunya ni Galicia, y de ah� la fractura cultural) es un
nacionalismo espa�ol muy basto y nada constitucional.

Eso rezan las encuestas, realizadas sobre ese punto autodeterminante
por el CIS desde 1984. A pesar de todo, Arcadi Espada, en un raro
ejercicio de fantas�a creadora, piensa que solamente hay "nacionalismo
espa�ol" en el ABC y sus portadas, cuando "un grupo de soldados
desfila" o juega "la selecci�n nacional de cualquier cosa" (El Pa�s,
24 de julio de 1997). Lo mismo dice F�lix de Az�a, que localiza el
exclusivo nacionalismo espa�ol en el periodismo de Jaime de Campmany
(F. de Az�a, El Pa�s, 24 de julio de 1998).

Sin embargo, el CIS y no pocos intelectuales cuya obra hemos
comentado, demuestran la expansi�n de un nacionalismo espa�ol de corte
excluyente, nada pluralista, sin alternativas inteligentes, de enteca
proyecci�n cultural y amplias dimensiones sociales. Es como si todav�a
hubiera muchos maridos que, como en �pocas pasadas, recriminasen a sus
mujeres con el brutal "t�, te callas".

No son los medios de comunicaci�n los que crean, sino los que
refuerzan esta conciencia antiseparatista. Pierre Bourdieu ha
realizado un estupendo estudio, con el recuerdo del Diccionario de
lugares comunes o literalmente de ideas recibidas de Gustave Flaubert,
del fen�meno de los t�picos audiovisuales al por mayor (P. Bourdieu,
1997, p�g. 39):

"Las `ideas preconcebidas� de que habla Flaubert son ideas que todo el
mundo ha recibido, porque flotan en el ambiente, banales,
convencionales, corrientes, por eso el problema de la recepci�n no se
plantea: no pueden recibirse porque ya han sido recibidas".
El antiseparatismo es un t�pico ya recibido de diverso origen. Parece
que el espa�ol siempre ha llevado muy mal que "otro no quiera ser como
yo". Y se ha cre�do que eso es "igualdad", cuando estamos ante el am�n
y la uniformidad. La Inquisici�n, como denunciara con una sagacidad
sobrecogedora nuestro cristiano erasmista Francisco de Enzinas, ten�a
como destinatarios predilectos de su persecuci�n a los intelectuales,
a los lectores impenitentes y "a los que empiezan a destacar en cargos
e influencias" (F. de Enzinas, 1992, pp. 262-266). Ese af�n
nivelatorio no quiere decir que el Santo Oficio quisiera la libertad
de los seres humanos, sino m�s bien lo contrario. Pero la sociedad
participaba en esas t�cticas inquisitoriales, por medio de la delaci�n
y los malsines de oficio o de beneficio. Am�rico Castro, Juan
Goytisolo y Jim�nez-Lozano nos explicar�an que eso que vulgarmente se
llama "envidia" no es tal, sino un feo h�bito hist�rico-cultural de
nulo respeto espa�ol al progreso del pr�jimo, a las libertades de
conciencia y a la intimidad de los dem�s. Pues con el antiseparatismo
pasa algo parecido. No se pretende que los catalanes sean iguales que
nosotros, sino que no sean diferentes. Si se leen atentamente las
encuestas del CIS, parece que la opini�n p�blica de las mayor�as tiene
la siguiente proposici�n: "nacionalistas de las nacionalidades, �no lo
se�is ni nos hable�s de vuestras cosas!".

El antiseparatismo espa�ol no ofrece a los nacionalismos perif�ricos
el com�n c�ntico de una suerte de Marsellesa. Sino que les se�ala con
el dedo como gentes que inconvenientemente destacan, que son de otra
manera y hablan otras lenguas. Les acusa de insolidarios o de
"ego�stas", de no querer repartir lo suyo con los dem�s. No en vano la
filosof�a jur�dica de Legaz, con remisi�n expresa al fundador de la
Falange y en este pasaje a Gonzalo Fern�ndez de la Mora, defend�a que:
"El nacionalismo, dijo Jos� Antonio Primo de Rivera, es el
individualismo de los pueblos". Por supuesto, Legaz no se refiere al
nacionalismo espa�ol sino al otro; que "es un error an�logo al que con
respecto al individuo aislado significa el individualismo" (L. Legaz
Lacambra, 1972, p�g. 803).

Una fuente principal de producci�n de este tipo de ideas puede
extraerse de las Obras de Jos� Antonio Primo de Rivera. Que, en este
aspecto (en otros no) hay que reconocer que adquiri� su �xito bajo el
r�gimen de Franco. La estrategia de Jos� Antonio es la de sembrar la
sospecha sobre las intenciones de catalanes y vascos. En 1934 dec�a
que no hab�a inconvenientes en dar un Estatuto de Autonom�a a Le�n
(aunque all� no lo hubieran pedido) (Jos� Antonio Primo de Rivera,
1959, p�g. 287). Otra cosa es a Catalunya, con su "crecimiento de un
separatismo que nadie refrena". "�Que quedar� -se dol�a Jos� Antonio-
de lo que fu� la bella arquitectura de Espa�a?". Vigilia joseantoniana
contra las "regiones minadas de separatismo" en la que le acompa�� la
dictadura franquista tantos y tantos a�os.

As� que "lo que queda de Espa�a" ya se hab�a formulado en un 23 de
julio de 1934 por el fundador de la Falange. Lo lamentable es que
todav�a dure, pues el antiseparatismo de hoy no se alimenta tampoco
m�s que de sospechas. Que no es sino una irracional forma de
manifestar el miedo a lo otro, a los otros.

Todas las encuestas nos dicen una y otra vez que, en las
nacionalidades hist�ricas, solamente es una minor�a la partidaria de
la independencia. Minor�a que crece, sin embargo, hasta alcanzar
dimensiones importantes, cuando se refiere a los deseos
autodeterminantes. Ya que, en esas nacionalidades, se sabe normalmente
que es una completa falacia la conversi�n obligada de la
autodeterminaci�n en independencia. Siempre seg�n la misma fuente del
CIS, en 1997 y en Catalunya y Pa�s Vasco, un 47,9% estaba "en contra"
de una entidad entidad estatal independiente para su nacionalidad, en
tanto que un 41,8% se pronunciaba "a favor" del derecho de
autodeterminaci�n y un 34,2% en contra del ejercicio de tal derecho.

Un autor tan experto e inductivo como Javier Villanueva detecta en el
�rea vasca hasta cuatro conciencias diferentes sobre el problema.
Desde quienes viven la autodeterminaci�n como una grav�sima
"deficiencia democr�tica" impuesta por la fuerza, hasta "la gente a la
que no le dice nada" ese derecho, pasando por quienes lo ven justo
pero no urgente y por las personas que tienen esa bandera por
"innecesaria, inoportuna y perjudicial" (Hika, 1997, p�gs. 26 y 27).

Y todo esto no se conoce porque no se quiere conocer; porque los
matices, de los que el agudo art�culo de Villanueva es un feliz
muestrario, tan necesarios para los razonamientos, son inconvenientes
para las creencias. Y el antiseparatismo, como tantas actitudes de los
espa�oles es una creencia del mismo calibre que el extendido, popular
y grosero vicio de "no escuchar".

Es curioso, y desgraciado, c�mo se han potenciado nuestros vicios y
creencias a trav�s de los modernos medios de comunicaci�n. V�ctor
P�rez-D�az descubre los mismos malos modos de los pol�ticos
profesionales en la gente de la calle. Una sociedad en la que "las
gentes no se escuchan, obsesas como est�n con sus puntos de vista".
Aunque esa obsesi�n proviene m�s bien -como apuntaba Am�rico Castro-
del car�cter de creencia incontrovertible que se atribuye a las
propias ideas. En una tertulia radiof�nica de alto copete, o en
cualquier bar, los que intervienen "se quitan la palabra unos a otros"
y "con objeto de vencer la resistencia a escuchar, se fuerza a�n m�s
la voz y se busca impresionar por procedimientos como el �nfasis
emocional" (lo que, una vez m�s, no acompa�a -no puede- a las razones
bien constru�das sino a lo que se cree). En la pol�tica todo tiene un
mismo objetivo que en las conversaciones p�blicas: la "identificaci�n
de gentes como amigos o enemigos" (V. P�rez-D�az, 1996, pp. 65-73).

Desdichadamente, desde las nutridas huestes del antiseparatismo
espa�ol, los enemigos pol�ticos son los nacionalismos perif�ricos.

Sigue, en proporciones importantes, la concepci�n territorial de
Espa�a como una suerte de "finca" de todos (y de la cabeza de Jos�
Antonio Primo de Rivera). De esa percepci�n franquista dice con
completa punter�a cultural Federico Jim�nez Losantos: "Era aqu�l el
fruto podrido de un nacionalismo espa�ol antidemocr�tico que pon�a los
derechos del territorio (Espa�a) por encima de los derechos humanos de
sus habitantes (el derecho de los catalano hablantes a usar su lengua
sin restricci�n alguna)" (F. Jim�nez Losantos, 1995, p�g. 437).
Solamente habr�a que hacerle una peque�a precisi�n a Jim�nez Losantos.
Que ese fruto era y es podrido.

Y, de paso, hay que observar que el nacionalismo espa�ol de Jim�nez
Losantos es un fen�meno peculiar, porque suele ser bastante fino en su
argumentaci�n constitucional sobre las garant�as individuales (y la
divisi�n de poderes), pero espeso como el viejo chocolate de j�cara
cuando -antiseparatista y prepol�ticamente- analiza los nacionalismos
de la periferia. Cuando este publicista propone irresponsablemente
que: "Lo propiamente balc�nico del conflicto nacional espa�ol es que
cada comunidad alberga otra en su interior, aun de forma marginada o
perif�rica, otra comunidad de distinta lengua y de distinta obediencia
pol�tica nacional, al menos hasta el momento" (1995, p�g. 514).

En el Estado espa�ol, con toda su variedad de naciones y comunidades,
no hay nada, afortunadamente, que permita ser calificado como lo
"propiamente balc�nico del conflicto nacional espa�ol". A no ser que
se equipare indebidamente, como lo efect�a Jim�nez Losantos, un
conflicto pac�fico -e inflado- como el del biling�ismo en Catalunya
con la guerra civil asesina entre la comunidad serbia y la bosnia. De
ser cierta la reflexi�n de Jim�nez Losantos, estar�amos nada menos que
ante "el fantasma de la contienda civil que ser�a vano rechazar como
mera aprensi�n pol�tica o simple lucubraci�n te�rica". Y todo por un
"doble c�ncer: el pol�tico de la corrupci�n y el nacionalista, que en
vano intent� conjurar el r�gimen auton�mico" (F. Jim�nez Losantos,
1995, p�g. 523).

Es p�blico y notorio que ni siquiera el terrorismo trae consigo hoy
d�a "el fantasma de la guerra civil" a la estabilidad democr�tica
espa�ola. Pero esta reflexi�n apocal�ptica de Jim�nez Losantos, con
los nacionalismos como irreal "c�ncer", demuestra la pervivencia de
ese antiseparatismo espa�ol qu�micamente corrosivo hasta entre
personas inteligentes.

Parece mentira que se haya avanzado tanto en la sociedad espa�ola
sobre la comprensi�n positiva de la validez jur�dica de las
variopintas "uniones de hecho y afectivas", y tan poco en el
entendimiento de los derechos de las nacionalidades; con lo much�simo
que esos derechos tienen tambi�n de uni�n afectiva.

Nicol�s M. L�pez Calera, que propone un patriotismo constitucional
espa�ol a lo Habermas, no est� muy afortunado cuando se�ala que los
"peligros" vienen de los nacionalismos sin Estado (N. L�pez Calera,
1995, p�gs. 40, 41, 46, 47 y 83) El nacionalismo antiseparatista
espa�ol tambi�n es un inquisitorial peligro cultural (y de los m�s
irracionales). L�pez Calera escribe que los "errores m�s graves del
nacionalismo pueden provenir de intentar universalizar el principio de
autodeterminaci�n pol�tica". Como el nacionalismo antiseparatista
espa�ol no predica ese principio y mucho menos lo universaliza para
las nacionalidades, se desprende que, en Espa�a y para L�pez Calera,
los riesgos nacionalistas est�n tan s�lo en el campo de las
nacionalidades. Tampoco se comparte aqu� su diagn�stico:

"El Reino Unido y Espa�a, que tienen quiz�s una historia diversa y
turbulenta en identidades nacionales, muestran un positivo respeto a
la pluralidad de naciones que integran esos Estados. Ir m�s all� es
posible e incluso razonable, si tal empe�o se hace por v�as pac�ficas
y democr�ticas. Ir m�s all� por la fuerza o la violencia es un grave
sinsentido que tiene consecuencias gravemente negativas tanto para la
naci�n que quiere independizarse como para el resto de las naciones o
nacionalidades que integran esos Estados".
Desde luego, el pacifismo de L�pez Calera se agradece. Porque la pena
de muerte ha de estar fuera, como quiere la hermos�sima tradici�n
jur�dica portuguesa, hasta "del teatro de operaciones de la guerra"
(J.I. Lacasta-Zabalza, 1988). Ahora bien, en Espa�a no se da ese
respeto -que el propio L�pez Calera manifiesta- por la pluralidad de
sus naciones. Incluso los hay, ya lo vimos, que solamente admiten una
naci�n �nica que se llama Espa�a. Y adem�s lo hacen agresivamente o de
ese modo despectivo que preconstitucionalmente llama regiones a las
naciones. Pero, m�s que nada, L�pez Calera sit�a exclusivamente la
responsabilidad entre quien "quiere independizarse". Lo cual no es
as�, porque tambi�n es responsable de echar le�a al fuego quien
equipara el nacionalismo perif�rico democr�tico con el violento,
quienes agitan el espantajo de la guerra yugoeslava, quien asocia
rastreramente -y no son pocos los intelectuales que lo hacen- la mera
idea de la autodeterminaci�n pac�fica al criminal tiro en la nuca, los
que intercambian -como si fuera lo mismo- la autodeterminaci�n por la
independencia y, desde luego, quien se niega a que los nacionalistas
expongan o hablen libremente de sus ideas autodeterminantes (idea
antiseparatista que se dirige contra la "libertad de expresi�n" del
art�culo 20.1 a) y 20.4 de la Constituci�n de 1978) (J.I.
Lacasta-Zabalza, 1997, pp. 43-77).

Y a�n m�s, los dos obst�culos principales para una racionalizaci�n
pac�fica del asunto de las nacionalidades en Espa�a son: a) El sadismo
y la pena de muerte que impuso ETA y b) La autista negaci�n del
car�cter plurinacional -y sus pol�ticas consecuencias- del Estado
espa�ol.

No hay que minimizar ninguno de estos factores ni ser tan optimista
con el "respeto" al elemento "plurinacional" del Estado espa�ol como
el libro de L�pez Calera. Si bien en esta intervenci�n no se va a
hablar del terrorismo ni de la espantosa pol�tica antiterrorista
espa�ola, constru�da a medias y "medi�ticamente" con materiales
morales del talionismo m�s primitivo y sondeos de las expectativas
electorales (J.I. Lacasta-Zabalza, 1997, pp. 43-77). Porque un estudio
del terrorismo y del antiterrorismo requiere un car�cter monogr�fico.
Adem�s, esta exclusi�n en estas p�ginas de ese tenebroso asunto
responde a que, en justicia y buena l�gica constitucional, no hay que
confundir a quienes ileg�timamente son partidarios de la violencia con
quienes propugnan pac�ficamente el nacionalismo perif�rico
democr�tico. As� lo exige el art�culo 20 de la Constituci�n espa�ola o
del Estado espa�ol.

En alg�n momento anterior se ha criticado la teorizaci�n territorial
de Espa�a. De pretensiones igualitarias, pues sus habitantes son
vistos como "iguales" en derechos. Ya examinamos la petici�n de Jos�
Antonio Primo de Rivera de un Estatuto auton�mico para Le�n, pero no
para Catalunya; que era contemplada por el lider de Falange como una
especie de "finca mediterr�nea" de todos los espa�oles o de Espa�a.
Argumento, dada la falta de mag�n exhibida al respecto y las "ideas
recibidas", que vuelve a repetirse en el panorama intelectual de hoy.
Hay quien propone, al estilo de F�lix de Az�a, el autogobierno de
Cartagena: "�acaso -se pregunta de Az�a- los cartageneros no pueden
gobernarse a s� mismos como los de Luxemburgo?". "O -prosigue este
escritor- en Zahara de los Atunes, que son muy suyos" (El Pa�s, 24 de
julio de 1994).

Por su parte, Gustavo Bueno, en una colecci�n de opiniones y art�culos
antiseparatistas, llegaba a decir de la autodeterminaci�n vasca (La
Nueva Espa�a, 14, 16 y 18 de julio de 1997):

"El Pa�s Vasco es tan m�o como suyo. Por esa raz�n habr�a que hacer un
refer�ndum en Soria".
Solamente que en Soria no lo han pedido ni han expresado ninguna
voluntad autodeterminante. Y que, a tenor de la f�rmula cl�sica de los
Estatutos de Autonom�a de la legislaci�n constitucional espa�ola,
Gustavo Bueno no tiene los mismos derechos que "quienes viven y
trabajan" en Catalunya o Euskadi, porque �l vive y trabaja en Oviedo.
Pero esos "derechos" sobre el "suelo" de la dichosa "finca", ahora
vasca, persisten en ser concebidos -craso error- al margen de sus
habitantes y verdaderos detentadores del mismo y a�n de su vuelo.
Concepci�n desenvuelta igualmente al margen de la legislaci�n
republicana, de nuestra historia constitucional y del ya desarrollado
texto de 1978.

No muy distante de esa idea de Gustavo Bueno est� la afirmaci�n de
Manuel Ram�rez cuando cree que "no hay soberan�a de Euskadi, de
Algeciras, ni del hermoso pueblo de Moguer" (El Pa�s, 15 de enero de
1998). Porque el nacionalismo vasco, hoy en el poder auton�mico, no
tiene la misma idea de "soberan�a" que la poblaci�n de Algeciras o la
de Moguer. Y si as� fuera, no existir�a el nacionalismo vasco. Pero,
contra lo que dice Ram�rez, el nacionalismo vasco lleva m�s de un
siglo en el escenario pol�tico y constitucional espa�ol

Como estas ideas y sus semejantes se reproducen tenazmente, sin graves
aprietos podr�a elaborase un Diccionario de lugares comunes o manual
del perfecto antiseparatista espa�ol del publicismo de hoy. En primer
lugar, tendr�a que repetir muchas veces t�rminos como tribu, tribal,
balc�nico y at�vico (siempre referidos a la periferia y nunca al
centro, claro). Y recordar que los nacionalistas no usan banderas,
sino pendones (como los clanes y tribus). No tendr�a que distinguir
-al rev�s de lo que recomienda L�pez Calera una y otra vez- entre "lo
espec�fico" de cada nacionalismo, porque nunca hay dos iguales. Por el
contrario, para el antiseparatista: "todos los nacionalismos son
iguales"; aunque jam�s lo sean, pues, en el dicterio tan expresivo de
Fernando Savater, resulta que "los nacionalistas -incluso los m�s
pac�ficos- ven a la humanidad formada por regimientos, cada uno con su
uniforme y su pend�n que no debe de confundirse con el de los dem�s"
(F. Savater, 1996 b., p�g. 16). Toda una exaltaci�n del t�pico del
"tribalismo", ahora militarizado y a la que no le falta m�s que marcar
el paso de la oca.

Un manual del antiseparatismo espa�ol tendr�a, entre otros, los
siguientes rasgos y proposiciones:

1) No existe el nacionalismo espa�ol.

No se debe de dudar de la sinceridad de quienes, como Francisco
Laporta, se definen a s� mismos como "antinacionalistas" (El Pa�s 26
de octubre de 1998). Que les lleva a pensar que "la patria espa�ola
como su unidad me interesan muy poco, igual de poco que el resto de
las patrias". Tampoco hay por qu� adoptar las consecuencias de su
respetable pensamiento cuando dice que "se sit�a al margen de toda
necedad nacionalista". M�xime, como le acontece al autor de este
estudio cr�tico, cuando no se cree que todos los nacionalismos sean
"iguales" (ni much�simo menos) y se les otorga tanta respetabilidad
como al ideario democr�tico de Francisco Laporta. El "macizo de la
raza", en la opini�n de Laporta sobre el ejercicio "derecho de
autodeterminaci�n" de los vascos, est� "en las tres provincias
geogr�ficas vasco-espa�olas". Aqu� se equivoca este iusfil�sofo,
porque la Constituci�n y su Disposici�n Transitoria Cuarta, en su
primer apartado, a�ade otra posibilidad: la de Navarra "a efectos de
su incorporaci�n al r�gimen auton�mico vasco". Que, de realizarse,
ser�a un aut�ntico ejercicio de autodeterminaci�n en el sentido
jur�dico expuesto por el propio Laporta en su citado escrito. El
art�culo 10. 2 de la Constituci�n reconoce la legislaci�n
internacional al respecto -vinculante para Espa�a- y que ha de
interpretarse normativamente seg�n el famoso art�culo primero del
Pacto de Nueva York: "Todos los pueblos tienen derecho de libre
determinaci�n. En virtud de este derecho establecen libremente su
condici�n pol�tica...". En el caso de hacerlo el pueblo navarro, y
aqu� cabr�a hablar -sin pudores pseudoliberales- de "pueblo" para
todos los habitantes de esa comunidad foral en condiciones jur�dicas
de votar en su momento, habr�an adoptado una "libre determinaci�n" que
ata�e direct�simamente a su "condici�n pol�tica" y tambi�n (aunque hay
quien no se acuerda de esto) "territorial". Tal y como propugna el
art�culo constitucional 10.2, la referida Disposici�n Transitoria
Cuarta, as� como el art�culo primero del Pacto de Nueva York y dem�s
Pactos que lo recogen, suscritos de modo vinculante por el Estado
espa�ol. Por otra parte, y con respecto a Espa�a, el constitucional
refer�ndum navarro no habr�a violentado ninguno de los l�mites a la
autodeterminaci�n expuestos por la resoluci�n de las Naciones Unidas
de 14 de diciembre de 1960, art�culo 2: "Todo intento dirigido a la
ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad
territorial de un pa�s es incompatible con los prop�sitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas".

Con esto se demuestran varias cuestiones. Lo primero, que el derecho
de autodeterminaci�n es posible hasta en un supuesto constitucional
como el de Navarra. Entendido como una praxis del establecimiento
libre de "su condici�n pol�tica", tal y como dice el tan citado
art�culo primero de los Pactos firmados por Espa�a. Lo segundo, que el
"derecho de autodeterminaci�n" no implica necesariamente "la secesi�n"
quieras que no. Y lo tercero, que el "derecho de autodeterminaci�n" ha
sido ejercitado -con diversos procedimientos jur�dicos- por Quebec,
Chekia, Eslovaquia y puede ser practicado hasta por Navarra. Todo ello
sin necesidad de poner el mar, o poni�ndolo como Puerto Rico, de por
medio entre "la colonia" y la no imprescindible metr�poli. Porque no
siempre estamos ante un supuesto f�ctico para situaciones jur�dicas
"coloniales". No le falta raz�n y buen sentido a Laporta cuando
observa que ese derecho autodeterminante consiste "en el derecho de
las colectividades que integran una unidad territorial, jur�dica y
pol�tica dada a abandonar esa comunidad, ese cuerpo pol�tico". A
abandonarla, pero tambi�n a estrechar la unidad, porque si �sta es
voluntaria y consentida -independientemente del tipo de relaci�n que
se alcance- siempre ser� mucho m�s s�lida por mucho m�s libre.

Lo que no parece muy coherente con este deseo de resolver las cosas en
libertad es que Francisco Laporta recluya el "derecho de
autodeterminaci�n" en los confines que lo hace. Si el pueblo vasco,
una vez celebrado el previo refer�ndum, decide que no es partidario ni
siquiera de abordar la discusi�n de la independencia: "no se volver� a
plantear -concluye Laporta- la misma cuesti�n jur�dico-pol�tica al
menos durante 25 a�os".

Si vale el s�mil del divorcio, esto es como si una de las partes
pudiera prohibir a la otra, caso de no obtener la separaci�n o de
retractarse, que no volviera a plantearla hasta pasados 25 a�os. Y m�s
bien vale el s�mil del divorcio, porque su presencia en el
ordenamiento jur�dico no quiere decir que todo el mundo desee
divorciarse, sino que exige esa garant�a de libertad. Porque la
existencia del divorcio no lleva consigo una necesaria escisi�n de
cuerpos y almas, sino un refuerzo de la libertad de la voluntad de las
partes contratantes.

Al contrario que Laporta, los hay que, como Jim�nez Losantos, hacen
suyo un patriotismo espa�ol. Una actitud, agrade o no, honesta y
franca. Pero ese nacionalismo es algo sempiterno, inconmovible, algo
ya dado de por s�, tambi�n -como en Andr�s de Blas y Garc�a Trevijano-
sin discusi�n existente, que, contra toda nuestra concreta historia
constitucional, nos presenta a la espa�ola en tanto que "una
nacionalidad antiqu�sima a la que son fieles decenas de millones de
ciudadanos" (F. Jim�nez Losantos, 1995, p�g. 526).

Con toda su parca y m�s que problem�tica antig�edad constitucional
convertida en "antiqu�sima", Jim�nez Losantos no ha negado lo evidente
de la comparecencia actual del nacionalismo espa�ol. Pero, en general,
ese patriotismo se niega o, en palabras de Bartolom� Clavero, "se
solapa"; y as� estamos ante la pretendida inexistencia de una
existencia tan potente como la del antiseparatismo espa�ol;
experiencia que est� incluso corroborada por las encuestas oficiales
del CIS desde 1984. Antiseparatismo que est�, de forma diversa, hasta
en las razones democr�ticas (por sus limitaciones de los plebiscitos
cada 25 a�os) de Francisco Laporta; por no hablar del nada democr�tico
artefacto te�rico de la Eviternidad de Espa�a a cargo de Jim�nez
Losantos.

Como en cierta oratoria cristiana a la ca�da del Imperio Romano,
cuando m�s lejos de la realidad est�n los argumentos exhibidos, tanto
mayor es la credibilidad del serm�n. Serm�n de la creencia -s�lo para
los muy fieles- en el car�cter incons�til del ropaje ideol�gico del
nacionalismo espa�ol, que puede correr a cargo de Fernando Savater,
Arcadi Espada, Jon Juaristi, F�lix de Az�a y much�simos otros.



2) Todos los nacionalismos son balc�nicos e intr�nsecamente perversos.

Federico Jim�nez Losantos se pregunta: "�por qu� creemos o queremos
creer que los nacionalismos en Espa�a no van a ocasionar nunca un
conflicto serio?". Casi no requiere aclaraci�n, pero entre "los
nacionalismos" de Jim�nez Losantos no est� el suyo, el espa�ol. Porque
"el nacionalismo -nunca el espa�ol- ha emergido en Europa como el m�s
peligroso de los totalitarismos" (1995, p�g. 526).

Posici�n extendid�sima, la contemplaci�n en clave balc�nica de
nuestros nacionalismos centr�fugos y jam�s del centr�peto, que goza
del favor de gente tan variada como Vargas Llosa y Savater. Postura
que sintetiza a la perfecci�n Vargas Llosa en su elogiosa ex�gesis del
bucle de Juaristi (El Pa�s, 2 de agosto de 1998):

"...se llega a la angustiosa conclusi�n de que, a�n si el pa�s vasco
no hubiera sido objeto, en el pasado, sobre todo durante el r�gimen de
Franco, de vejaciones y prohibiciones intolerables contra el eusquera
y las tradiciones locales, la semilla nacionalista hubiera germinado
tambi�n, porque la tierra en que ella cae y los abonos que la hacen
crecer no son de este mundo concreto".
Ah� est�, en todo su esplendor, la versi�n del car�cter "irredento" de
nuestros nacionalistas vascos y catalanes de la que tanto se re�a
Manuel Aza�a, as� como de la percepci�n de esos pueblos -ahora Aza�a
se refiere al catal�n- como "un personaje peregrinando por las rutas
de la Historia en busca de un Cana�n que �l s�lo se ha prometido a s�
mismo y que nunca ha de encontrar" (M. Aza�a, 1977, p�g. 12). Esta
caracterizaci�n "irredenta", que critica Aza�a, pertenec�a a Ortega y
Gasset; al que se aproximan bastante las ideas de Vargas Llosa y de
Jon Juaristi por carecer igualmente de apoyos emp�ricos.

Podr�a resumirse este criterio de Vargas Llosa, pronunciado con el
pretexto del bucle de Juaristi, en una sola e imposible respuesta para
esta pregunta ahist�rica: �qu� hubiera sucedido si no hubiera pasado
lo que realmente pas�? Cualquiera lo sabe, pero pueden formularse
otras hip�tesis. �Y si le hubieran hecho caso al acad�mico Hermilio de
Ol�riz los se�ores de la Restauraci�n y hubieran implantado un
biling�ismo en la ense�anza en todo el �rea vasco-navarra? �y si
Franco no hubiera hecho una guerra civil contra los Estatutos de
Autonom�a? Si en lugar de imponer los Maestros de la Restauraci�n el
atroz castigo del "anillo" a los ni�os que hablaban euskera fuera de
las aulas, con la paliza f�sica subsiguiente, les hubieran ense�ado
las dos lenguas, como la pol�tica b�rbaramente acontecida se da
inmediatamente antes de la aparici�n en escena de Sabino Arana, quiz�
�ste, puestos a imaginar, se hubiera dedicado a una de las profesiones
vascas m�s laicas -dec�a el republicano navarro F�lix Urabayen, harto
ya de la etiqueta de clerical que llevaba el vasquismo- que existen.
La de pelotari o la de contrabandista, escrib�a con retranca ese
excelente novelista de los Folletones de El Sol -y v�ctima del
franquismo- que fue F�lix Urabayen.



3) El nacionalismo vasco es clerical y carlista, el catal�n pesetero y
el gallego ya veremos.

Hace ya muchos a�os que Jos� Antonio Primo de Rivera defini� el
nacionalismo vasco como "ultracat�lico en lo religioso" y como "el
menos inteligente de cuantos circulan" (1959, p�g. 456). La vuelta al
caser�o, el idilio arc�dico rural, el "campanario", el "aldeanismo",
etc..., completan esta cr�tica falangista al nacionalismo vasco.

"Ante Dios humillados", dijo Jos� Antonio de Aguirre y con �l los
actuales "lehenkariak" constitucionales al tomar posesi�n de su cargo
y para qu� queremos m�s. El juramento confesional de los altos
mandatarios vascos no es obligatorio, es m�s que dudoso que Ram�n
Rubial, que tambi�n fue presidente constitucional de la comunidad
vasca, lo hiciera, y de ah� no se pueden obtener m�s deducciones que
las que suscita a un no creyente la jura arrodillada de tant�simos
altos cargos pol�ticos espa�oles en presencia de Juan Carlos I o el
Presidente del Parlamento vestido de nazareno. Pero hay que ver el
partido que al juramento vasco le han sacado los amantes del car�cter
"ultracat�lico" del vasquismo.

Jon Juaristi ha descubierto que "buena parte de los tercios de
requet�s vascongados y navarros estaban formados por voluntarios
vascohablantes" que combat�an al lado de Franco (J. Juaristi, El Pa�s,
8 de septiembre de 1998). Descubrimiento del Mediterr�neo que tambi�n
podr�a completarse con el hallazgo de los numerosos ministros y altos
cargos vascos y navarros del r�gimen franquista (Jos� Mar�a de
Areilza, Ferm�n Sanz Orrio, Romeo Gorr�a, Arrese, Lacalle Larraga, y
muchos otros). No se sabe en qu� estad�sticas se apoya Juaristi, pero
concluye -sin demostrarlo, por supuesto- que hab�a m�s gente que
hablaba el vasco en las tropas franquistas que en las republicanas.

Que fuera o no as�, tanto da. Porque eso no es lo que requiere una
explicaci�n hist�rico-constitucional, sino algo de muy otro talante
ante lo que Juaristi se calla. A saber: c�mo y por qu� muchos
cat�licos vascos defendieron con las armas el leg�timo bando
republicano y la muy laica Constituci�n de 1931. C�mo pudieron
"humillarse ante su Dios" y adherirse a un r�gimen jur�dico proscrito
por los antidemocr�ticos obispos de la Cruzada y de su misma Iglesia.
La raz�n es muy sencilla; porque, sin m�s retorcimientos, bajo el
r�gimen republicano se promulg� el Estatuto de Autonom�a vasco.
Estatuto, como el catal�n, que fu� alevosa e il�citamente derogado en
Burgos por Franco un guerracivilizante 5 de abril de 1938.

Una buena parte de la izquierda espa�ola se dej� y se deja llevar por
todos esos prejuicios antivasquistas -el catolicismo, el requet�
carlista- de larga duraci�n. Nunca entendieron que no pocos cat�licos
vascos se enrolasen en 1936 con la causa republicana ni que al final,
en la cr�tica de Castelao a la pol�tica internacional de "no
intervenci�n" en nuestra guerra: "un cat�lico vasco resultar�a m�s
progresista que un laborista ingl�s" (Castelao, 1976, p�g. 155).

Seg�n el republicano galleguista Castelao, la causa de esa
obnubilaci�n de la izquierda espa�ola era su tradicional
anticlericalismo. Que Castelao tambi�n atribu�a a un sector de la
Falange. Anticlericalismo para el que hoy deviene muy importante que
Arzallus haya sido jesuita. Dato que, sin embargo y a la luz de la
raz�n, no parece tener m�s repercusiones pr�cticas que en la buena
formaci�n cultural de Arzallus y su conocimiento de diversos idiomas.
M�s preocupante es que siga tantos a�os en la c�spide del poder, lo
cual no tiene que ver con la Compa��a de Jes�s sino con la pol�tica
espa�ola, al igual que las permanencias de Jordi Pujol o Felipe
Gonz�lez. Pues no es bueno para la democracia ese exagerado aferrarse
al sill�n de mando ni el gasto de tanto carisma personal para el
simple ejercicio de un cargo pol�tico.

Ardanza y Arzallus nacieron en Elorrio y Azcoitia respectivamente;
pueblos donde -y esto debe de ser algo definitivo para Jon Juaristi-
"a mediados de los sesenta, los carlistas eran mayor�a". Juaristi no
dice si esos carlistas eran antifranquistas, como los de Carlos Hugo,
o agentes tradicionalistas del r�gimen dictatorial; le basta con el
cuadriculado y ostentoso clich�: "eran carlistas" (J. Juaristi, El
Pa�s de 8 de septiembre de 1998).

No obstante, sin remontarnos a los a�os sesenta, una cultura pol�tica
no tocada por el Alzheimer ideol�gico, deber�a de tener muy presente
la historia pluriforme del carlismo. Que carlistas fueron los
antifranquistas v�ctimas de agresi�n y asesinato, por disparos de
notorios ultraderechistas y con la connivencia de mandos estatales, en
los sucesos luctuosos de Montejurra en la primavera de 1976. A�o en el
que Juaristi y quien esto escribe ya hab�amos nacido, desde luego.

Pero Arzallus es ante todo "el padre Arzallus" para Julio Llamazares
(El Pa�s, 12 de agosto de 1997). Como el obispo Seti�n es otro de los
preferidos por este anticlericalismo burdo, Llamazares le acusa de
mantenerse en "silencio" ante los asesinatos del terror. Callado o
ambiguo son dos t�picos a los que recurre igualmente Fernando Savater
para hablar de Seti�n. En cambio, y en cualquier hemeroteca, se puede
leer a Jos� Mar�a Seti�n sobre la paz vasca diciendo que hay que:
"Dejar ya de matar y de atemorizar al pueblo con la violencia de las
calles, respetar los derechos de todas las personas", incluso, eso s�
lo repite tambi�n, los de los presos (El Mundo del Pa�s Vasco, 10 de
septiembre de 1997).

En el fondo, no importa lo que haga o deje de hacer Jos� Mar�a Seti�n.
Lo decisivo es (para Llamazares, Mu�oz Molina o Savater) que se trata
de un "obispo vasco" y eso debe de constituir por s� mismo algo
tremebundo. En cambio, hay personas a quienes nos interesa mucho m�s
lo que en verdad dijo o dej� de decir el ciudadano Jos� Mar�a Seti�n
sobre cuestiones tan decisivas como la violencia, el homicidio y el
incumplimiento del art�culo 25.2 de la Constituci�n espa�ola.

Al anticlericalismo obrero Antonio Gramsci lo ve�a como una ret�rica
premoderna y sol�a llamarle "tabernario". Ser�a de desear que gentes
que discurren, como Llamazares y Savater, al tratar del nacionalismo
vasco salieran de tan peculiar taberna argumentadora.

Para F�lix de Az�a, Pujol es un "h�bil negociador". El de la pela que
dice Francisco Umbral. Az�a tambi�n le llama a Arzallus "el carlista
de Bilbao" (cuando no es bilba�no, sino guipuzcoano). Y el gallego
Beiras, que hasta hace poco ni se le nombraba, en la versi�n de Az�a
es "la luminaria gallega". Pero, m�s que nadie, Arzallus es para F�lix
de Az�a un "ide�logo de campanario perfectamente irresponsable" (El
Pa�s, 24 de julio de 1998).

Ni esta intervenci�n ni su autor se dedican al ejercicio de la
abogac�a de ning�n nacionalismo pol�tico concreto ni del carlismo.
Pero aqu� se prefieren las razones y las pruebas m�s que los insultos,
anticlericalismos de baja estofa y dem�s irracionalidades para uso y
consumo de ese antiseparatismo tan "medi�tico" como corto de miras.

Por lo dem�s, ser�a igualmente de agradecer que abandonasen ya el
"campanario" o "el caser�o" de Jos� Antonio y, m�s de acuerdo con
estos tiempos, vieran las cosas vascas con el museo Guggenheim al
fondo del paisaje que, este t�pico no lo es, contin�a siendo verde.



4) Mejor creencias abstractas que razonamientos concretos.

"O se es de un regimiento o se es de otro", asevera Fernando Savater
que as� es el proceder de "todos los nacionalismos" (F. Savater, 1996
b., p�gs. 16 y 17). Todos son militaristas, porque frente a �llos
Savater reivindica las "sociedades civiles, donde la gente vista de
paisano y a su gusto". Como si la pertenencia al Bloque Nacionalista
Galego llevase consigo la masita legionaria y el vestido soldadesco. Y
como si -contra todas las estad�sticas- entre los j�venes
nacionalistas de izquierda en el Pa�s Vasco y Navarra no fuera
bastante habitual la insumisi�n y la objeci�n de conciencia.

Uno de los procedimientos que m�s llama la atenci�n es este gusto de
nuestro antiseparatismo por no demostrar nada de lo que afirma o
niega. Por moverse, como escrib�a Am�rico Castro, entre esas
espa�ol�simas creencias y su tradicional desd�n por los razonamientos.

F�lix de Az�a define el nacionalismo, no el espa�ol por supuesto, como
"una ideolog�a populista" que "supone la subordinaci�n del individuo a
los derechos trascendentes de la tierra" (El Pa�s, 24 de julio de
1998). Con populismo o no, esos argumentos terr�colas se los podr�an
aplicar el mismo F�lix de Az�a y Gustavo Bueno, con sus autogobiernos
en Zahara de los Atunes y plebiscitos sorianos respectivamente. Y
Manuel Ram�rez con su "soberan�a" de Algeciras o Moguer. Por
subordinar de ese modo los derechos individuales de las gentes
catalanas y vascas al conjunto de su tierra espa�ola. Igualmente,
F�lix de Az�a define el nacionalismo como un ideario que "se propone
controlar la totalidad de la vida del s�bdito desde que nace hasta que
muere".

Lo primero que uno se pregunta es qui�n, c�mo y cu�ndo ha definido hoy
el nacionalismo suyo de la manera que quiere F�lix de Az�a. Porque,
naturalmente, se trata de un nacionalismo perfectamente inventado; ya
que nunca se dice qui�n es su autor ni en qu� obra lo ha escrito. A
cambio, y por aducir razones muy concretas, en el formidable libro de
Castelao Sempre en Galiza, Biblia del galleguismo y se supone que del
zarandeado Beiras, pueden leerse loas completas a los derechos
individuales, al universalismo, al predominio del Derecho sobre la
Fuerza, etc..., etc...(Castelao, 1976). Y es dif�cil en esta vida ser
m�s republicano, m�s dem�crata y m�s antifascista que Castelao.

Sempre en Galiza tiene otros peque�os defectos, entre historicistas y
m�ticos, pero en �l flota y prevalece una inspiraci�n democr�tica por
encima de cualquier duda. Ahora bien, no hay cuidado que se critique a
Castelao en ese mundo de creencias antiseparatistas; porque hay que
leerlo y, sobre todo, hay que razonar.

Personas importantes para nuestra cultura jur�dica, como lo es sin
duda Juan Ram�n Capella, hacen -hace- el siguiente diagn�stico
(Revista Internacional de Filosof�a Pol�tica, n� 9 de 1997, pp.
156-163):

"En Espa�a el movimiento emancipatorio tiene que lidiar
simult�neamente con varios nacionalismos antiemancipatorios: el
espa�olismo, por supuesto, del que incluso son inconscientes muchos de
sus prepotentes portadores; pero tambi�n los nacionalismos catal�n y
vasco, este �ltimo con una punta manifiestamente nazi. Todos ellos son
retr�grados -hegemonizados por diversas capas burguesas- y
politicistas, capaces de chalanear y componer acuerdos entre ellos".
Naturalmente que el antiseparatismo sin razones es una variante, y
poco culta, del nacionalismo espa�ol; a�n cuando quienes lo sustenten
se crean que son una especie de "cosmopolitas" sin fronteras ni
banderas. Ahora bien, Juan Ram�n Capella tampoco sale de ese gusto por
las abstracciones tan inconvenientes en esta vida para dialogar
m�nimamente. Como Capella no se refiere inductivamente al asunto del
terrorismo y la violencia, que es una muy otra cosa, le ha adjudicado
al nacionalismo vasco, a todo �l, una "punta nazi". Ofensa a todo el
vasquismo que no se apoya en nada y que si tuviera alg�n fundamento,
pr�ximo o remoto, habr�a que precisarlo muy en concreto.

De momento, lo que puede leerse al pamplon�s Carlos Garaikoetxea es
que: "nosotros, en Eusko Alkartasuna, defendemos el derecho de
autodeterminaci�n como un principio democr�tico y aceptaremos
deportivamente, cualquiera que sea, la decisi�n de la mayor�a social"
(El Pa�s de 30 de agosto de 1997). Opini�n de Garaikoetxea que es
id�ntica a la de Juan Ram�n Capella, quien propone: "el derecho de
autodeterminaci�n como cuesti�n ante todo de fuero" (Revista
Internacional de Filosof�a Pol�tica, n� 9 de junio de 1997, pp.
156-163). Lo que, se estime o no al personaje, como Garaikoetxea es un
dem�crata de reda�os, no es ninguna deshonra para Capella. Pero deja
completamente en entredicho esa opini�n de nuestro iusfil�sofo sobre
el conjunto del nacionalismo vasco y su pretendido -e indemostrado-
car�cter "antiemancipatorio".

Adem�s, le cuadra mal y es poco educado, reconozc�moslo, ese falt�n
adjetivo de "retr�gado" (como nacionalista vasco que es) al ideario
autodeterminante de Garaikoetxea.

La ristra de abstracciones y t�picos ser�a interminable y alarmante,
cuando la elaboran tambi�n personas de la val�a de Juan Ram�n Capella.
Pues quienes no tienen nada de incultos, como Fernando Savater,
tambi�n se han deslizado por esa rampa de la demagogia. Y, sin citar
qui�n opina as�, d�nde se escribi� o se dijo, ni cu�ndo se emitieron
semejantes ideas que se critican, Savater caracteriza a todos los
nacionalismos (por supuesto, al espa�ol no) porque (F. Savater, 1996
a., p�g. 26):

"a fin de cuentas se trata de que lo m�o es m�o y lo de los dem�s ya
veremos c�mo se reparte".
Aserto que tiene la misma categor�a cient�fica que el espa�ol�simo:
"piensa mal y acertar�s". Es decir, ninguna. Porque no se enjuician
hechos ni opiniones documentadas, sino intenciones. Y, como ya dijera
Miguel de Unamuno (1983, p�g. 73):

"...no hay nada m�s menguado que el hombre que se pone a suponer
intenciones ajenas".
Lo que deber�a de preocuparnos seriamente, pues la mayor parte de los
materiales antiseparatistas de nuestra intelectualidad se componen de
indeterminaciones, juicios de intenci�n e indemostrables creencias
t�picas.







3.- Las dificultades reales y actuales del nacionalismo espa�ol.

3a) Breve recapitulaci�n y cautelas met�dicas

Al llegar a este estadio de la exposici�n no es algo sobrante recordar
que estas l�neas no pretenden instituirse en una especie de Tribunal
entre el nacionalismo espa�ol y los programas nacionalistas de la
periferia. La cr�tica preferente al nacionalismo espa�ol tiene una
raz�n de ser: que aqu� se habla primordialmente del patriotismo
constitucional espa�ol y de sus dificultades actuales. Entre otras, de
su acusada falta de autocr�tica que solamente se fija en los
obst�culos puestos, reales o ficticios, por los nacionalismos
centr�fugos. Se puede afirmar que ve las pajas (o vigas cuando lo
sean) en el ojo ajeno y no ve las vigas ni las pajas en el propio.

El partido hoy en el Gobierno espa�ol suele presentar como una
"discriminaci�n" la exigencia del euskera como m�rito en los concursos
o como requisito para ocupar determinados cargos auton�micos. Esa
especie de magistratura del Tribunal Supremo de las Simetr�as que se
ha instalado entre la opini�n p�blica espa�ola cree lo mismo o algo
parecido. Pero nadie dice nada de la negativa del Gobierno foral
navarro -apoyado por UPN y el PP- de una licencia para una radio en
euskera (cumpliendo todos los condicionantes legales). Un asunto que
ata�e a unas cuarenta mil personas, seg�n cifras oficiales, que son
las euskoparlantes de la Cuenca de Pamplona. A cambio, el Gobierno
foral otorga esa licencia a una emisora de la privada Universidad del
Opus Dei de Navarra.

Se agrandan unos hechos propagand�sticamente y acallan otros que no
convienen. Pero un concurso p�blico de funcionarios, donde la lengua
es una de sus exigencias, no es equiparable a la lesi�n que se causa a
cuarenta mil personas que quieren escuchar una radio en su lengua.
Tampoco se dice nada del disparate ling��stico que supone la Ley del
Vascuence en la comunidad de Navarra y dem�s disposiciones al uso. La
divisi�n de la comunidad en tres zonas (seg�n su vascofon�a) ten�a
como finalidad impedir el crecimiento del vasco. Y se dice "ten�a"
porque el crecimiento del euskera, seg�n fuentes de la propia
Administraci�n foral, ha sido espectacular pese a la normativa y a la
falta de apoyos institucionales (que no se pueden comparar con los del
Pa�s Vasco). Voces sensatas, como la de Juan Cruz Alli, reclaman
p�blicamente el fin de este esperpento jur�dico al margen de la
realidad. Pero la normativa sigue ah� e intelectuales como Aurelio
Arteta invocan el art�culo 8.1 b) de la Ley del Vascuence para
calentar la caldera antivasca por la decisi�n del Ayuntamiento de
Pamplona (o Iru�a, que as� se ha llamado tambi�n hasta bajo el
franquismo) de fijar los criterios -muy pensados, por cierto- para el
uso biling�e de los r�tulos de las calles y de los top�nimos. Problema
que le parece a Aurelio Arteta terrible, por ese "reconocimiento del
superior valor del pasado sobre el presente", donde nada menos que "se
consagra la autoridad de los muertos sobre los vivos" (Diario de
Navarra, 18 y 19 de noviembre de 1998). Arteta efect�a unos hallazgos
ling��sticos que al popular Pero Grullo le hubieran dejado en
mantillas; as�, en lo que respecta a la denominaci�n topon�mica
Txantrea, Arteta se ha dado cuenta que viene de los vocablos
"romances". Exactamente, esto no lo dice Arteta, se llama as� a todas
las "tierras del Chantre" en toda Pamplona y su comarca. Porque el
euskera posee gran cantidad de palabras provenientes de los idiomas
romances, sea del lat�n, gasc�n, franc�s o castellano. Lo que no quita
para que los investigadores de los textos �beros y celt�beros, como el
historiador Guillermo Fat�s, usen cient�ficamente el vasco para
descifrarlos por su gran cantidad de palabras disponibles de car�cter
prerromano.

Pero lo decisivo parece ser, para Arteta, denunciar un suceso como el
de los criterios para la rotulaci�n de las calles bajo el auge de la
(textualmente) "conciencia m�tico-�tnica". Es decir, bajo el
nacionalismo vasco. Confundiendo el vasquismo cultural con el
nacionalismo pol�tico, tambi�n lo han criticado juiciosamente gentes
que no son de izquierdas como Alli, no se va a otro sitio que al de
los conflictos artificiosamente creados y a hacer dif�cil la
coexistencia entre la ciudadan�a.

Que la cultura vasca de Navarra y el nacionalismo no son una y la
misma cosa, lo ha entendido a la perfecci�n la Corona espa�ola. Que, a
pesar de su poca inclinaci�n al uso en las intervenciones p�blicas del
concepto "nacionalidades", ha inaugurado en Pamplona el curso de
bachillerato 1998-1999 con la lectura de un discurso cuyos �ltimos
p�rrafos ley� Juan Carlos I en euskera. En un Instituto de
bachillerato en cuyos archivos figuran como antiguos alumnos P�o
Baroja y Arturo Campi�n.

La Corona, la sociedad pamplonesa y su representaci�n municipal son
mucho m�s pluralistas y serenas que la toponimia del profesor Arteta,
bastando para demostrarlo un peque�o repaso de las fuerzas pol�ticas
que componen el Ayuntamiento de esa ciudad: concejales del PP, PSOE,
UPN, IU, EA y EH, junto al Alcalde, Sr. Chourraut, que pertenece a
Convergencia Democr�tica de Navarra.

Y, para no perder de vista la historia, es prudente recordar que el
vasco lo hablaba antes de la guerra civil un 30 por ciento de la
comunidad navarra, en tanto que hoy lo habla un 10 por ciento
aproximadamente. Cosa que deber�a de ser aprendida cuando se tacha al
vasquismo de "victimista" o de tener pretensiones desaforadas, como lo
realiza Aurelio Arteta en sus art�culos titulados con toda provocaci�n
y exageraci�n: El uso perverso de la toponimia.

No es la menor de las dificultades para la racionalizaci�n pac�fica de
estos asuntos la pasi�n pol�tica a�adida. Metidos en la tan espa�ola
como poco pluralista din�mica del "gobierno/desgobierno", junto al
com�n desear que el gobierno sea exclusivamente el del partido al que
se vota, no pocos electores y simpatizantes de sus mayoritarios
partidos ven con encono la alianza del �ltimo Gobierno de Felipe
Gonz�lez con las fuerzas nacionalistas. Y el apoyo condicionado de
esas fuerzas al Gobierno de Jos� Mar�a Aznar. Mentes de izquierda se
creyeron "rehenes" de alguien tan poco de izquierdas como Jordi Pujol.
Y miles de cabezas de la derecha tradicional espa�ola todav�a no han
superado el trago de los pactos de Aznar con los "separatistas" (y
tozudos habladores de sus lenguas) Arzallus y Pujol.

En el futuro puede acontecer que sigan las cosas as�, con el pacto de
los nacionalistas m�s moderados con el "centro derecha" o el "centro
izquierda" del Gobierno espa�ol; que sean compatibles o incompatibles
esas pol�ticas con otras de actuaci�n conjunta nacionalista en pro de
la reforma constitucional o la confederaci�n. O bien que alcancen una
alianza, heredera del esp�ritu de la LOAPA y de los much�simos
conflictos -e inconstitucionalidad- que acarre�, los dos partidos
pol�ticos mayoritarios (V. P�rez D�az, 1996, p�g. 207).

Pueden suceder esos y otros eventos pol�ticos, pero la cuesti�n que
aqu� se aborda es de car�cter no pol�tico sino eminentemente cultural.
Que es el de la responsabilidad del nacionalismo espa�ol en el
desencuentro con las culturas nacionalistas de corte centr�fugo.

De momento, y sin �nimo de exhaustividad, rememoremos, al estilo de lo
realizado por Javier Villanueva con el nacionalismo vasco, pero a
trazos m�s gruesos, las diferentes y posibles conciencias a trav�s de
las que se expresa hoy d�a el nacionalismo espa�ol.



A) La "conciencia truchim�n": pervive intelectualmente un nacionalismo
espa�ol de argumentaci�n prepol�tica y preconstitucional.

Si tomamos la filosof�a nacionalista espa�ola de Ortega y Gasset no
como causa, a pesar de sus muchos seguidores y diferentes dimensiones
actuales (de Juli�n Mar�as a Andr�s de Blas, de Gustavo Bueno a Manuel
Ram�rez, etc...), sino como pretexto, es factible la descripci�n de un
nacionalismo espa�ol que prosigue varias de las tesis prepol�ticas
orteguianas.

La pretendida Pol�tica mundial espa�ola desde el siglo XVI, el Imperio
y su navegaci�n, la "antiqu�sima nacionalidad" espa�ola de Jim�nez
Losantos, la "empresa com�n" de no pocos discursos de la Corona, la
"preexistente" Espa�a que de lo cultural pasa gratuitamente a
organizaci�n pol�tica, siguen bien vivas, como ya se demostr�, en el
escenario intelectual, universitario y publicista de nuestros d�as.

La indiscutible esencia del Estado espa�ol, tambi�n "preexistente" y
forjador de conciencias, el truchim�n, asemeja ser un dato intangible
para los muchos intelectuales que se empe�an en distinguir el
"nacionalismo pol�tico" (el del Estado, el espa�ol) de los denominados
"nacionalismos culturales". Como si estos �ltimos, centr�fugos o
perif�ricos, constituyeran un elemento "apol�tico". Distinci�n que la
realidad jur�dica (la Constituci�n y los Estatutos de Autonom�a) y
pol�tica (la de todos los d�as) desmiente con m�s que vigorosa
tenacidad.

Sin embargo, el truchim�n franquista carece de legitimidad por los
muchos motivos que ya se adujeron. Por el contrario, los fueros tienen
toda la legitimaci�n y legalidad que les otorgan las correspondientes
Disposiciones de la Constituci�n de 1978.

Carecen a su vez de alimento constitucional las afirmaciones sobre el
Estado espa�ol de libros como el de Luis Gonz�lez Ant�n Espa�a y las
Espa�as (L. Gonz�lez Ant�n, 1997, p�gs. 426 y 427). Que no en vano se
apoya reiteradamente en el nacionalismo espa�ol -y en sus
prepoliticismos- de Andr�s de Blas. Gonz�lez Ant�n opina acerca de las
Cortes de C�diz y la Constituci�n de 1812:

"A partir de ah� se evidencia la aceptaci�n general del concepto
moderno de `naci�n�, como conjunto de toda la sociedad integrada por
individuos libres con iguales derechos. Una naci�n espa�ola gobernada
por una Monarqu�a hist�rica y definida y englobada en un Estado que,
como dir� el catedr�tico valenciano Borrull, `se halla constituido
siglos hace y permanece hoy d�a� y con una definici�n territorial -y
no es un elemento secundario- m�s antigua y estable que la de
cualquiera de sus vecinos, incluida la propia Francia".
Cu�nto m�s realista era la geograf�a pol�tica de Baltasar Graci�n,
como ya se crib�, en el siglo XVII; cuando ve�a las dificultades
espa�olas y las facilidades francesas para "unir naciones". Y traer a
colaci�n, con motivo de la Constituci�n de 1812 y sus proleg�menos
gaditanos, la cuesti�n "territorial", no puede ser m�s dislocado.
Porque, seg�n Bartolom� Clavero, la Constituci�n de 1812 quiso
integrar en una Naci�n "no s�lo a unas pocas peninsulares por Europa,
sino tambi�n a numerosas continentales e insulares por Am�rica, por
Asia y por Africa, a todo un dominio imperial que se intentaba
mantener bajo esta veste nueva". Por no hablar de las "naciones" con
min�scula o "colectivos humanos de distinci�n no necesariamente
pol�tica", en el sentido en que "naci�n" se empleaba en el lenguaje de
la �poca, es decir, inclu�das las muchas naciones ind�genas (B.
Clavero, 1998, pp. 261-286).

Y la pretenciosa e "inconmovible" definici�n territorial del Estado
espa�ol ("m�s antigua que la de Francia", escribe Gonz�lez Ant�n),
deber�a de ser historiada con m�s precisi�n actualizada. Con la de no
dejar en el vac�o cerebral que Sidi-Ifni, el S�hara, Marruecos y su
Protectorado, o Guinea, se explicaron como "territorio" espa�ol en los
bachilleratos de los a�os cuarenta, cincuenta y hasta setenta, seg�n
se iban abandonando, a veces por razones geopol�ticas -como el S�hara-
nada decentes.

En lo que toca a ese truchim�n-Estado de imaginados, m�ticos "siglos"
de constituci�n, habr� que corregirlo con un poco de verdadera
historiograf�a constitucional bien documentada. Como la de Alejandro
Nieto, quien en su rotundo ensayo Los primeros pasos del Estado
constitucional de Espa�a, porque son efectivamente sus "primeros
pasos" durante la regencia de Mar�a Cristina de Borb�n, nos ofrece un
espect�culo estatal que dista muy mucho de ser unitario y �nico. Hay
dos Estados, porque la guerra civil mantenida permite definir un
paralelo Estado carlista ("aunque su territorio no fuera fijo ni
determinado" ). Con su ej�rcito carlista, tributos y hasta polic�a.
Por otra parte: "No hay que olvidar -dice Nieto- que la guerra civil
carlista se termin� con un Convenio". No hubo derrota ni victoria y el
Convenio de Vergara dej� las puertas abiertas, como as� aconteci�, a
posteriores confrontaciones b�licas entre los dos Ej�rcitos. Los
liberales moderados intentaban fortalecer su poder mediante la
centralizaci�n y los progresistas debilitarlo mediante la
descentralizaci�n. Como los moderados sent�an que "el Estado se les
escapaba de las manos", vinieron los militares y sus procedimientos a
intentar centralizar la instituci�n estatal. Pero "esta centralizaci�n
militar no era, desde luego, estatal sino que emanaba de un poder
paralelo tan ileg�timo, o m�s, que las propias juntas" (A. Nieto,
1996, p�gs. 109, 110 y 127).

Todo lo cual -lo escrito por Alejandro Nieto- coincide tambi�n con lo
mejor del an�lisis hist�rico-constitucional de Manuel Aza�a. La
centralizaci�n del Estado en el pasado siglo y la "pol�tica de
asimilaci�n, de unificaci�n" se intent� -dec�a Aza�a a las Cortes
constituyentes republicanas- por la v�a del "militarismo"; lo que no
significa otra cosa que "el fracaso profundo del r�gimen liberal,
parlamentario, burgu�s del siglo XIX". Y que "el Estado espa�ol era
d�bil, inerme o incapaz y apenas acertaba a tenerse de pie y ten�a que
apoyarse en las muletas de los poderes bastardos, ajenos a la
legitimidad del Poder pol�tico" (M. Aza�a, 1977, p�g. 30).

Porque, en t�rminos constitucionales, no es aceptable otra l�gica que
la de la "legitimidad del Poder pol�tico" o Estado y nunca la de su
truchimanesca "existencia" de "siglos" que, adem�s, no se deja
discutir porque ella misma "permanece" en ese raciocinio aqu�
criticado de la historia de Gonz�lez Ant�n.



B) La destructiva conciencia social e intelectual de cu�o
antiseparatista.

Dentro del suministro de t�picos antiseparatistas (del estilo del
joseantoniano "ultracatolicismo" de los vascos) hay intelectuales que
se ven a s� mismos de muy diferente manera. Como espa�oles, en una
actitud que les honra, como Federico Jim�nez Losantos. Pero los hay
tambi�n como Fernando Savater, que recuerdan que "el nacionalismo
espa�ol es el primero que aborrec�" (F. Savater, 1996 b., p�gs. 16, 17
y 148).

Como, todo lo contrario que Savater, en estas l�neas no se enjuician
intenciones, se respeta aqu� plenamente su vocaci�n cr�tica que
rechaza "que s�lo puede criticarse cada nacionalismo desde otro
nacionalismo opuesto". Savater se ubica a s� mismo en la
"plurinacionalidad constitutiva", pero afirma -algo imprudente-: "no
s� si tambi�n constitucional, ni me importa demasiado". El caso es que
define su plurinacionalidad operativa no solamente "en Espa�a" sino
-lo que sobre el papel est� muy bien- "en Euskalherria o en Catalu�a".

Pero esa prometedora "plurinacionalidad" nos defrauda inmediatamente,
porque mete en el mismo saco a todos los nacionalismos, a los que
califica de "regimientos", y, en realidad, gasta toda la artiller�a en
contra de los nacionalismos perif�ricos y solamente emplea alguna
salva en contra del nacionalismo espa�ol (al que no toca como no sea
para curarse en salud). Un "plurinacionalismo" que no admite al
nacionalismo vasco, a todo �l y reiteradamente, como el de Savater, ya
puede ir cuando menos revisando lo de "pluri". Como suplemento nada
aislado en su argumentaci�n, dispensa munici�n prejuiciosa en grados
insospechados. As�, dice de la pol�tica vasca en su totalidad: "En
Euskadi, la feroz influencia clerical puede reducirnos la cultura a
ejercicios ignacianos (de izquierdas o de derechas, tanto da)".

La "feroz influencia clerical" en Euskadi, en t�rminos sociales, es la
misma que la de toda Espa�a. La propia de una sociedad bastante
secularizada. Y, en el sistema pol�tico, puede percibirse tibia y
ciertamente ese clericalismo en el nacionalismo vasco m�s moderado y
en nacionalistas democristianos del PNV (no en su izquierda),
ampliamente superado por la exhibicionista confesionalidad -y muy
ortodoxa militancia cat�lica- de no pocos de los m�s altos cargos del
actual Gobierno del PP.

Y como las afirmaciones generales sin demostraci�n no llevan a nada,
Fernando Savater podr�a hacer algunos ejercicios pr�cticos no
ignacianos que aqu� se le proponen. Uno, el de leer los trabajos sobre
la religiosidad espa�ola de Salvador Giner, D�az-Salazar y Enrique
Miret Magdalena, para as� comprobar que -hasta en Pamplona- en todo el
Estado espa�ol (y Euskalherria no se except�a en esto) se da "este
fen�meno de secularizaci�n, de cr�tica y de abandono religioso entre
nosotros" (E. Miret Magdalena, El Pa�s, 1 de septiembre de 1997). Como
ejercicio segundo, Savater podr�a tambi�n estudiar las publicaciones
de Emakunde, editadas por el Instituto Vasco de la Mujer. As�, ante el
completo n�mero de diciembre de 1996 de esa revista, podr�a enterarse
de lo que opina una presb�tera anglicana y de las cr�ticas de esa
revista a la Iglesia Cat�lica por el subalterno papel de la mujer en
esa instituci�n, junto a un an�lisis de las f�minas y el Islam mucho
m�s all� de las simplificaciones al uso, buscando los rasgos de
discriminaci�n femenina comunes y compartidos entre el islamismo y el
cristianismo.

Con este tipo de investigaciones concretas, Fernando Savater tendr�a
percibir que el "clericalismo" vasco no es el de tiempos de Jos�
Antonio Primo de Rivera, y que hay nacionalistas (y mujeres vascas),
que son al mismo tiempo feministas y cuyas publicaciones no se
encuentran precisamente bajo la inspiraci�n de los ejercicios
ignacianos.

Lo malo de estos topicazos de intelectuales como Savater, o de Az�a,
es que sintonizan con lo m�s atrasado culturalmente del
antiseparatismo espa�ol. El que no propone puentes, sino que cava
fosos entre las dos conciencias, la centr�fuga y la centr�peta, por
usar los afinados, viejos y esclarecedores conceptos de Vicens Vives.
En lugar, como lo escribe Savater, de caracterizar al nacionalismo
cultural catal�n y vasco como corrientes cubiertas "con boina o con
barretina" (1996 b., p�g. 148), lo que deber�a de preocuparnos son
otras cuestiones. Como que no se quiera "ni oir hablar" de las
reivindicaciones nacionalistas, seg�n el Centro de Investigaciones
Sociol�gicas y sus encuestas realizadas desde 1984.

Para que se vea lo dram�tico -por manifiesta ignorancia
antiseparatista- de la situaci�n, tomemos (sin pronunciarnos y
meramente como ejemplo) el caso de la normalizaci�n ling��stica
catalana. Hasta el Foro Babel, en su Segundo Manifiesto punto 3, dice
que "la sociedad catalana es socialmente biling�e, y esto significa
que las dos lenguas oficiales son utilizadas como instrumentos
habituales de comunicaci�n de los ciudadanos de Catalu�a" (Ajoblanco
n� 110 de 1998). Si esto es as�, carece de toda explicaci�n racional
que quienes ven en el uso educativo del catal�n, seg�n una encuesta de
1994, "un problema serio", sean un "56,5 por ciento" de las personas
encuestadas "en Madrid"; mientras que el "72 por ciento de los
encuestados en Catalu�a aprobaba el sistema de inmersi�n ling��stica
en el sistema de educaci�n" y no ve�an conflictos m�s que "el 14,2 por
ciento" de quienes contestaban a tales encuestas en Catalu�a (M.
Keating, 1996, pp. 174-176). Es decir, que los destinatarios de la
pol�tica de uso del catal�n no acusan casi ninguna circunstancia
conflictiva (salvo en leves porcentajes y no como un drama), y en
Madrid, donde no se habla catal�n, se percibe su utilizaci�n, en casi
un 60 por ciento de la gente encuestada, como "un problema serio".
Michael Keating, que es quien desbroza cr�ticamente el camino
irracional de estos balances de las encuestas, atribuye el dispar
resultado a una "campa�a anticatalana" de los medios de comunicaci�n.
Pero ya sabemos, con Bourdieu, que las "ideas recibidas" -o t�picos-
lo son porque ya y antes se han recibido. Y que cuarenta a�os de
machac�n antiseparatismo de la dictadura franquista han hecho su
antidemocr�tica labor.

Deber�amos de leer al mejor Clausewitz para aprender que todos los
mayores conflictos provienen de la incomunicaci�n. Y que quienes se
dedican a fomentarla, mediante estereotipos que no se corresponden con
la realidad, quienes exageran los problemas y contradicciones, no
hacen sino acrecentar una muy aventurera disociaci�n de las
conciencias de las partes con el todo.



C) El patriotismo constitucional espa�ol.

No son muchos los ingenieros de aut�nticos puentes culturales, de todo
y partes, en el seno del nacionalismo espa�ol. En todo caso, parecen
silenciados ante tanta propaganda autodenominada "antinacionalista",
pero en realidad "antiseparatista" y en conexi�n con el nacionalismo
espa�ol de elaboraci�n menos inteligente.

No se va a construir aqu� un listado de patriotas constitucionales
espa�oles y cultivados. Ser�a tan costoso como inconveniente. Pero hay
voces, como las de Miguel Herrero y Rodr�guez de Mi��n, que gratifican
(El Pa�s, 19 de septiembre de 1998). No le importa, y hace bien,
llamarse a s� mismo "espa�olista de la Espa�a Grande". Lo que no es
�bice para que, sobre la cuesti�n vasca, estime que es preciso:

"...hablar con la Constituci�n en la mano, pero utiliz�ndola no como
arma arrojadiza, sino como instrumento para la paz, la construcci�n
nacional y las opciones democr�ticas. Esto es, con la imaginaci�n que
debiera tener el pol�tico. Y en ese campo las palabras son muy
importantes. Las hay de presa, con pico y garras, como naci�n,
soberan�a o autodeterminaci�n. A los pol�ticos corresponde hacerlas
pac�ficas y vigorosas palabras de tiro del carro com�n".
Y hay una postura de Herrero de Mi��n que estos p�rrafos comparten
especialmente, porque ah� est� toda la clave de b�veda de las
soluciones democr�ticas y constitucionales del entendimiento de las
partes con el todo:

"El buque de la flexibilidad constitucional necesaria para encajar la
plurinacionalidad espa�ola es sumamente dif�cil de botar: d�jesele
alcanzar el alta mar sin lastre excesivo. Todos saldremos ganando en
t�rminos hist�ricos".
No hay, lamentablemente, muchos patriotas espa�oles con la agudeza
cultural -ni con el conocimiento hist�rico- de Herrero de Mi��n.

Que la Constituci�n no es una especie de parapeto contra los
nacionalismos de las nacionalidades, deber�a ser la primera lecci�n a
aprender por parte de un constitucionalismo espa�ol bien temperado.
Que adoptase la idea de la flexibilidad, sobre todo cuando se est�
ante quienes no aceptaron en su d�a el art�culo 2 de la Constituci�n
ni en las Cortes Constituyentes.




3b) El olvido en el patriotismo espa�ol y la consistente memoria de
las nacionalidades.

No es exactamente lo mismo la historia que la memoria, aunque est�n
estrechamente relacionadas. Pero, lo estudia Paloma Aguilar: "La
memoria colectiva de los pa�ses es esencial, ya que las identidades
nacionales se edifican sobre la base tanto de tradiciones y recuerdos,
m�s o menos inventados, como de olvidos, m�s o menos genuinos" (1996,
p�g. 94).

La identidad nacional espa�ola se asienta sobre un vac�o hist�rico y
memor�stico enorme. Ha desaparecido -y m�s en la memoria social que en
la historiograf�a especializada que ahora asoma con fuerza- todo el
per�odo que va desde el 1 de abril de 1939 a 1977. Desde que termin�
la guerra civil hasta las primeras elecciones generales. La desmemoria
espa�ola, porque no se le puede llamar de otro modo, prefiere ubicarse
en zonas tan remotas como la Rep�blica y la guerra civil (que una gran
mayor�a no pudimos experimentar) o tan pr�ximas como la "transici�n"
de 1975 a 1978. Todo lo dem�s, nada menos que el franquismo y sus
responsabilidades en el ejercicio del poder y todo el antifranquismo,
desaparecen, se lic�an en la conciencia colectiva. Y as� surge una
"identidad nacional" defectuosa, d�bil, enfermiza e ignorante del
valioso precio de los derechos fundamentales que disfruta.

Esta insuficiencia cultural de primer orden que condiciona las bases
de todo el edificio patri�tico-constitucional espa�ol, est� muy bien
detectada por Francisco Tom�s y Valiente (F. Tom�s y Valiente, 1993,
p�g. 192):

"Fue sin duda un acierto conducir la transici�n a trav�s de la reforma
y no de una ruptura que habr�a producido efectos m�s negativos que los
de aqu�lla, pero eso no debe impedirnos percibir una de las
consecuencias perjudiciales de la reforma, que ha consistido en el
relativo silencio que ha reca�do sobre la m�s reciente �poca de
nuestra historia, olvido que se proyecta no sobre quienes por su edad
la vivieron, sino sobre los j�venes de hoy".
Tom�s y Valiente observa que "no es posible comprender lo que en
nuestros d�as ocurre con la conciencia colectiva de los espa�oles" si
no se sabe qu� signific� el franquismo, desde la guerra a 1975, ni lo
que "se dijo acerca de Espa�a y de su historia en el bando que a s�
mismo se autotitul� nacional".

Tom�s y Valiente se dirig�a as� al auditorio de la Universidad Carlos
III, el 14 de noviembre de 1992, en el transcurso de su conferencia
Ra�ces y paradojas de una conciencia colectiva. A Tom�s y Valiente,
con toda justeza, le inquietaba esa laguna generacional ignorante del
franquismo y del antifranquismo. Sin embargo, no llegaba a formular la
segunda parte de este problema. Que, frente a esa amnesia existente en
el todo nacional, las partes (nacionalidades) hacen gala de una
agud�sima y fuerte memorizaci�n hist�rica. Memorizaci�n discutible en
cuanto a su contemplaci�n preconstitucional (como todos los datos
prepol�ticos), pero indiscutible en cuanto a los problemas b�sicos de
la legitimidad republicana, la represi�n franquista y su tambi�n
indiscutible orientaci�n antifranquista.

Cuando el nacionalismo espa�ol actual acusa a la historia de las
nacionalidades de "victimismo", est� expresando con nitidez suprema
sus propias debilidades. Consistentes no en demostrar si es exagerado
o no lo que dice del pasado el nacionalismo perif�rico, sino en no
poder (no saber o no querer, o las tres cosas a la vez) explayarse
sobre las muy reales v�ctimas del todo constitucional espa�ol; en no
tener, en suma, una elemental Historia com�n -de partes y todo- de la
represi�n franquista ni del antifranquismo.

Las ideas de Tom�s y Valiente est�n entresacadas de un cap�tulo
titulado pertinentemente El todo y las partes de su ya citado libro.
Pues bien, si alg�n defecto hay que se�alarle a este cap�tulo es que
responsabilice a las partes, en exceso, de las dificultades para la
construcci�n de una conciencia constitucional com�n y espa�ola. Si
bien Tom�s y Valiente no escatima la reflexi�n autocr�tica sobre los
negativos y desmemoriados efectos de la transici�n espa�ola, como ya
lo examinamos.

Lo primero que deber�a de hacer el nacionalismo espa�ol es, pues,
reconocerse cabalmente a s� mismo. Mirarse al espejo, si es que se
permite esta licencia figurativa. Esta operaci�n, con el paso de los
a�os, puede que no sea completamente agradable; pero es de todo punto
necesaria. Y lo es est�ticamente, aunque, antes que por cualquier otra
causa, por motivos de salud f�sica y mental.

Ese espejo nos devolver�a dos caras bien diferentes. Una, la del
patriotismo constitucional, la Naci�n de naciones, el Estado
multinacional (que tan amplios atractivos tiene para sectores de las
partes y del todo), el Estado federal, y cuantas propuestas se apoyen
en el reconocimiento de los principios del Estado democr�tico de
Derecho y los derechos fundamentales. Por la v�a de la paz y el
destierro de toda coacci�n o violencia, esta postura no tendr�a m�s
l�mites que los de la "libertad de expresi�n" del art�culo 20 de la
Constituci�n. Otra faz ser�a, en cambio, la del agrio antiseparatismo,
irascible y prepol�tico, sordo al completo ante la presencia
jur�dico-pol�tica de los nacionalismos de las nacionalidades y sus
reivindicaciones. Faz que confunde la flexible construcci�n humana de
una Constituci�n, seg�n el certero modelo de Tom�s y Valiente, con el
espa�ol�simo tr�gala.

Hay intelectuales que transpasan frecuentemente las l�neas del uno al
otro nacionalismo, como les sucede a Antonio Mu�oz Molina, Antonio
Elorza, Aurelio Arteta y a tantos y tantos otros. Saltan de la raz�n a
las creencias y as� no hay manera de entenderse. No se produce una
comunicaci�n con quienes pensamos diferente y se deduce que no la
quieren o, m�s bien, que la temen y que agradecen nuestra poca
coincidencia en los mismos circuitos de difusi�n; se dirigen en
exclusiva a los lectores ya convencidos del peri�dico en el que
escriben o a los seguidores fieles y part�cipes de los mismos
prejuicios del medio en el que intervienen.

Incluso hay quienes parten de premisas muy interesantes y racionales
para, en nuda paradoja, deducir conclusiones "prepol�ticas". As�, Juan
Pablo Fusi propone que hay que "sustituir los mitos, las leyendas, las
falsedades, por conocimiento verdadero, por explicaciones veros�miles
y por afirmaciones constatables y verificables". Proposici�n que no
cabe sino aplaudir, tanto como sus complementos de racionalidad
hist�rica. "Sincron�a -y no desconexi�n como quiere Andr�s de Blas-
entre las presiones hacia la centralizaci�n del Estado y movilizaci�n
�tnico y ling��stica de algunas regiones (Catalu�a, Pa�s Vasco y
Galicia)", es una ley hist�rica de Fusi para auscultar las
enfermedades en la d�bil constituci�n del Estado espa�ol
contempor�neo. "D�bil integraci�n centro-periferia" es, pues, la
consecuencia de la norma anterior para Fusi. Pero, precisamente de
esos presupuestos no se puede deducir, como lo hace Fusi, un
prepoliticismo de este calibre: "Espa�a es, desde hace siglos una
naci�n". Porque que fuera una monarqu�a mundialmente conocida no
implica que, indiscutiblemente, fuera una "naci�n".

El procedimiento democr�tico para un di�logo, de car�cter elemental,
m�nimo, o en la zona de mediaci�n como dir�a El�as D�az, podr�a
consistir en respetar que hay que llegar a los acuerdos y desacuerdos
por la v�a constitucional y al margen de todo prepoliticismo.

En tan importante asunto no vale todo y un patriotismo constitucional
espa�ol de mediana listeza deber�a de ser el primer interesado en
desprenderse de tan asilvestrado antiseparatismo socialmente
existente.

Con la salvedad de Habermas, este trabajo se ha realizado
fundamentalmente con remisi�n a fuentes espa�olas por varias razones.
Habermas tiene mucho que decir porque su sociedad, la alemana, tampoco
quiere reconocerse en su pasado, y su memoria se resiste a ser
ejercida (de modo semejante a lo que acontece entre nosotros). En
cuanto a las ideas de Isaiah Berlin, Gellner, A. Smith, Kedourie,
Hosbawn, W. Kymlicka, etc... no dejan de tener su inter�s, siempre y
cuando guarden alguna relaci�n o nexo con nuestra propia historia o
nos sirvan para racionalizarla. Como ya se ha intentado poner en
pr�ctica en alguna otra ocasi�n (J.I. Lacasta-Zabalza y J.M. Mart�nez
de Pis�n, 1998). Incluso hay quienes, a trav�s del examen cr�tico de
la obra de Kymlicka aducida por Albert Branchadell, han llegado a muy
interesantes conclusiones pr�cticas sobre el nada suave problema
-aunque hinchado en exceso- de El liberalismo y la normalizaci�n en el
uso de la lengua catalana (R. Casares e I. Alvarez Dorronsoro, Hika n�
88 de 1998, pp. 31-34). Pero, definitivamente, no podemos quedarnos en
la superficie de demostrar qui�n est� m�s a la �ltima en el
conocimiento de la bibliograf�a internacional -por supuesto, muy
occidental y preferentemente anglosajona- de la filosof�a jur�dica y
pol�tica tocante a los nacionalismos.

Es de no poca entidad lo que nos jugamos y nuestra experiencia es
mucho m�s rica que cualquier teor�a liberal de importaci�n. Tanto que,
como ya se hizo notar, este asunto est� indefectiblemente unido al
quehacer constitucional e hist�rico de nuestras libertades
democr�ticas y derechos individuales.

Por de pronto, el patriotismo constitucional espa�ol tendr�a que
prestar m�s atenci�n al conocimiento sociol�gico de la realidad en la
que se mueve. Y aprender, sin enga�arse, que las dosis de
antiseparatismo irracional son muy superiores a la pasi�n racional que
deber�a de suscitar el Estado democr�tico de Derecho. V�ctor
P�rez-D�az ha observado no hace mucho la escasa identificaci�n de la
sociedad espa�ola con el imperio de la ley. Los d�biles lazos
existentes en el "compromiso y la implicaci�n moral de los espa�oles
con un r�gimen -el constitucional de 1978, escribe P�rez-D�az- por el
que han luchado, en realidad, poco". Asusta de veras, culturalmente
hablando, que:

"muchos espa�oles mantengan una relaci�n de moderada distancia y como
de exterioridad respecto a un estado democr�tico que es, en principio,
suyo".
Las ciudadanas y ciudadanos parece que "carezcan de impulso para, en
su caso, defenderlo". Tampoco la sociedad espa�ola asemeja saber muy
bien d�nde se encuentra, cu�l es su geograf�a y cu�les son sus
relaciones internacionales convenientes. Pues, seg�n P�rez-D�az, es
llamativo que los espa�oles no "tiendan a plantearse siquiera cu�l
pueda ser el inter�s nacional que ese estado debiera promover en el
ancho mundo" (V. P�rez-D�az, Claves de Raz�n Pr�ctica, n� 77 de 1997,
pp. 2-9).

Esa inconsistencia del soporte cultural y social del patriotismo
constitucional s� que ha de hacernos reflexionar. No hay entusiasmo
colectivo por los derechos fundamentales y hay una "exterioridad" con
respecto a �llos, porque la sociedad espa�ola en su conjunto no
particip� debidamente -y en las proporciones de otros pa�ses como
Francia o Portugal- en la consecuci�n de la libertad mediante "un
esfuerzo largo, arriesgado, sacrificado y -concluye P�rez-D�az-
costoso". El antifranquismo espa�ol, de donde arrancaron esos riesgos,
esfuerzos y sacrificios sin cuento, es muchas veces un perfecto
desconocido, cuando no un vilipendiado, en la sociedad espa�ola. Sus
dimensiones, las del antifranquismo, no eran tan peque�as; pero se
trataba tan s�lo de vanguardias, y, en el mismo sentido cultural, de
minor�as. Minor�as amplias podr�a ser su definici�n sociol�gica; pero
cuya cultura de la resistencia no perme� debidamente la pasividad, la
apat�a, la inercia ni, m�s que nada, los miedos de los mayoritarios
sectores de la sociedad espa�ola. Una porci�n de la cual se benefici�
de la dictadura, la apoy�, consinti� o colabor� con el franquismo. Y,
en conjunto, simpatiz� escasamente con el antifranquismo; no solamente
por su discutible peque�ez, pues a la hora de clausurarse el Tribunal
de Orden P�blico en 1977 hab�a unas 5.300 causas abiertas en 1976 (por
"delitos" que luego han sido derechos fundamentales, como la libertad
de expresi�n que entonces era "propaganda ilegal"). Sino porque aqu�
ha entrado en juego algo parecido a lo ocurrido en la sociedad
alemana: se ha generado la desmemoria querida, la amnesia colectiva
dicen algunos, la falta de coraje c�vico decimos otros.

Para recordar el antifranquismo habr�a que reconstruir c�mo era el
franquismo y hay mucha gente que no lo desea. Y hoy d�a �se no es un
deseo lo que se dice sano, sino, a estas alturas, lo que vemos es m�s
bien un criterio enfermo; entre inculto y miedoso. Que impide aprender
de lo duro y peliagudo que ha sido que haya libertades y estabilidad
democr�tica en el sistema espa�ol. Es curioso, pero es -llam�mosle por
su nombre- una muestra de cobard�a, que todav�a hoy, a fin del siglo
XX, la sociedad espa�ola encuentre su Acta memor�stica fundacional en
la guerra civil. El oportunismo de esta memoria queda bien retratado
en otro estudio sociol�gico de P�rez-D�az, pues: "En la
guerra-como-tragedia, la responsabilidad y la culpa son menores y
deben ser repartidas por ambos bandos" (V. P�rez-D�az, 1996, p�gs. 28
y 29).

Ya se sabe: todos fu�mos crueles (incluso quienes no hab�amos venido a
este mundo); los rojos y sus asesinatos de curas, los unos y los
otros, el canibalismo, Abel y Ca�n, la persecuci�n del hermano, etc...
Todo, menos indagar d�nde estaban la legitimidad de la Constituci�n de
1931, los Estatutos de Autonom�a y el sufragio universal. Que por ah�
se deber�a, a lo Habermas y en buen razonamiento patri�tico y
constitucional, de empezar.

Pero ya hay magn�ficos estudios que permiten racionalizar lo
acontecido en la guerra civil. Y los que aparecer�n, desde �stas y las
otras perspectivas. Lo que ocurre es que quienes vivimos hoy y aqu�, y
hasta la inmensa mayor�a de quienes participamos en la resistencia
antifranquista y estamos entre los vivos, no hab�amos nacido en 1936 y
no tenemos arte ni parte en el fratricidio b�lico de nuestros
progenitores y abuelos.

Esta fundaci�n guerracivilizadora de la actual Espa�a tiene muy serios
inconvenientes. El primero es su notoria falsedad y la diluci�n
completa de la noci�n de responsabilidad. Porque si la "culpa" es de
la guerra, desaparece todo lo sucedido entre el 1 de abril de 1939 y,
siendo generosos, noviembre de 1975. Aunque la sociedad de Espa�a de
1977 nos revele que en los Pactos de la Moncloa todav�a se discut�an
cuestiones que pertenecen a la m�s estricta intimidad personal, como
son la "regulaci�n de la venta de anticonceptivos" y la
"despenalizaci�n del adulterio y del amancebamiento" (El Pa�s, 25 de
octubre de 1997). Y esa incre�ble mezcolanza de religi�n y derecho,
delito y pecado, esa jur�dica falta de respeto a la conciencia
individual de la ciudadan�a, ser�a demasiado c�nico cargarla encima de
la muy manida guerra civil. Y a quienes a�n les guste ir
oportunistamente tan atr�s, pueden con toda minuciosidad comparar la
liberal legislaci�n republicana del C�digo penal de 1932, sus reales
normas de equiparaci�n de mujeres y hombres, y, por contra, la
penalizaci�n del adulterio (la calderoniana vindicta in honore hasta
1963) y dem�s propuestas, "sem�ticas" que dir�a Am�rico Castro,
dedicadas al amontonamiento de pol�tica estatal, moral religiosa y
leyes.

Lejos, muy lejos de estas p�ginas cualquier idea tali�nica. Y
responsabilidad, por fin, quiz� pueda querer decir lo que significa. A
nadie se le puede perseguir jur�dicamente por lo que hizo entre 1939 y
1977. Se trata de una responsabilidad, en la idea de Habermas, de
car�cter "pol�tico-moral". Incompatible con un ruin "todos est�bamos
bajo el franquismo", parejo al alem�n "estar en el nazismo"; porque no
es lo mismo "estar" en un campo de concentraci�n que ocupando una
c�tedra universitaria, presidir un Consejo de Guerra que sufrir su
sentencia de muerte, mandar la polic�a pol�tica que ir a la c�rcel por
las ideas de uno y la libertad de los dem�s. Que no se nos diga, pues,
como en Alemania, que aqu� no pas� nada salvo en la guerra. Ahora
bien, no estar�a de m�s remover los Archivos policiales y militares,
todos los Consejos de Guerra y la actuaci�n de los tribunales
excepcionales, el de la Represi�n de la Masoner�a y el Comunismo y el
Tribunal de Orden P�blico, con sus miles de causas y sentencias, sus
encarcelados, fusilados y agarrotados, para que las nuevas
generaciones supieran por lo menos de d�nde vinieron sus derechos. Si
la Constituci�n, en su art�culo 117.6, dice que "Se proh�ben los
Tribunales de excepci�n", a no ser que queramos potenciar la
insensibilidad jur�dica m�s absoluta, que se sepan el cabal
significado y los antecedentes de esa disposici�n.

"Por la caridad, jam�s nos entr� la peste" en la sociedad espa�ola. Al
rev�s de lo que nos ense�� la parte menos cristiana de nuestro
catolicismo patrio. "Paz, piedad y perd�n" es la propuesta m�s
evang�lica que se formul� en la contienda espa�ola y su autor es un
hombre tan laico como Manuel Aza�a. No es, pues, una blandenguer�a
humana ejercer la piedad, aunque sea un sentimiento tan ajeno al
nacionalcatolicismo espa�ol. Con esa virtud en lontananza, se es
responsable en esta vida de lo que se hizo y se perdona lo que nos
hicieron. De lo que no se conoce ni queremos acordarnos nada tenemos
que perdonar; pero esto �ltimo es entre necio y peligros�simo, porque
tiene sus ra�ces, como el olvido en Alemania, en un enorme autoenga�o,
hipocres�a o mentira colectiva. Como piensa Javier de Lucas: "el
perd�n s�lo puede ser eficaz si arranca de la verdad" (El Pa�s, 11 de
noviembre de 1998).

En el peri�dico mexicano La Reforma, de 10 de marzo de 1998, pudo
leerse en una entrevista a Felipe Gonz�lez su siguiente opini�n:

"Pasar la p�gina de la historia para m� significa olvidar. El General
Guti�rrez Mellado, participante en la guerra civil y vicepresidente
con Adolfo Su�rez, me pidi�, antes de que yo llegara al Gobierno, que
por favor esperara a que estuviera muerto para remover los rescoldos o
las cenizas porque todav�a, dijo, hab�a fuego debajo. Yo fui el
Presidente del Gobierno en el 50 aniversario del comienzo y del final
de la guerra civil. Era una gran oportunidad para haber hecho un
ajuste de cuentas con la historia. No pas� as�. Lo acept� como una de
las reglas de juego del poder. Saquen las consecuencias que quieran.
Cada pa�s tiene su propia historia. Ning�n pa�s se ha permitido
revisar su historia en tiempo real. Se analiza lo aparente, lo que hay
encima de la mesa, pero no lo que hay debajo. La autocontenci�n para
conducir un proceso hacia el pluralismo y las libertades es la mejor
consejera del mundo, es casi la esencia de la democracia".
Por su parte, el editorial del diario El Pa�s de 26 de julio de 1998,
titulado La hora de la responsabilidad, a prop�sito del terrorismo de
Estado y la sentencia condenatoria del caso Marey, nos dice:

"...a muchos militantes y dirigentes -del PSOE- les resulta muy
doloroso aceptar que los suyos paguen por lo que no pagaron los que
sirvieron a la dictadura o los que realizaron actividades parecidas en
gobiernos anteriores. Hay entre muchos socialistas una sensaci�n de
injusticia atribu�ble a las peculiares caracter�sticas de nuestra
transici�n".
O sea que nos movemos entre "todos somos responsables de todo" (de la
guerra civil cruenta en la que no estuvimos) y "nadie somos
responsables de nada" (ni en el franquismo, la transici�n ni en el
r�gimen constitucional).

Pues habr� que rechazar contundentemente esta fundamentaci�n, porque
la impunidad de quien manda en cualquier momento no puede ser, de
ninguna de las maneras, la esencia de una democracia constitucional.

Gobernar no puede ser una tarea de "se�oritos satisfechos", de quien
se cree -escribe Ortega y Gasset- que "nada es fatal, irremediable e
irrevocable"; de quien piensa que, en confianza o en familia, "todo,
hasta los mayores delitos, puede quedar impune". Esto es propio de
quien se permite ser fr�o ante el dolor del pr�jimo, porque lo
desconoce; es algo igualmente propio de malcriados y enriquecidos que
no saben de esfuerzos y, en definitiva, como para Ortega: es el
gobierno de una "anormalidad superlativa" (J. Ortega y Gasset, 1998,
p�gs. 210 y 211).

Habr�a que desterrar esas "anormalidades" de nuestro sistema
constitucional, m�s bien caracter�sticas de quienes ejercieron ese
se�oritil mando bajo el franquismo y de quienes desgraciadamente les
imitaron. Y una vez aceptado que no se pueden exigir responsabilidades
jur�dicas concretas por lo que se hizo en el franquismo, no estar�a de
m�s: a) que se recuerde claramente lo que pas�, sus autores y v�ctimas
y b) que cada cual responda �ticamente en esta sociedad por lo que
hizo y hace efectivamente en la etapa en la que le toc� vivir.

Javier de Lucas reflexionaba no hace mucho sobre la zozobra que crea a
un profesor de filosof�a jur�dica que la impunidad campe por sus
fueros en un sistema pol�tico. �C�mo explicar a los estudiantes que
eso no debe de ser as�, sin tener a mano ejemplos hist�ricos claros?
Javier de Lucas destaca los inconvenientes de la v�a de reencuentro "a
corto plazo" con la desnuda verdad que se ha elegido en Sud�frica, con
la excelente figura �tica de Nelson Mandela en el capitaneo de la
operaci�n de reconocer cada cual lo que caus�. Pero tambi�n advierte
de Lucas que esa v�a memor�stica "quiz� asegura m�s la estabilidad" de
una democracia. La "impunidad -prosigue Javier de Lucas- colisiona en
no pocas ocasiones con la prudente necesidad de estabilidad social y
pol�tica, sobre todo en Estados que, habiendo sufrido (cometidas por
el poder pol�tico) violaciones grav�simas a los derechos humanos" han
de realizar transiciones donde "los antiguos verdugos" todav�a
"conservan poder para echar marcha atr�s" (El Pa�s, 11 de noviembre de
1998).

El caso de Espa�a no es el de Sud�frica, porque ya hace casi treinta
a�os que muri� el dictador Franco. Y tampoco hay ya un riesgo de
"involuci�n". El conocimiento p�blico de lo que hizo el franquismo
seguramente incomodar�a lo suyo "a los antiguos verdugos" y todo tipo
de represores y acompa�antes. Habr�a que tener un humano cuidado en el
tratamiento de este asunto, pero nada ni nadie deber�a de impedir la
difusi�n y publicidad de la verdad. Toda la gente, y m�s que nadie la
juventud, saldr�a ganando. De paso, la beatificaci�n televisiva de
personajes como Jos� Mar�a Pem�n, converso a la democracia, no deber�a
de ocultar su pasado depurador de profesores republicanos ni el de
propagandista antisemita. Siquiera fuera para sopesar racionalmente
las enormidades de los cambios de este Divino Impaciente o,
sencillamente, para no enga�ar al gran p�blico.

Y, de la guerra civil, se puede decir y escribir lo que se quiera de
todos sus aspectos (si hay detr�s una seria investigaci�n). Tanto si
quedan fatal los id�licos anarquistas de Tierra y Libertad (que
tambi�n fusilaron repugnantemente a sacerdotes en la retaguardia),
como los asesinos estalinistas de Andreu Nin, como el fusilamiento de
sacerdotes vascos a cargo de los muy cat�licos franquistas, como el
hecho de llamar Cruzada al asesinato antievang�lico de los propios
hermanos, como que, ya m�s cerca de nuestra profesi�n, la asignatura
de Derecho Procesal fuera depurada casi al completo y la Filosof�a del
Derecho en una gruesa proporci�n; y no deber�a de ser ning�n obst�culo
investigar qui�nes fueron los perjudicados y beneficiarios de esas
inconstitucionales medidas, los delatores, etc, etc... "Viven muchos
todav�a" (o est�n demasiado recientes sus muertes) se suele decir
cuando se toca este asunto. Tambi�n viven muchas de las v�ctimas o
fenecieron no hace mucho; personas que obtuvieron en su d�a las
c�tedras y puestos por medios legales y constitucionales y a quienes
no se les ha dado ni esa m�nima reparaci�n moral que es la del
ejercicio claro de la memoria.

No pasa, no debe de pasar, con el recuerdo de la guerra civil,
absolutamente nada. Y si m�s de medio siglo despu�s pasa, es que,
culturalmente, no tenemos remedio.

Siguiendo a Habermas, esto no es una Filosof�a de la Historia, ni
historicismo ni una hermene�tica al uso. Esto no se resuelve con una
investigaci�n de libro, sino con un giro cultural de la conciencia
social. Giro que deber�a de ser impulsado desde diferentes lugares
propagand�sticos y en el que los conservadores inteligentes habr�an
igualmente de volcarse. Dice Habermas que: "Fue por primera vez el 8
de mayo de 1985, es decir, cuarenta a�os despu�s del fin de la Guerra,
cuando un presidente de la Rep�blica Federal se atrevi� a entender la
derrota del r�gimen nazi, desde ese contexto hist�rico, como nuestra
liberaci�n de una dictadura" (J. Habermas, 1998, p�g. 113).

La comparaci�n germ�nica viene que ni pintada para la situaci�n
espa�ola. Porque ni el actual Jefe del Estado espa�ol ni los
Presidentes de Gobierno han pronunciado una condena clara, sin
equ�vocos, del r�gimen de Franco ni su incompatibilidad con la
Constituci�n de 1978. El Rey, porque no consiente -como nos enteramos
en TVE en una c�lebre entrevista de una periodista- que "se hable mal
de Franco en su presencia". Cuando lo primero que sugiere esta actitud
regia es lo siguiente: �y c�mo se habla bien de un dictador militar?
La TVE suele emplear en los telediarios una curiosa definici�n de
Franco, que ha sido criticada con justeza por el catedr�tico
constitucionalista Marc Carrillo; la televisi�n habla del dictador
como "el anterior Jefe del Estado". Se camufla as� -como tantas veces-
el problema de la legitimidad. Si Felipe Gonz�lez se pase� por esos
mares en el Azor de Franco, no es precisamente un corte con ese pasado
dictatorial lo que nos quiso transmitir; sino una continuidad con lo
anterior. Del actual Presidente Aznar no aguardemos l�gicamente una
oposici�n a la pasada dictadura, aunque, en honor a la verdad, ha
tenido algunos gestos leves y laudables manifestados en su actitud con
Rafael Alberti o, a pesar de su nula proximidad con la cultura del
personaje, en el reconocimiento p�blico del republicano Max Aub.

No ha sido la menor de las anterioridades la vuelta de los despojos de
Alfonso XIII para ser enterrado en El Escorial con honores de Jefe de
Estado. Un rey que nada tiene que ver con el patriotismo
constitucional; que parece casi la ant�tesis de esta doctrina. El rey
perjuro a la Constituci�n de la Restauraci�n (R. Borr�s, 1997). El rey
y comandante en jefe del Ej�rcito en la desastrosa guerra del Rif, con
sus decenas de miles de bereberes y espa�oles muertos en feroz
degollina. El rey que lo fue de la Dictadura de Primo de Rivera. El
que felicit� a Franco por su sanguinolento triunfo en la guerra. En
fin, hay personajes hist�ricos que aunque nos cuenten lo simp�ticos -y
hasta rijosos- que eran, sabemos qui�nes eran y su nula relaci�n con
la democracia.

Con las anterioridades, como en Alemania, nos quedamos sin el pasado
cultural de los derechos fundamentales. Que no solamente fueron fruto
del acuerdo, del "consenso", pese a sus ben�ficas consecuencias
institucionales que admitimos hasta los que en su d�a lo criticamos.
Parece como si nuestra historia jur�dica reciente la hubiera escrito
una caricatura de Savigny. El "partido de la santidad del Derecho",
para el cual se formaban las leyes como las reglas gramaticales o por
sedimentaci�n de sus diferentes capas y estratos institucionales. Si
hay hoy un "derecho de asociaci�n" (art�culo 22 de la Constituci�n) es
tambi�n por los miles de personas condenadas y procesadas por
"asociaci�n il�cita" en la actuaci�n del Tribunal de Orden P�blico.
Tenemos a Savigny, que es una buena compa��a metodol�gica, aunque
-como se se�al�- en caricatura. En Espa�a falta Ihering (R. Ihering,
1989, p�gs. 65 y 66); que seguramente nos ayudar�a l�cidamente a
interpretar nuestro pasado:

"Todas las grandes conquistas que en la historia del derecho pueden
registrarse, la abolici�n de la esclavitud, de la servidumbre, la
libre disposici�n de la propiedad territorial, la libertad de la
industria, la libertad de conciencia, no han sido alcanzadas sino
despu�s de una lucha de las m�s vivas que con frecuencia han durado
varios siglos, y muchas veces han costado torrentes de sangre".
La lucha por los derechos fundamentales de la actual Constituci�n,
aspecto preterido irresponsablemente de nuestra historia jur�dica, no
dur� "siglos", sino todos los a�os del antifranquismo opuesto a
aquella dictadura militar. Y, desde luego, cost� mucha sangre. Si la
sociedad no quiere saber lo que cost�, y tampoco se les ense�a a las
nuevas generaciones, no ha de extra�arnos esa "relaci�n de
exterioridad" con el Estado democr�tico de Derecho que los soci�logos
critican en la actitud de la ciudadan�a espa�ola.

Nuestra memoria se parece demasiado al callejero de la hermosa ciudad
de Le�n. Donde se pueden encontrar calles con los nombres de Legi�n
C�ndor, General�simo Franco y Constituci�n. La Legi�n alemana
testimonia la acci�n de gracias a los nazis por el apoyo en nuestra
guerra al bando anticonstitucional, Franco el del agradecimiento al
mayor dictador de nuestra historia moderna y la Constituci�n simboliza
la reinstauraci�n de la democracia. Valores absolutamente
incompatibles que hablan de una incoherencia �tica e hist�rica
impresionante. Habr� que reconocer que es m�s coherente el callejero
de Jerez de la Frontera, que combina a Carrero Blanco con el Dictador
Primo de Rivera. Pero tambi�n tiene sus incoherencias, pues no hay
manera de relacionar las indecentes ilustraciones antiisl�micas y
antibereberes del enorme y ecuestre monumento jerezano a Primo con la
preciosa y pr�xima mezquita restaurada del Alc�zar.

Hablamos de una identidad nacional y constitucional de todo y partes.
Y una calle como la leonesa dedicada a los legionarios nazis que
bombardearon Guernica, quebranta cualquier posible conciencia
compartida. Insulta a la poblaci�n civil de Guernica, que se acuerda
perfectamente de un d�a de mercado en el que murieron a mansalva
progenitores y abuelos. Violenta la sensibilidad de cualquier vasco
dem�crata, nacionalista o no. Deja al patriotismo constitucional
espa�ol a la altura del rid�culo, si se piensa que el Parlamento
alem�n acord� aprobar una reparaci�n moral y econ�mica a la poblaci�n
guerniquesa. Ofende a cualquier antifascista espa�ol que se sienta
representado por el s�mbolo pict�rico picassiano. Hasta molesta al
sentido com�n. Por eso es tan importante cimentar una identidad de
todo y partes sobre la memoria de lo acontecido y por eso es tan grave
la insensible desmemoria instalada.

Y a�n m�s, como el nacionalismo espa�ol no ha acudido a su cita con el
pasado, o se expresa en su seno ese caos cultural como el de las
comentadas calles de estas -y otras- ciudades, los nacionalismos de la
periferia, que no tienen ning�n problema para beber de su
antifranquismo, aparecen como algo mucho m�s compacto, m�s coherente,
m�s sincero con el ayer inmediato. Y, lo que es peor, diferente en lo
que no deber�a de serlo. Lo que se revela hasta en los s�mbolos y su
uso. Un nacionalista catal�n, al que se le puede reprochar todo el
"victimismo" que se quiera seg�n los dicterios habituales, puede decir
y lo dice, sin faltar ni un pelo a la verdad, que Franco aboli� por
las armas su Estatuto de Autonom�a republicano, que el franquismo
reprimi� hasta l�mites absurdos el uso del catal�n, que, incluso, como
Jordi Pujol, pudieron ser encarcelados por su catalanismo y que sus
ideas presuponen una recia oposici�n al r�gimen franquista. Es verdad,
y lo recuerdan porque quieren y deben recordarlo, que Llu�s Companys,
el Presidente republicano de la Generalitat, fue fusilado por Franco y
entregado a �ste por la Gestapo nazi y el R�gimen de Vichy. Esta
remebranza es toda una operaci�n simb�lica dotada de un claro y
preciso antifranquismo y un enlace constitucional con la legalidad
republicana representada hist�ricamente por Companys. Y, para colmo,
los nacionalistas catalanes -y quienes no lo son como Borrell- se
saben muy bien la letra y m�sica de Els Segadors, vibrante, con sabor
a jacquerie o a la abolici�n de la rabassa morta.

Y luego, profesionales de la politolog�a, pero cegados por su
patriotismo prepol�tico, como Manuel Ram�rez, se inquieren sin saber
las causas: "�En qu� pa�s civilizado del mundo se plantea ahora el
tema de su himno y se dan los pasos adelante y atr�s que acabamos de
vivir en nuestra piel de toro?" (El Pa�s, 15 de enero de 1998). En el
pa�s que no ha sabido ofrecer un pasado com�n democr�tico y
constitucional a la memoria de las partes y al todo.

El nacionalismo espa�ol, para decir s� en lugar del cerril no, ha de
percibir con claridad que esa fuerza simb�lica del nacionalismo
perif�rico la extrae culturalmente de su enfrentamiento sin complejos
con la memoria. Con la constitucionalidad de la legalidad republicana
de 1931 y su corte antifranquista en todos los terrenos ideol�gicos y
jur�dicos. Y que ese territorio republicano y antifranquista habr�a de
ser com�n; porque, si no lo es, no se puede -salvo burda enga�ifa-
descargar ese grave d�ficit democr�tico sobre las espaldas culturales
de nuestras nacionalidades.

De todas maneras, y ya que estamos con el ejemplo catal�n, a ning�n
nacionalista de ese lugar se le ocurrir�a acudir a la anterioridad de
Alfonso XIII ni a la del dictador Primo de Rivera.

El objeto de este trabajo es el nacionalismo espa�ol y no la cr�tica
de los otros nacionalismos. Colateralmente, se puede, sin embargo,
avanzar alguna tesis. Con la aceptaci�n de lo propuesto por Habermas,
estos nacionalismos que tuvieron su Estatuto de Autonom�a al socaire
de la Constituci�n republicana, guardan una buena conexi�n con la
memoria. Sus defectos vienen m�s bien de la interpretaci�n de la
historia, de su historicismo del que extraen una legimitidad que es
tan dudosa como la del prepoliticismo espa�ol. La Edad Media, a la que
nadie resta importancia, parece que est� demasiado cerca y no en su
debido tiempo. Como en el bien editado, trabajado y documentado libro
de Tom�s Urzainqui y Juan Mar�a Olaizola La Navarra mar�tima (T.
Urzainqui y J.M. Olaizola, 1998). El libro tiene la ventaja de
desmontar, desde el nacionalismo vasco-navarro bien informado, las
tesis independentistas de Sabino Arana y su inventada construcci�n
foral. Para nuestra materia es interesante el recordatorio de Thomas
Hobbes y su idea cr�tica de 1651 contra "los poderes temporales del
papado" usados indebidamente -seg�n Hobbes- para la incorporaci�n de
Navarra a Castilla. Ahora bien, el asunto de la estatalidad navarra en
el siglo XIX (p�g. 301), aunque tiene su raz�n existencial como lo ha
demostrado Alejandro Nieto al describir el Estado carlista, es una
exageraci�n de la que no cabe deducir tantas conclusiones como
Urzainqui y Olaizola. El proyecto de Seraf�n Olave de 1883 es eso y
nada m�s: un proyecto. Es cuesti�n de opiniones, pero esclarece
much�simo m�s la perspectiva habermasiana de la
"constitucionalizaci�n" y su dimensi�n encontrada al compartir los
procedimientos democr�ticos, garant�as y derechos fundamentales. Esta
perspectiva reduce o relativiza el peso de la Historia institucional,
que no constitucional; y es ah� donde se produce la falta de
coincidencia con cierto pensamiento nacionalista, sin duda democr�tico
y erudito, como el de Urzainqui y Olaizola.







4.- Final posible (con el permiso de Manuel Aza�a y Benito P�rez
Gald�s): la voluntad democr�tica y geom�trica -que no aritm�tica- de
las partes y su encaje con el todo. Entre Europa y Marruecos o el
verdadero lugar de Espa�a en este mundo.




En el seno de la intelectualidad espa�ola opuesta a los nacionalismos
perif�ricos se ha producido un retroceso cultural, un repliegue
conservador, por comparaci�n con la historiograf�a del liberalismo y
del republicanismo espa�ol mejor formado cual es el de Francesc Pi i
Margall y el de Manuel Aza�a. Este renacido y nada original
orteguismo, m�s consciente en unos y m�s inconsciente en otros, pero
producto de la irritaci�n antiseparatista y de la pereza reflexiva, ha
aflorado estos �ltimos a�os so capa de nacionalismo espa�ol, aunque de
cu�o -en la aqu� adoptada direcci�n habermasiana- bien poco
constitucional, y ha podido ser se�alado cr�ticamente como uno de los
principales "g�rmenes del antipluralismo" de la vida intelectual en la
actual sociedad de esta -que lo es tambi�n y no s�lo- Espa�a uniforme
(J.I. Lacasta-Zabalza, 1998).

El titular del Premio Nacional de Literatura (Ensayo) de 1998, Jon
Juaristi, se ha convertido as� en un aut�ntico or�culo de materias en
las que �l no es ning�n experto. Habla con gran soltura de asuntos que
desconoce al completo, tr�tese del Derecho foral y su significado, del
Derecho Constitucional o de la Historia de las Instituciones. Juaristi
-con mayor desmesura en este punto que el propio Vargas Llosa-
sostiene que: "El Pa�s Vasco no ha sufrido grandes agravios hist�ricos
de la Corona espa�ola, ni siquiera en la �poca liberal" (A. Espada y
J. Juaristi, Ajoblanco, n� 106 de 1998, pp. 53-59).

Como Manuel Aza�a pensaba precisamente lo contrario de lo que hoy dice
Juaristi, responsabilizando -como ya se record� en este trabajo- a la
Corona y su "asimilismo militar" de la respuesta nacionalista
vasco-navarra y catalana, queda patente la vuelta atr�s de signo
conservador que significa esa visi�n hist�rica de Juaristi.

Tambi�n Juaristi asevera solemne y categ�rico en este mismo reportaje
que:

"Jam�s ha existido un Estado Vasco independiente o una monarqu�a vasca
independiente".
�Y qu�? Se le podr�a responder con alguna contundencia. Porque de lo
que no hay ninguna duda es de la persistencia de un nacionalismo vasco
que ocupa hoy hasta el Gobierno auton�mico y la mayor�a parlamentaria
de ese Pa�s. Entre el PNV, EA y EH han obtenido en las �ltimas
elecciones auton�micas de 1998 unos 679.000 votos, que no parecen
guardar mucha conexi�n con las disquisiciones acerca de la "monarqu�a
vasca independiente" ni con Teodosio de Go�i o I�igo Arista.

De todas maneras, es llamativo c�mo Juaristi viene a resucitar el
mismo tipo de ideas que la historiograf�a m�s conservadora del
nacionalismo espa�ol. La de Men�ndez Pidal, que se opuso en 1932 a los
"proyectos de estatutos auton�micos", escribe Aza�a, desde un criterio
"unitario e historicista". "Argumenta -recuerda Aza�a de Men�ndez
Pidal- con que Catalu�a y Galicia nunca han sido independientes" (M.
Aza�a, 1981, vol. 1, p�g. 61). A lo que Aza�a replicaba juicioso:

"...no va a la ra�z de la cuesti�n, que es como debe atacarla un
pol�tico: la existencia real (por mucho que contradiga a la historia)
de una voluntad secesionista en varias regiones."
Ah� radicaba y radica exactamente el asunto y no en esa sustituci�n de
la historia por la "melancol�a" del antiseparatismo de Juaristi.

Claro que, para llegar a captar ese pensamiento de Manuel Aza�a, es
preciso no dejarse seducir por el Aza�a derrotado en la guerra civil.
L�cido, pero derrotista; y el derrotismo no es en verdad lo que ahora
se necesita, si es que se quiere construir -o reconstruir- un
pensamiento plurinacional. Que el intelecto oficial -y el
ultraconservador- goce m�s con el �ltimo Aza�a, el fatalista, es
tambi�n todo un s�ntoma de la ausencia de creatividad cultural y de
ideas "multinacionales" que reina entre nuestros medios pol�ticos e
intelectuales.

Por eso es conveniente detenerse en esta magn�fica y racional teor�a
de la voluntad democr�tica de Manuel Aza�a. Desde su filosof�a
jur�dica constituyente se puede fabricar un programa cultural que
aquiete las pasiones insanas del antiseparatismo y permita cavilar m�s
y mejor en t�rminos de entendimiento y conciliaci�n del todo con las
partes.

Esta teor�a de Aza�a redivivo la componen varios y valiosos
ingredientes:

A) Una racionalidad jur�dica y pol�tica, m�s all� de todo prejuicio y
t�pico nacional malsano.

La organizaci�n de las partes con el todo ha de ser el resultado
principal del querer libre de los elementos implicados en esa
articulaci�n constitucional del poder, de los poderes. Lo peor que se
puede hacer es otorgar carta de naturaleza a las ideas de quienes
atribuyen en exclusiva a las nacionalidades perif�ricas, dec�a Aza�a,
las "agresiones, las codicias, los apetitos, los intereses ego�stas"
que supuestamente est�n "contra el inter�s permanente del Estado
espa�ol". Este "es un prejuicio que hay que disolver", sentenciaba muy
inteligente Manuel Aza�a (1977, pp. 5, 12-14 y 40-42).

Este prejuicio -todav�a hoy muy fuerte- es el que expande la
irresponsable idea del "peligro de la dispersi�n de las partes de
Espa�a" desde una presuposici�n r�gida del "concepto de unidad
nacional". Concepto que confunde -a juicio sagac�simo de Aza�a- la
"unidad hist�rica de la monarqu�a espa�ola" con "la uni�n de los
espa�oles bajo un Estado com�n". Esa "uni�n" solamente puede ser
constitucional y libremente consentida. Sin libertad, una vez m�s, no
hay nada que hacer. Por eso coincide hist�ricamente la organizaci�n
auton�mica en la reflexi�n aza�ista con "los preceptos garantizadores
de la libertad individual" y con "la Constituci�n republicana de
1931".

Palabras de Aza�a que tienen su utilidad, ya que todav�a hay quien
confunde, como Juan Pablo Fusi, la "unidad mon�rquica" con la "unidad
nacional" (El Pa�s, 17 de noviembre de 1998). Pues este historiador
mantiene que: "Espa�a fue, con Francia e Inglaterra, una de las
primeras entidades nacionales de Europa".

Y tambi�n la actitud ante los nacionalismos perif�ricos ha de ser
democr�tica, de intentar su entendimiento, el de sus motivos, justos o
no, para poder construir un razonamiento compartido. Nada m�s lejos de
esta conducta liberadora que el autismo con el que se conducen no
pocos pol�ticos y miembros de la sociedad espa�ola partidarios del
todo. "�Uf!, estos catalanes, �qu� pesados!, que nos dejen en paz".
As� se burlaba Aza�a de sus contempor�neos "unitaristas" y as� podr�a
mofarse de mucha gente de la autosatisfecha intelectualidad espa�ola
de final del siglo XX.

Incluso personas preocupadas por las garant�as y libertades, por el
cierre definitivo de la violencia etarra, que no caen en la hipocres�a
de pensar "que a los presos -vascos- los llevan de Canarias a C�diz
para acercarlos", como es el caso de Eduardo Haro Tecglen, han pasado
a engrosar las filas del partido del "�Uf!" que Aza�a criticaba. Pues,
en su art�culo No me hable m�s de Euzkadi, Haro Tecglen conclu�a: "no
me hable de esos pa�ses, naciones, territorios, provincias, etnias,
culturas, regiones, lo que sean" (El Pa�s, 4 de enero de 1999).

En la descrita pol�mica autonomista parlamentaria, Manuel Aza�a
reprobaba a quienes responsabilizaban a los catalanes de crear ellos
mismos la cuesti�n catalana. Reprochaba a Ortega y Gasset su
superficial e historicista descalificaci�n del catalanismo como una
doctrina de "frustraci�n" e "irredentismo". Los nacionalistas no han
inventado en exclusiva sus doctrinas para crear un "conflicto
irresoluble", como pensaba Ortega del catalanismo.

Posiciones orteguianas sobre el "irredentismo" que habitan entre
nosotros, ahora referidas al nacionalismo vasco. Pues Jon Juaristi se
permite describirlo como un ente irracional en el que: "No hay nada
real detr�s de esa melancol�a permanente". Porque: "Ella misma crea el
objeto perdido" (Ajoblanco, n�m. 106 de 1998).

A Juaristi, como hac�a Aza�a con Ortega y Gasset, hay que confrontarlo
con la emp�rica realidad de todos los d�as. Que no es otra que la de
la pragm�tica presencia de un movimiento nacionalista vasco de fuerte
representaci�n institucional y social.

Ante el nacionalismo vasco (de los m�s variados colores pol�ticos) o
el catal�n nos situamos, como se situaba Aza�a, independientemente de
sus or�genes y del vigor cultural que lo fundamente, cuando y con
rotundidad:

"adquiere la forma, el tama�o, el volumen y la l�nea de un problema
pol�tico".
Y es "entonces -prosigue Aza�a- cuando este problema entra en los
medios y en la capacidad y en el deber de un legislador o de un
gobernante; antes, no".

Obviamente, no cabe as� un parang�n de corte aritm�tico, de uno igual
a uno, como el Estatuto de Autonom�a de Le�n de Jos� Antonio Primo de
Rivera con respecto a Catalunya. Porque la geometr�a aza�ista es una
ciencia de proporciones, de dimensiones no intercambiables; y no ten�a
-ni tiene- la misma medida pol�tica la reiteradamente expresada
voluntad nacionalista catalana (o vasca o gallega) que la de otras
zonas cualesquiera del Estado.

Aza�a ha hablado igualmente de "deber", de una �tica seria y
necesaria, ante un problema pol�tico de la entidad retratada por su
convincente geometr�a. Es tambi�n deber de todo intelectual actuar del
mismo modo, sin frivolidad y desde una perspectiva de comprensi�n, no
de discordia y descalificaci�n, frente al indudable "volumen y la
l�nea" del nacionalismo perif�rico de hoy en todas sus proyecciones.

Si el nacionalismo vasco, como quiere Juaristi, va al encuentro de lo
que nunca tuvo (la independencia), no recibi� afrentas serias del
poder pol�tico espa�ol decimon�nico ni de la Corona, se relativiza la
represi�n de esa comunidad bajo el franquismo, como tambi�n hace
Juaristi, y resulta que no hay otro problema que sus enfermedades (la
melancol�a es una enfermedad) en las que el mismo vasquismo se
regodea, entonces la "soluci�n final" es �nica: no hacer ni caso al
nacionalismo vasco. Tr�nsito irresponsable que conduce con toda
seguridad a muy graves conflictos que solamente nacen del
desconocimiento mutuo y de los desencuentros; y m�s, si cabe, de los
desencuentros premeditados.



B) Una necesaria historicidad del razonamiento nacional.

El conocimiento racional requiere la concreci�n de su historicidad
epistemol�gica. Es m�s que desvelador el desprecio por la historia de
la reflexi�n intelectual y constitucional dominante. Porque "historia"
no es necesariamente "historicismo". Historicistas son quienes, en la
definici�n de Guido Fass�: "buscan y encuentran precisamente en el
pasado de toda naci�n la explicaci�n del presente y sus razones de
actuaci�n para el futuro" (G. Fass�, 1998, vol. 3, pp. 43-45).

Historicismo constitucional es el que indaga demasiado lejos las
explicaciones del presente. De la experiencia de los "comuneros de
Castilla" contra Carlos V Emperador se puede deducir, seg�n Aza�a,
que: "o bien se admira en ella el �ltimo destello de un concepto
pol�tico medieval, o bien se advierte en ella, y se admira m�s, la
primera percepci�n de un concepto de las libertades del Estado
moderno, que nosotros hemos venido ahora a realizar". Tan lejos, la
investigaci�n hist�rica -afirmaba Aza�a- "puede tener dos caras"
(1977, p�g. 41). Y hasta muchas m�s, cabe a�adir al pol�tico
republicano.

Historicismo que est� demasiado presente en las despensas culturales
de nuestro nacionalismo perif�rico. Donde no es infrecuente el
mec�nico intercambio de la "historia de la soberan�a" por la "historia
de la libertad". Un cl�sico del nacionalismo vasco, el navarro
Hermilio de Ol�riz, buen especialista en el pensamiento jur�dico de
Mart�n de Azpilicueta y bastante atinado por lo general en sus
juicios, cae en ese error (como lo siguen haciendo no pocos
nacionalistas de la periferia). En su Cartilla Foral, Ol�riz presenta
como una "libertad" que, despu�s de la anexi�n de 1512: "El Reino de
Navarra era independiente, porque no ten�a de com�n con Espa�a m�s que
la unidad de Rey". Con su poso de verdad en t�rminos de "soberan�a
navarra", este hecho carece de proyecci�n constitucional para las
libertades democr�ticas de la ciudadan�a que nacen en el siglo XIX. En
cambio, es acertado presentar como una carencia de libertad en 1894,
como lo destaca Ol�riz, la p�rdida y el car�cter de "contrafuero" de
la competencia relativa "al nombramiento de Maestros". Porque no era
un mero problema de "competencia" que pasase a nombrarlos el Estado de
la Restauraci�n. Pues las consecuencias eran para Ol�riz "de suma
importancia" para las libertades de los navarros, ya que conceb�a, y
en un sentido muy moderno, que el derecho a hablar la propia lengua
era una cuesti�n de primera magnitud ante la estrategia represora del
euskera por parte del Estado canovista. Y Ol�riz propugnaba un
"biling�ismo" nada antiespa�ol (como �l mismo no lo era en ese punto
ni en otros) de mucha m�s raz�n que la b�rbara pol�tica del "anillo".
Pretend�a Ol�riz actuar como en las "naciones de Europa que van a la
cabeza en materia de instrucci�n", donde "no s�lo no han proscripto ni
persiguen los dialectos regionales, sino que � la par que el idioma
nacional recomiendan su estudio" (1994, pp. 190 y 195-199).

Sin dejar de criticarlo, nada justifica que un intelectual se quede
con el evidente "historicismo" de Ol�riz y soslaye caprichosamente sus
razonamientos s�lidos como los descritos acerca del euskera.

Bartolom� Clavero ha llamado la atenci�n sobre el desconocimiento
flagrante de esta historiograf�a vasca y navarra por parte del
constitucionalismo espa�ol (1998). Y sobre sus graves repercusiones en
la ignorancia de las pretensiones jur�dicas vasco-navarras. Porque,
efectivamente, podr�a ser una v�a de coincidencias con el actual
nacionalismo vasco saber qu� hay (y en qu� dosis) en su seno de
racionalidad democr�tica. Seg�n lo sintetiza Javier Villanueva al hilo
de unos comentarios suyos sobre las posiciones de Herrero de Mi��n y
los Derechos hist�ricos, es preciso considerar "que la definici�n
antiespa�ola es una de las dos �nicas novedades incorporadas por
Sabino Arana al ideario vasco tradicional". Arana no funda el
nacionalismo, sino que le a�ade el "antiespa�olismo". Su otra novedad
consisti� en "unir lo ling��stico-cultural a lo pol�tico",
proyect�ndolo -critica Villanueva- sobre un escenario naturalizado,
sobre "el �mbito natural ling��stico-cultural" (Hika, n� 95 de 1998,
pp. 23-25).

Pese a todo, a que son de mucha mayor presencia en la actual cultura
del nacionalismo vasco las reivindicaciones democr�ticas (porque,
agrade o disguste, el derecho de autodeterminaci�n pertenece a esa
categor�a democr�tica), nunca separadas del historicismo tampoco
abandonado, nuestra intelectualidad y publicistas del todo prefieren
criticar las derivaciones "�tnico-raciales" y naturalistas de Sabino
Arana. La conclusi�n es como para no cerrar los ojos ante lo que pasa,
porque el discurso intelectual y period�stico hegem�nico no tiene nada
que ver con la realidad del mundo intelectual y pol�tico
vasco-navarro, habi�ndose quedado anclado en la cr�tica del aranismo
de los a�os veinte de un siglo que ya termina.

Que el nacionalismo vasco se ha democratizado con respecto a su propio
pasado es algo que para el dogma del todo resultar� dif�cil de
admitir. Pero, con un poco de la historicidad de Aza�a y una
indagaci�n de la vida cotidiana vasco-navarra, sabremos perfectamente
que la vieja e indiscutible independentzia ha cedido el paso al
presente -y eje de todas las tendencias nacionalistas- derecho de
autodeterminaci�n. Parece que era ayer, eran los primeros a�os
ochenta, cuando todav�a la independencia predominaba sobre la
autodeterminaci�n. Proposiciones autodeterminantes que proven�an, qu�
cosas, de los sectores m�s cultivados de la izquierda marxista (vasca
y espa�ola) y de las plataformas antifranquistas compartidas (J.
Villanueva, Hika n� 82 de 1997). Y que el nacionalismo vasco ha
incorporado luego, con todas las ventajas de su formato democr�tico, a
su propio patrimonio te�rico. Patrimonio en el que, sin abandonar la
propuesta independentista, se admiten otras soluciones (confederaci�n,
federaci�n, uni�n pactada y otras), seg�n resulten las voluntades
compuestas por el juego democr�tico de las fuerzas en acci�n.

En realidad, la discusi�n, como lo puso de relieve la Declaraci�n de
Barcelona del BNG, PNV y convergentes catalanes, no puede ser m�s
jur�dico-pol�tica y menos �tnica. Porque todo gira en torno al
concepto de soberan�a. Todo, hasta la propuesta de rectificaci�n de
los Tribunales Superiores y la cr�tica a la jurisprudencia auton�mica
del Tribunal Constitucional y a su composici�n. A las que habr�a que
replicar en t�rminos siempre de raciocinio jur�dico y no con
arrojadizos "etnicismos" que no convencen a nadie que lea y despu�s
discurra.

Con un peque�o recurso a la historiograf�a, sabr�amos que esto no es
nada nuevo. Aparec�a incluso, aunque de modo primitivo, en La Primera
Rep�blica de los Episodios de Benito P�rez Gald�s. Era "el pacto
federal" un "v�nculo com�n" que quer�a servir "de aglutinante para
amalgamar diferentes estados d�biles en un gran Estado poderoso" (B.
P�rez Gald�s, 1974, tomo IV, p�g. 670).

Aunque la idea perif�rica de 1998 acerca de las "soberan�as
compartidas" se apoya en tres suelos culturales mucho m�s trabajados:

A) El navarro Arturo Campi�n defin�a en las Cortes de 1894 su idea de
soberan�a pactada de Navarra con el Estado: "en parte sometida � la
soberan�a inmediata del Rey y las Cortes, y en parte, aunque peque�a,
exenta de ella". Esto es -seg�n este nacionalista vasco- "una
grav�sima cuesti�n de derecho constitucional". Pues "el Estado legal
de Navarra se escuda con un pacto cuya materia y forma pertenecen al
derecho internacional privado, y que una de las partes contratantes no
puede alterarlo, modificarlo ni derogarlo" (H. de Ol�riz, 1994, pp.
120-122).

Estas ideas siempre han estado latentes y patentes en el seno del
nacionalismo vasco para explicar su relaci�n con el Estado espa�ol o
el Pacto con la Corona.

B) Ideas para nada incompatibles, sino perfectamente compatibles con
las inmediatamente posteriores del galleguismo. Castelao deseaba una
Espa�a "que sea fuerte para otro inter�s com�n, armonizando en una
coordinaci�n superior a las varias nacionalidades que la componen y
defendiendo la soberan�a de cada una de ellas". Una "Rep�blica
federal" apoyada "en el concepto nov�simo de las nacionalidades"
(1976, p�g. 320).

C) Uno de los libros m�s representativos de la izquierda
antifranquista sobre la "cuesti�n vasca", propon�a en 1976 "que se ha
de reconocer la soberan�a del pueblo vasco", pero, al mismo tiempo y
porque no participaba del independentismo entonces hegem�nico en el
nacionalismo vasco, se inclinaba, en sus relaciones con el resto de
"los pueblos" y con "los poderes centrales", a favor de una
-literalmente- "soberan�a compartida" (M. Escudero y J. Villanueva,
1976, p�g. 133).

Soberan�as pactadas resumen igualmente el esp�ritu -confederal- y la
letra de la famosa Declaraci�n de Barcelona de 1998. "De hecho",
puntualiza el autorizado int�rprete de la misma Xos� Manuel Beiras, la
"propia declaraci�n insiste en la necesidad de una nueva cultura
pol�tica para asumir el car�cter plurinacional del Estado". Ninguna
novedad para Beiras porque solamente es uno de "los grandes temas que
eran objeto de debate en el tardo-franquismo y la transici�n". Y que
hasta hoy han estado "durmiendo el sue�o de los justos" (El Pa�s, 2 de
agosto de 1998).

El verdadero asunto hereda toda esa cultura (la de Campi�n, Castelao y
el antifranquismo), unido todo a una situaci�n internacional y sus
efectos que la mayor�a del nacionalismo perif�rico ve como Beiras:
"�Qu� est� quedando del aparato central del Estado con el proceso
europeo?".

No hay quien apee a un nacionalista de hoy del siguiente razonamiento,
apoyado en sucesos como el nacimiento del euro: si el Estado cede
soberan�a hacia afuera, �por qu� no puede hacer concesiones hacia
dentro? �qu� es lo que lo impide? �que se llame a s� misma "soberan�a
�nica" y en realidad no lo sea? Herrero de Mi��n, que por algo es un
constitucionalista que sabe el valor cultural e integrador del
patrimonio hist�rico, delimita a la perfecci�n el n�cleo duro esta
conciencia: "la soberan�a compartida que nadie discute cuando se
comparte con Bruselas o Berl�n, m�s lejanos, sin duda, que Barcelona"
(El Pa�s, 3 de octubre de 1998).

Pese a que sea la "soberan�a" el meollo jur�dico de la contradicci�n
centro-periferia, los partidarios unilaterales del todo se sienten
mejor instalados -y llenos de rutina intelectual- en el reproche de
"etnicismo" y "racismo" a los nacionalismos de las partes. Santos
Juli� dice que estos nacionalismos buscan "una identidad propia no
tanto en la Constituci�n cuanto en una diferencia de lengua, de
cultura y hasta de raza" (El Pa�s, 3 de enero de 1998).

Es igual que Beiras explicase la Declaraci�n de Barcelona, en el mismo
peri�dico que Santos Juli�: "Buscamos otro reparto de poder, no el
separatismo". Porque el nacionalismo del todo se ve a s� mismo, como
escribe Santos Juli�, como una "identidad espa�ola forjada en la
democracia". Y a los dem�s de la periferia les endosa "lengua, cultura
y raza".

Cuando no se escucha absolutamente nada de raza, sino de las
soberan�as, en la insistente voz pol�tica de los tres nacionalismos
hist�ricos.

En verdad produce desaz�n que hasta entre los sectores m�s cultos de
la intelectualidad del todo se prefiera, seg�n criticaba Aza�a, el
"prejuicio" a la buena y veros�mil informaci�n. Pero ya se ha abundado
en la cr�tica de estos impedimentos culturales antiperif�ricos y es
ahora el momento de estudiar otros escollos no menos prominentes, que
habr�a igualmente que allanar para programar una arquitectura m�s
convincente del patriotismo constitucional espa�ol.

As�, otra de las dificultades de no peque�o tama�o para edificar una
identidad nacional de corte democr�tico, adem�s de las derivadas de la
ya tratada contradicci�n centro-periferia, tiene que ver tanto con el
presente geopol�tico de Espa�a -y su frontera magreb�- como con la
actitud nada positiva de su poblaci�n e intelectualidad ante la
cultura isl�mica.

La ciudadan�a espa�ola se siente europea y lo es de pleno derecho.
Tambi�n Am�rico Castro, pese a todos los intentos por presentarlo como
un exagerado narrador de las "esencias" isl�micas y hebreas, part�a en
sus an�lisis hist�ricos, como ya y en este escrito pudo verse, de la
ubicaci�n occidental y europea de la pen�nsula y de la comparaci�n,
nada infrecuente en don Am�rico, con Italia, Francia e Inglaterra. Eso
no era insalvable distancia para que Am�rico Castro, en una
interpretaci�n genial de nuestra historia cultural com�n, con un
ins�lito uso creador de las fuentes, rehabilitase una perspectiva
mud�jar (cristiana y sem�tica), proveniente de la mezclada permanencia
secular de lo moro y lo jud�o en nuestra sociedad. Una rectificaci�n
cultural que realzase y difundiese esos valores mud�jares, y diera a
conocer el fen�meno de los "cristianos nuevos" (as� como la acci�n
inquisitorial contra todo lo no cat�lico), quiz� no ser�a una varita
m�gica que curase el antiislamismo de esta sociedad espa�ola; pero,
siquiera sea entre nuestra juventud estudiosa, podr�a tener efectos
claramente ben�ficos. Posibilitar�a, seguramente, el ensanchamiento
del pluralismo cultural m�s all� de los angostos m�rgenes entre los
que actualmente vive la identidad nacional espa�ola.

Por otra parte, opina ahora Sami Na�r, es un elemento incuestionable
que hoy d�a "con el proceso de la mundializaci�n de la econom�a, la
soberan�a nacional y el estado nacional se encuentran en una situaci�n
nueva, y seguramente deber�n afrontar cuestiones totalmente
diferentes" (1998, pp. 226-237). Ante los inevitables movimientos
migratorios no es desmesurado pensar en "la posibilidad de un
desarrollo institucional y pol�tico del racismo y de la xenofobia".
Esto, hay que agregar, no es una especulaci�n, sino que se ha
manifestado incluso en ciudades que, como Lisboa, por su historia
multirracial parec�an perfectamente vacunadas contra los virus
xen�fobos. Ante este fen�meno tan importante, cree Sami Na�r que el
Estado espa�ol ha tratado el problema "de la inmigraci�n �nicamente
con el cierre de fronteras".

La manipuladora propaganda sobre la inmigraci�n es un serio
inconveniente para entenderla, porque las causantes de los males no
son las "mafias" (que se parecen sospechosamente a "los
intermediarios" de las �pocas de carest�a de los productos y bajos
salarios de la dictadura franquista o a los "estraperlistas" de la
posguerra). La causa es un subdesarrollo estructural del sur del
Mediterr�neo en el que tenemos nuestra cota de responsabilidad, como
anterior metr�poli colonial, y, m�s que nada, como europeos de actual
y pleno derecho. Aunque solamente fuera por nuestro gobierno de Ceuta
y Melilla en el norte africano, habr�a que comportarse de otro modo.
En esos ocho kil�metros y pico de frontera ceut�, que a Espa�a le toca
vigilar policialmente en el nuevo reparto de papeles europeo, se eleva
"la doble cerca de dos metros de altura, reforzada con alambrada de
p�as e instrumentos de detectaci�n sensibles al menor movimiento".
Nuevo muro -y no de Berl�n- que el Estado espa�ol vigila "d�a y noche
por c�maras de v�deo". La alambrada y dem�s artilugios, seg�n el
escritor Goytisolo, han sido financiados en un 75 por ciento por la
Uni�n Europea, y la obra es de un "coste superior a los 6.000 millones
de pesetas" (El Pa�s, 18 de julio de 1998). Vallas tambi�n erigidas en
Melilla con la ayuda del Ej�rcito espa�ol.

Nos hemos convertido, sin otras pol�ticas de m�s altas miras y de
largo alcance a cambio, en una avanzadilla de la Fortaleza Europea en
el norte de Africa. Seg�n repetidas indagaciones sociol�gicas, nuestra
sociedad se concibe como inequ�vocamente europea y, a un tiempo,
Marruecos es para nuestra colectividad nacional "el pa�s que peor
imagen tiene de los once que se pregunta" en las encuestas oficiales
(El Pa�s, 29 de agosto de 1997). Permanecen los "recelos ancestrales"
o el "miedo al moro" en la conciencia popular espa�ola. Junto a que la
cotidiana y falseadora difusi�n audiovisual de todo el Islam como un
colosal "fundamentalismo" es notoriamente nociva para un m�nimo
entendimiento racional de lo bereber y lo �rabe.

La izquierda cultural espa�ola, la literatura republicana y
antifascista, tambi�n ha participado del atavismo del "miedo al moro".
Como dan fe los carteles del Frente Popular en la guerra civil y, en
nuestros d�as, ciertas escenas de la pel�cula Libertarias de Vicente
Aranda. M�s all� del europeo "orientalismo" que, como moda
decimon�nica que fue, dej� huellas visibles en nuestra cultura (desde
la pintura de Fortuny a los escritos del alpujarre�o Alarc�n), raras
son las reflexiones desprejuiciadas sobre la vecindad mahometana del
sur. El aragon�s Sender, Max Aub y, sobre todo, La forja de un rebelde
de Arturo Barea, son excepcionales por su visi�n positiva de
bereberes, �rabes y hebreos del norte de Africa y su relaci�n -y
parentesco- con los espa�oles. Tanto como el viv�simo ejercicio
period�stico de investigaci�n de Manu Leguineche sobre la guerra del
Rif y el "desastre de Annual" (M. Leguineche, 1996).

Sin temor a exagerar, predomina en nuestra sociedad una cierta
mentalidad de Reconquista y de "cristiano viejo" ante la "langosta
africana" (y la �ltima expresi�n tan significativa pertenece al
historiador S�nchez Albornoz). En lo mejor de nuestro intelecto, y
valga para ello la lac�nica reflexi�n de Tom�s y Valiente en su
logrado Manual, se intuye que es importante el influjo del Islam
(pero, con todo realismo, se declara su general ignorancia en la
historia institucional espa�ola) (F. Tom�s y Valiente, 1983, pp.
132-133). La "lengua �rabe" no figura en los estudios de las "lenguas
cl�sicas" universitarias y los estudios ar�bigos no gozan precisamente
del fervor oficial, como lo ha criticado una y otra vez Juan
Goytisolo. Generaciones de juristas espa�oles nos formamos sin tener
noticia de Maim�nides y Averroes, que fueron sustitu�dos por San
Isidoro de Sevilla, el Concilio de Toledo, el C�digo de Eurico y Tom�s
de Aquino. Cuando todo y todos pod�an haber sido ense�ados
conjuntamente, a lo mud�jar. Se prefiri� antes "la guerra contra el
infiel" como versi�n "romano-can�nica o latino-eclesi�stica" de
nuestra Cultura jur�dica en sus or�genes que dar a conocer las
problem�ticas consecuencias de la separaci�n entre raz�n y fe, Dios y
los hombres, del averro�smo. Esto, como la supresi�n del erotismo de
nuestra literatura medieval, ten�a su l�gica cultural franquista,
nacionalcat�lica, pero ya no tiene justificaci�n alguna. Y si el
problema fuera el de la lengua y los documentos, la rectificaci�n
historiogr�fica deber�a de emprenderse en profundidad. Lo que ocurre
es que se entrelazan, en una especie de c�rculo fatal, la "memoria
hist�rica" dominada por la "contraposici�n entre el moro y el
cristiano" en el conjunto de la sociedad, las no banales deficiencias
intelectuales y universitarias, as� como las motivaciones
"geopol�ticas" que est�n a las puertas de Espa�a. En un contundente
art�culo de Gema Mart�n Mu�oz, profesora de Sociolog�a del Mundo Arabe
e Isl�mico, se encadenaba el negativo efecto en la imaginaci�n
espa�ola de la sostenida "guerra contra el moro" (desde las campa�as
de O�Donnell a la desastrosa guerra del Rif, pasando por las tropas
marroqu�es al servicio de Franco en 1936), junto con la "pol�tica
exterior espa�ola hasta los a�os ochenta" y la vivencia de la sociedad
espa�ola de conflictos reales como el pesquero en tanto que
"agresiones y amenazas" marroqu�es (sin detenerse en una m�nima
indagaci�n de las verdaderas causas y razones). El balance es bastante
inquietante: en la conciencia espa�ola, lo imaginado y lo real se
superponen y alimentan "de im�genes negativas la percepci�n que el
espa�ol tiene de su frontera meridional" (El Pa�s, 24 de agosto de
1998).

La estrategia de fondo habr�a de ser el "codesarrollo de las dos
orillas del Mediterr�neo" de Sami Na�r, en lugar de considerar el
Estrecho como la frontera inconmovible del sur espa�ol. Pero esta
necesidad pol�tica, imperiosa, no deber�a de tapar otros intentos
regeneradores culturales y jur�dicos.

Aseguran hoy los entendidos en las artes "medi�ticas" que la cr�tica,
que el ejercicio de la cr�tica, no es comercial. Que "comunican" mucho
mejor las consecuencias aplastantes que no dan lugar a discusi�n.
Contra esta dogm�tica corriente dominante, sin embargo y si un
resquicio de decoro jur�dico queda entre nosotros, habr� que
-siguiendo en esto a Javier de Lucas- "Invertir la pol�tica jur�dica".
Que combatir, por lo que toca a las gentes magreb�es y a toda la
inmigraci�n, la muy estatal "xenofobia institucionalizada". Nuestra
intelectualidad suele tener a flor de labios el ideal del
"universalismo" y del "cosmopolitismo" cuando se trata de arremeter
contra los derechos de las nacionalidades perif�ricas. Pero poco -o
nada- dice de la conducta jur�dica de Espa�a contra nuestros
inmigrantes del Magreb. Que, entre nosotros, carecen "de derecho a
tener derechos" en la conocida idea de Javier de Lucas y Sami Na�r.
Nosotros poseemos todo el cat�logo de los "derechos fundamentales" y a
los inmigrantes ilegales se les niega, por el tratamiento policial
establecido perversa y legalmente, el "derecho a la tutela judicial
efectiva" y, en virtud de la espa�ola ley 1/96, se les excluye de la
"asistencia letrada al detenido". Lo que est� ideado, escribe de
Lucas, en "flagrante violaci�n de lo dispuesto en el art�culo 24.2 de
la Constituci�n, que reconoce ese derecho b�sico a todos los seres
humanos" (Hika, n� 94 de 1998, pp. 23-27)

Las migraciones no afectan a un solo Estado sino a muchos; son un
elemento estructural del mundo contempor�neo y consustanciales a la
econom�a planetaria sin fronteras que se ha establecido. No valen de
nada, a medio plazo, las vallas ceut�es, el orden policial como �nico
remedio, o la variable demanda laboral del mercado, pues los
desplazamientos no son un fen�meno "provisional" y se van a
intensificar. Lo que ata�e muy directamente a las relaciones espa�olas
con la ya desplazada y creciente poblaci�n magreb�.

Ciertamente que hay otras pol�ticas jur�dicas menos obtusas y m�s
humanas que la que aplica Europa por boca de Espa�a. Y, con toda
seguridad, m�s rentables incluso econ�micamente. Pero no deja de
sobresaltar el riesgo de aumento del racismo, en particular de la
tradicional aversi�n "al moro", cuyos indicios en nuestra sociedad son
m�s que visibles. No para impedir, pues esto requerir�a otros cambios
en profundidad que no se ven, pero s� para atenuar o, sencillamente,
para rebelarse en leg�tima rebeli�n moral, no estar�a de m�s volver
los ojos a la reflexi�n cultural. Hacia el rescate del liberalismo
espa�ol que mejor supo asimilar las partes comunes y compartidas de un
mudejarismo bien entendido. El pasado por s� mismo nada soluciona,
pero un presente sin pasado -o con �ste mutilado- no crea m�s que
informidades y desgarros.

Del mismo modo que Aza�a nos demostr� que es posible un patriotismo
constitucional espa�ol de todo y partes, a condici�n de no enga�arse y
no dejarse llevar por los t�picos antiseparatistas, para lo que se
requiere un examen serio de nuestra historia e historiograf�a
constitucional, Benito P�rez Gald�s se acerc� a Marruecos con el �nimo
nada dogm�tico de estudiar a sus gentes y a lo que hubiera como
denominador com�n entre bereberes, �rabes, jud�os y cristianos.

Por contra, Benito P�rez Gald�s no ten�a ciertamente simpat�a a las
causas perif�ricas de Espa�a; no las entend�a podr�a decirse. Le
ocurr�a lo mismo que con las lenguas peninsulares distintas del
castellano o espa�ol como �l dir�a. Le parec�an desdichadas
imperfecciones, comunicadoras de acentos inconvenientes (el acento
catal�n cre�a que empa�aba la s�lida oratoria de Prim) o reliquias,
como la fabla aragonesa, que significaban para �l un parco desarrollo
en relaci�n con el riqu�simo idioma principal espa�ol. No estaba al
d�a europeo, pues hasta el Estado franc�s rectific� en la segunda
mitad del siglo XIX su pol�tica docente al potenciar el conocimiento
de los dialectos del patois. Con todo, P�rez Gald�s no dej� de verle
sentido al federalismo de la Primera Rep�blica, pero, dec�a uno de sus
personajes, adherido a que la "idea federal es hermosa", que dudaba
"pueda implantarla de una manera positiva y duradera un pueblo que
ayer, como quien dice, ha roto el cascar�n del absolutismo". No es
suficiente para consolidar "este bello r�gimen un pa�s que hasta hace
cuatro d�as no ha conocido la libertad". La falta de educaci�n
racional de las pasiones populares contenidas no es el menor de los
inconvenientes, pero tambi�n juegan en favor de la uni�n desp�tica "el
Catolicismo y eso que llam�is el Papado", junto a "las viejas rutinas
mon�rquicas", la sociedad "amamantada con la leche de la unidad" y los
poderosos detentadores de "enormes intereses inseparables de estas
abrumadoras m�quinas sociales" (B. P�rez Gald�s, 1974, tomo IV, pp.
698-671).

Podr�a decirse que P�rez Gald�s era "unitarista" (en el cr�tico l�xico
de Aza�a), pero que le parec�a una horrible senda espa�ola la de la
uni�n forzada por la religi�n obligatoria, la coacci�n de las
autoridades, la ignorancia pol�tica colectiva y la inercia cultural.
De todas maneras, si un valor constitucional sobresale por encima de
todos en el pensamiento galdosiano es, sin duda, el de la igualdad. De
mujeres libres en una sociedad sin libertad, que eligen con
inteligencia lo que estiman conveniente y pasan por encima de una
religiosidad mal entendida y del espa�ol�simo "qu� dir�n de las
gentes". Pero Gald�s postula as� mismo la igualdad de todos los seres
humanos. Esa idea transpira por los poros de todo el cuerpo de su
convincente Episodio Aita Tettauen, escrito a prop�sito de la guerra
colonial africana de O�Donnell y Prim y la toma de Tetu�n. Gald�s, lo
estudia Juan Goytisolo, hab�a investigado con seriedad las fuentes
culturales �rabes y contaba con "el asesoramiento literario y
ling��stico de Ricardo Ruiz Orsatti" (J. Goytisolo, 1998, pp. 70-82).

No le agradaba a Gald�s el patriotismo de m�sica militar, a lo Imperio
franc�s de Luis Bonaparte y Eugenia de Montijo, con el que Espa�a
hab�a emprendido la campa�a de Marruecos, a trav�s de la acci�n de
O�Donnell y Prim como espadones figurantes. Ni el proyecto de "Reino
de Espa�a con los extremos de los dos continentes", porque eso no eran
dos orillas mediterr�neas sino un �nico Reino colonial espa�ol. La
guerra aparece sin los compases de la sinfon�a del hero�smo, en toda
su inhumana crudeza y crueldad; en forma de alaridos de uno y otro
bando que tan poco se diferenciaban entre s�. El mismo valor, pero
tambi�n la misma fiereza, est�n sim�tricamente repartidos entre los
combatientes bereberes y espa�oles. Fuera de las trincheras, los
personajes norteafricanos de Gald�s hablan galantes en sefard� de
Marruecos, son "jud�os agarenos" o "muslimes cristianizados" y
"cristianos semitas", dentro de las convergencias consuetudinarias
entre los seres part�cipes de las religiones "del libro". De las tres
religiones, la peor librada es la cat�lica por exigir -es algo
reiterado en las novelas de Gald�s- el antinatural celibato de sus
ministros. Para Gald�s (como luego para Arturo Barea) el amor rife�o
no para mientes en las cuestiones teol�gicas y un espa�ol protagonista
(y desertor de la guerra) conoce sucesivamente las peculiaridades del
noviazgo isl�mico y hebreo. A Gald�s le parece menos fan�tico el Islam
marroqu� en su permisiva actitud hacia el cristianismo que la Iglesia
cat�lica espa�ola, que resulta demasiado cerrada por su puesta en
pr�ctica de la noci�n de "verdad". No es que los hebreos -o los
musulmanes- de Gald�s no piensen que la "verdad" es la suya (y ese
defecto lo achaca a las tres religiones). Pero ve un mayor sentido
pragm�tico en los jud�os, y m�s humanos consentimientos en los
musulmanes hacia otras religiones, que en la poco humana postura
institucional de la Iglesia cat�lica y sus r�gidas exigencias hacia
sus ministros y fieles.

Pero, por encima de todo, emerge el mudejarismo de Gald�s que le
conduce a afirmar que los bereberes no son otra cosa que "espa�oles
islamizados". Que no vale la pena en esta vida asesinarse en una
guerra "por el viceversa de qu�tate t� Alcor�n, para ponerme yo,
Evangelio" (B. P�rez Gald�s, 1974, tomo III, pp. 1062-1068).

�Qu� no dir�a hoy esa conciencia galdosiana de los apoyos b�licos de
Espa�a a EE.UU contra Irak, de su antiisl�mico proceder
propagand�stico y de los miles de v�ctimas civiles inocentes de esa
tan irracional conflagraci�n?

Un esp�ritu liberal e igualitario como el de P�rez Gald�s podr�a ser
una buena ayuda para convencernos de un patriotismo constitucional
espa�ol apoyado en unos derechos humanos para todos los seres humanos;
un patriotismo constitucional de derechos fundamentales para todo el
mundo, universalista de veras, que no buscase su conf�n hip�crita y
excluyente mediante ese nuevo -y nada piadoso- muro que es el de Ceuta
y Melilla.



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publicat a Cuadernos Electr�nicos de Filosofia del Derecho, n�m. 2,
mar� del 1999 ***





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